La posibilidad de una verdadera transformación social-ecológica en América Latina se enfrenta a bloqueos externos e internos. La región arrastra muchos años de violencia estructural, niveles de desigualdad que se ubican entre los más altos del mundo, una inserción subordinada en la globalización y elites locales poco receptivas a cambios sociales en favor de la […]
La posibilidad de una verdadera transformación social-ecológica en América Latina se enfrenta a bloqueos externos e internos. La región arrastra muchos años de violencia estructural, niveles de desigualdad que se ubican entre los más altos del mundo, una inserción subordinada en la globalización y elites locales poco receptivas a cambios sociales en favor de la igualdad y de nuevos enfoques sobre el desarrollo. No obstante, la transformación social-ecológica puede funcionar como una utopía moderna que marque el camino hacia nuevas formas de ciudadanía y bienestar.
El continente americano está marcado por una historia de conquista y exterminio en pos de la apropiación de tierras y riquezas. No sorprende que, con la sola excepción de Canadá, las Américas ostenten estadísticas aterradoras de violencia directa, junto a un cuadro de profundas y persistentes desigualdades económicas y sociales1. La violencia se manifiesta de diferentes y múltiples formas. La violencia personal, medida por el número de homicidios intencionales, es quizás la más evidente y trágica, porque expone la falta de compromiso de los Estados nacionales con la protección del derecho humano más básico, que es el derecho a la vida2. Pero otros tipos de violencia están presentes en el cotidiano de las sociedades americanas, derivada de las estructuras económicas y de poder, con dimensiones de clase, raza, género y etnia.
En el caso particular de América Latina, la violencia estructural del modelo económico y de poder reproduce patrones de desigualdad, por medio de instituciones y mecanismos forjados a lo largo de la historia de la región que impiden a hombres y mujeres ejercer sus derechos humanos y ciudadanos. Las mismas prácticas de dominación de las elites locales se manifiestan en su consumo ostentoso que agota la biodiversidad, en la gestión criminal de los desechos de las actividades económicas y, en general, en el menosprecio por la vida humana y animal y por la sostenibilidad del planeta.
Sin embargo, a la violencia estructural se suma la violencia personal contrainsurreccional. Cabe mencionar que, en las últimas décadas, sobre todo en países como Bolivia, Colombia, Ecuador, México y Perú, las poblaciones originarias y residentes se organizaron en movimientos de resistencia contra la apropiación de reservas minerales en sus tierras por parte de empresas locales y extranjeras. Desafortunadamente, desde México hasta la Patagonia, pasando por los campos de Brasil, se acumulan los asesinatos de activistas campesinos e indígenas a manos de terratenientes y sus esbirros o de comisionados de la minería legal e ilegal, cuyos responsables permanecen impunes3.
¿Cómo lograr que sociedades tan desiguales y excluyentes generen espacios de libertad para que cada ciudadana y cada ciudadano pueda ejercer su derecho a la búsqueda del «buen vivir», cuando el propio concepto de ciudadanía está vacío de contenido en la mayor parte de los países de la región? No se puede decir que las condiciones internas y externas de los países latinoamericanos sean favorables para llevar a cabo un proyecto que se asienta en la centralidad de la vida humana y no humana, y de lo que sea necesario para que todos y todas puedan vivir sus vidas con alegría.
La transformación social-ecológica de América Latina es una utopía moderna que se contrapone a los modelos culturales difundidos por el capitalismo financiero global. Tiene como objetivo la construcción de sociedades más equitativas en el acceso a los frutos de la modernidad, que incluyen el bienestar material, la participación ciudadana y el libre ejercicio de amplios derechos humanos. La meta es alcanzar sociedades incluyentes y, al mismo tiempo, sociedades más solidarias y comprometidas con la utilización responsable de los recursos naturales y energía, dentro de los límites del planeta4.
El escenario internacional actual es complejo, inestable y de gran desasosiego. El mundo del siglo xxi , que los sociólogos describen como modernidad madura o tardía, de incertidumbre manufacturada y desastres globales esporádicos con obligaciones difusas, está evolucionando en un marco de agudas y crecientes desigualdades y en medio de severas crisis financieras, ecológicas, sociales y culturales. Los noticieros de todos los días ponen de manifiesto que el capitalismo global y criminal engendra sociedades excluyentes y el desmantelamiento de la ciudadanía social5. La enorme concentración de la riqueza y del poder entre pocos y la apropiación privada de bienes comunes, como el agua, el conocimiento y la biodiversidad del planeta, al tiempo que se expanden el desempleo y la precarización del trabajo, desafían la legitimidad de las instituciones políticas y el Estado democrático.
En este ensayo, trataré de presentar algunas reflexiones acerca de las restricciones externas e internas en los países de América Latina para una transformación social-ecológica, principalmente en un momento en que el progresismo se ha estancado en la región. En la próxima sección, se propone el concepto de violencia estructural para sintetizar el contexto de extrema violencia y de inseguridad generado por el capitalismo global en sus configuraciones contemporáneas. La sección que sigue se concentra en las restricciones sociopolíticas y económicas internas de los países latinoamericanos, en los cuales la violencia estructural asume características históricas propias. La última sección introduce algunos comentarios finales acerca de los desafíos para la construcción de modelos alternativos al sistema excluyente en vigor.
El escenario internacional
La literatura de antropología social rescató el concepto de violencia estructural planteado a fines de la década de 1960 por el sociólogo noruego Johan Galtung en sus estudios sobre la paz, para dar cuenta de la maquinaria de dominación y opresión que incide en el cotidiano de las personas. El fundamento de la violencia estructural es la desigualdad en la apropiación de los recursos materiales, que viene apareada con la desigualdad en el poder para distribuir esos mismos recursos en la sociedad local y global. La noción de «violaciones estructurales de los derechos humanos» también pasó a ser de uso corriente para distinguir violaciones explícitas, como las torturas en las cárceles de Guantánamo, de las violaciones de los derechos económicos y sociales de niños hambrientos y de personas en situaciones de miseria indigna. Mientras es posible identificar a los culpables por las torturas en Guantánamo, el hambre o la miseria son crímenes de responsabilidad difusa6.
La violencia estructural es un conjunto de condiciones sociales que incluyen pobreza, enfermedades, hambre y malnutrición, bajos niveles de condiciones sanitarias y de salud, muerte prematura, elevada mortalidad infantil, analfabetismo, desempleo, polución, miseria y depauperación, que privan a las personas del «derecho a tener derechos»7. La violencia estructural es una violencia inherente a estructuras sociales que crean y reproducen desigualdades8. Esas estructuras de poder generan disparidades entre el nivel potencial de bienestar que la modernidad permite disfrutar y el nivel efectivamente disfrutado por las poblaciones, y también impiden que las brechas disminuyan a lo largo del tiempo9.
La violencia asume diferentes formas y se presenta como un continuo que incluye desde el ataque directo a la integridad física de las personas hasta la violencia estructural en las relaciones de poder10. Una sociedad en la que las personas no pueden ejercer sus derechos básicos es una sociedad violenta, aunque en ella exista un nivel relativamente bajo de violencia personal. Sin embargo, la violencia estructural manifiesta presupone un grado latente de violencia personal, porque los sistemas defienden sus estructuras con políticas represivas y de control social11.
A la luz de esos conceptos, se puede decir que el contexto externo en el cual se inserta América Latina es un escenario de notoria violencia. La divergencia entre la capacidad potencial de las naciones para satisfacer las necesidades básicas de sus poblaciones y las insuficiencias concretas que esas poblaciones enfrentan constituye una prueba de la violencia estructural del sistema económico y de poder, porque esas brechas no se justifican dado el nivel de riqueza y de conocimiento científico y tecnológico acumulado por nuestra civilización.
Además, asistimos a la «banalización de la violencia» personal y promovida por el Estado, para citar otra vez a Arendt, con la destrucción de ciudades y países en guerras no declaradas en Afganistán, Iraq, Libia y Siria, entre decenas de otros países; la aceptación de la tortura como instrumento de coerción y la autorización abierta de asesinatos por Estados democráticos y de derecho, como en las guerras en los países mencionados; la expulsión de decenas de millones de personas de sus casas y países, condenadas a la pobreza en masa; las muertes prevenibles de los refugiados en el mar y en centros de concentración; formas horrendas de asesinato en masa de civiles en Europa, Estados Unidos, África y Oriente Medio, por parte de fanáticos religiosos, ellos mismos alimentados de las manos de los señores de la guerra.
No se trata de simplificar la problemática de la violencia, que es compleja en sus heterogéneas manifestaciones individuales y colectivas. Tampoco se puede afirmar que el tiempo que estamos viviendo sea más violento que otro anterior. Posiblemente, lo que no tiene precedentes es la nueva visibilidad de la extrema violencia a través de los medios de difusión, y la capacidad que ellos tienen de transformar la violencia en un show12. Por otra parte, en las últimas décadas, en las sociedades más ricas de toda la historia de la humanidad, asistimos al continuo proceso de derogación de derechos que se creían permanentes, como el derecho al trabajo, a la salud o a la protección en la edad avanzada, mientras se transfiere al mercado el suministro de servicios anteriormente definidos como bienes públicos.
No pretendo reiterar los amplios y conocidos datos sobre los niveles de concentración de riqueza, ingreso y poder global entre muy pocos. Me gustaría solamente mencionar que el último informe de la consultora pwc identificó que, en 2016, un grupo de solamente 1.542 personas acumuló una riqueza total de seis billones de dólares13. Por una irónica coincidencia, los seis billones de dólares equivalen al pib total de América Latina en 2014, antes de la crisis actual (el pib latinoamericano en 2016 bajó a 5,2 billones), según datos del Banco Mundial14. De un lado, 1.542 personas, del otro lado, los casi 600 millones que viven en la región también en condiciones de intolerables disparidades sociales y de poder15.
Vivimos en un planeta habitado por 7.400 millones de personas intensa y extensamente conectadas por circuitos de bienes, servicios e ideas. En sociedades de masas, las vidas de hombres y mujeres en las más diferentes regiones del planeta están entrelazadas por una red de interdependencias complejas, desequilibradas y asimétricas16. En el contexto de la convergencia mundial hacia un patrón de producción y consumo totalmente incompatible con la dotación de recursos del planeta, las discrepancias entre las aspiraciones al consumo inducidas por los medios de comunicación y las posibilidades reales de las poblaciones de los países más pobres de concretar sus deseos se suman a otros factores que alimentan la violencia interpersonal.
En una sociedad mundial extremadamente desigual en la distribución de las riquezas y del poder, las consecuencias negativas de la interdependencia global son impuestas a grupos sociales, sociedades y regiones que no se beneficiaron del progreso económico y tampoco contribuyeron a los daños derivados de ese mismo progreso. El cambio climático es un ejemplo significativo de procesos colectivos de larga duración cuyas consecuencias son distribuidas de forma indiscriminada entre regiones, personas y grupos de personas, con independencia de la forma e intensidad de su contribución al resultado colectivo. Al mismo tiempo, esas regiones, personas y grupos de personas tienen diferentes condiciones para resistir a los efectos del cambio climático, y condiciones muy desiguales para adaptarse en poco tiempo a los efectos trágicos de sequías, huracanes, inundaciones o incendios que resultan del aumento de la temperatura de la Tierra, como fue constatado en catástrofes similares con resultados contrastantes en Houston, Texas y Puerto Rico. De la misma manera, las acciones de empresas e inversionistas en territorios que no son los suyos afectan la salud, los empleos y la vida de las personas. La dificultad para establecer responsabilidades legales por los daños consecuentes facilita la impunidad de los crímenes de la globalización, como se observó en los acontecimientos que llevaron a la crisis financiera de 2008-2009.
La vida económica global expone el protagonismo de las corporaciones financieras y no financieras en el comercio legal de bienes y servicios, pero también directa o indirectamente en el mercado negro de drogas y armas y el tráfico de personas, que tienen efectos trágicos tanto en países centrales consumidores de drogas y productores de armas, como en los países latinoamericanos productores de drogas y consumidores de armas. El dinero de las acciones formalmente criminales, como el del tráfico de la droga, es blanqueado por bancos y sociedades financieras respetables y, una vez legalizado, vuelve a financiar las actividades legales de los capitalistas criminales17.
La violencia indirecta de las estructuras de poder, inherente al capitalismo global, se suma a la violencia directa como consecuencia de su naturaleza criminal, que se manifiesta en el trabajo esclavo o semiesclavo de niños, niñas, mujeres y hombres en las plantaciones de cacao en la Costa de Marfil, en la cosecha de tomates en el sur de Italia, en las fábricas textiles y electrónicas en Asia y otras partes del Sur global18, entre miles de casos similares19. Diferentes instrumentos de coerción y de inseguridad de masas son utilizadas por grandes empresas extractivas para impedir la generación de movimientos colectivos de protesta en África y América Latina, como es documentado en forma diaria por el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos y por diversas organizaciones no gubernamentales (ong)20.
Las marcas globales, como mostró Naomi Klein, esconden las condiciones siniestras de trabajo en que son producidos sus artículos, «lugares donde las marcas no existen»21. Así se ha descubierto que el origen de las zapatillas Nike son los inicuos talleres de Vietnam; el de las ropitas de la muñeca Barbie, el trabajo de los niños de Sumatra; el de los cafés capuchinos de Starbucks, los cafetales ardientes de Guatemala, y el del petróleo de Shell, las miserables aldeas del delta del Níger. La lista de las infamias del capitalismo global podría seguir por varias páginas. Es importante no perder de vista que esas prácticas de violencia están integradas en el contexto de las relaciones estructurales de dominación social del capitalismo, para encontrar formas renovadas de lucha y resistencia.
El capitalismo encierra en sí una historia de violencia sistemática contra la naturaleza, que está presente en la forma en que empresarios y sus corporaciones se relacionan con el medio ambiente, y la desestima, en sus actividades, por la capacidad limitada del planeta para renovar sus recursos y recibir los desechos producidos por los humanos (la tragedia de 2015 en Mariana, Minas Gerais, es un ejemplo). Como consecuencia del desarrollo industrial capitalista, estamos rodeados por un mundo manufacturado, un mundo fabricado por el ser humano mediante métodos de producción masiva que, por la escala del uso de los recursos naturales, tienen efectos dañinos en la naturaleza y en el planeta. Todos los objetos y servicios que utilizamos en el cotidiano son productos de un sistema industrial amplio y complejo, que depende del trabajo de hombres y mujeres con variadas calificaciones, repartidos por todo el mundo, apoyados en su actividad por máquinas cada vez más perfeccionadas, que en algún momento los van a reemplazar en sus tareas22.
Restricciones internas
A lo largo de la historia del continente americano, los recursos naturales fueron utilizados de forma intensiva para la producción de riquezas, primero por los colonizadores, después por las elites locales. Desde el oro, la plata y otros minerales preciosos, pasando por el monocultivo del «desayuno» (café, cacao, azúcar), los recursos naturales y la forma de servirse de ellos definieron la estructura social, de poder y de exclusión, que constituyó el elemento en común entre las disímiles sociedades latinoamericanas. Los recursos naturales y su explotación han representado una maldición para la mayoría de los pueblos de América Latina, en la misma medida en que han sido una bendición para las elites sociales y políticas latinoamericanas.
En la región, la trama de relaciones sociales y los juegos de las fuerzas político-económicas fueron y siguen siendo una fábrica de violencia. Se trata de una violencia estructurante, constitutiva, extremadamente compleja en sus dimensiones político-económicas, socioculturales, objetivas y subjetivas. Por medio de prácticas de violencia se ordenan y se modifican las relaciones entre los dueños del poder y los sectores sociales subordinados, entre los gobiernos y la población, entre las elites dominantes y las masas anónimas. Como sugirió el sociólogo brasileño Octavio Ianni, la violencia que nace como técnica de poder «se ejercita también como modo de preservar, ampliar o conquistar la propiedad»23. En la sociedad patriarcal y patrimonial latinoamericana, la negación de los derechos primordiales al conjunto de la población es la herencia de naciones forjadas por la esclavitud, el trabajo servil y la explotación absoluta del trabajo de hombres, mujeres, niños y niñas para la extracción de rentas.
Como consecuencia, las sociedades latinoamericanas enfrentan las contradicciones de la modernidad contemporánea junto a las paradojas de su propia historia. La modernidad se refiere a modos de la vida social que los pueblos latinoamericanos conocieron como proyectos «modernizadores» impuestos desde arriba y que, lejos de desafiar el orden patrimonial excluyente, reprodujeron la estructura de poder y ampliaron las desigualdades económicas y sociales reinantes. Para la construcción del modelo industrial-moderno, miles de campesinos fueron expulsados de sus medios de subsistencia y de las tierras que sembraban, que consideraban como suyas, para ser transformados en seres inútiles y miserables en las ciudades24.Una modernidad de apariencia, de repúblicas sin instituciones republicanas, de naciones sin ciudadanos, constituyó un proceso «modernizador» que genera, desarrolla y perfecciona las más sorprendentes modalidades de violencia, al reproducir las mismas estructuras sociales excluyentes bajo el poder de oligarquías «modernas». Es un proceso histórico que no ha sido lineal y que no adopta las mismas características en todos los países de la región, porque ha sido mediado por las instituciones políticas y del Estado y desafiado por movimientos sociales de emancipación. Asimismo, las manifestaciones y modulaciones de la violencia están marcadas por las relaciones, los procesos y las estructuras de dominación política y apropiación económica que corresponden al capitalismo en sus configuraciones específicas.
Cabe señalar que, para muchos historiadores, la modernidad empieza con la construcción de las fronteras entre dos esferas de la vida social, una pública y otra privada. Los términos son utilizados para diferenciar descriptivamente o normativamente dos dominios distintos en los cuales tienen lugar las acciones y la vida social25. El tema es vasto y no será desarrollado en este espacio. Vale mencionar que, al contrario del legado de la modernidad, en la mayoría de los países latinoamericanos y a lo largo de gran parte de su historia, el Estado no actúa para garantizar los derechos de los ciudadanos, en tanto la justicia está fuera del alcance de las personas comunes porque es cara, lenta, no confiable, parcial, corrupta, frágil o simplemente ausente.
En la mayor parte de las sociedades latinoamericanas, las fronteras entre las esferas privada y pública aún son muy tenues. El Estado, el dominio público, es percibido por las clases dominantes como una ampliación de su círculo familiar, el privado, sin discontinuidades u oposiciones, lo que justifica sus prácticas predadoras y la búsqueda de beneficios personales utilizando recursos públicos. La cultura del compadrazgo sienta las bases para una tolerancia de la corrupción y la privatización del poder político por parte de los que disfrutan el poder patrimonial y los cargos.
Sin duda, la «modernidad» es un proceso que incluye combinaciones históricamente construidas por elementos tradicionales y modernos con sus propias tensiones y potencialidades, y América Latina no es la excepción. Las elites latinoamericanas se caracterizan por un comportamiento de obtención de rentas monopólicas derivadas de la explotación tanto de los recursos naturales como de la producción de bienes manufacturados protegidos de la competencia externa, capturando el Estado para sus intereses personales o corporativos.
Las clases dirigentes latinoamericanas constituyen el mayor obstáculo a una transformación social-ecológica en América Latina, aunque ellas hayan jugado un rol estratégico en el desarrollo de sus países cuando sus objetivos autocentrados coincidieron con los intereses colectivos. Esas elites son un obstáculo para movimientos hacia sociedades más incluyentes y sostenibles, no porque rechacen el progreso o la innovación tecnológica, como suponía la sociología norteamericana de mediados del siglo pasado. Son un obstáculo porque no tienen compromiso con proyectos colectivos o con las sociedades de sus países, ni están dispuestas a retroceder en sus privilegios para permitir la extensión de los beneficios de la modernidad a toda la sociedad. Sociedades tan desiguales como las latinoamericanas tienden a reproducir instituciones comprometidas con la consolidación de las mismas desigualdades.
Como sugirió Alice Amsden, los cambios en el régimen de derechos de propiedad, o sea, los cambios institucionales, fueron fundamentales en las estrategias de desarrollo de los diferentes países26. Sin embargo, las discontinuidades en el régimen de derechos de propiedad, como en el caso de reformas agrarias, casi siempre sucedieron contra la voluntad de los señores de la tierra, por medios violentos, como en la Revolución Cubana, o por imposición de fuerzas externas, como ocurrió en Japón y en la República de la Corea en la posguerra por exigencia de eeuu . Las instituciones existentes no solo influyen en los cambios institucionales y su dirección, sino que además tienen fuerte inercia y esto contribuye a la permanencia de instituciones ineficientes o injustas.
Los intereses de las elites latinoamericanas, cuyo poder económico y político proviene del agronegocio, del extractivismo, de la banca, de las sociedades de inversión, pero también de industrias de bienes y servicios intensivas en conocimiento, están intrínsecamente articulados con los del capital externo y los del capitalismo global, sin discontinuidad. Esas elites tienden a reforzar las instituciones políticas y económicas existentes, las mismas que se contraponen a los cambios institucionales que son necesarios para una transformación social-ecológica en América Latina.
Actualmente, el panorama es más difícil por el agotamiento del ciclo de gobiernos progresistas, comprometidos con la reducción de la deuda social y con la promoción de un desarrollo económico más inclusivo en los países de la región, después de casi dos décadas. Un conjunto de factores, entre los cuales se incluyen el desplome de los precios de los productos básicos (commodities) y la organización internacional de las fuerzas conservadoras en América Latina, precipitó la caída de esos movimientos. A pesar del progresismo social, es insuficiente el saldo de los cambios estructurales promovidos por los mismos gobiernos progresistas, puesto que se mantuvo la dependencia de las economías del modelo extractivista y del capitalismo financiero global, en una política de alianza con las clases dominantes locales.
De cualquier forma, fue más por los aciertos que por los errores que los líderes populares fueron reemplazados por políticos decididos al retroceso de las economías y de las sociedades latinoamericanas hacia un statu quo ante, por el voto, en Argentina, o por golpes parlamentarios en Brasil, Honduras y Paraguay27. En Brasil, políticos, burócratas y un nuevo aparato policial-judicial, sostenidos por las elites terratenientes, financieras y corporativas, pero también por segmentos medios de la población, se apoderaron del poder para estancar el impulso distributivo y la agenda progresista, dispuestos a destruir el patrimonio nacional construido a lo largo de décadas y vendido en subasta, contrarios a una política externa más independiente y a la construcción de instituciones democráticas. Las elites locales no vacilaron ante los costos sociales del desempleo, el corte de programas sociales, el aumento de la pobreza extrema, los desastres medioambientales y el regreso del hambre.
Consideraciones finales
Arendt observó que las libertades individuales y sociales solamente adquirieron la condición de derechos naturales, inalienables y no confiscables y pasaron a tener un rol revolucionario cuando en la era moderna, y no antes, los hombres (porque las mujeres no eran reconocidas como actores históricos) empezaron a dudar de que la pobreza fuese inherente a la condición humana. Esa duda fue reemplazada por la convicción de que la vida en la Tierra podría tener la bendición de la abundancia, en vez de ser maldecida por la escasez28. Esos valores llegaron muy tarde a América Latina, que se modernizó sin haber asimilado los ideales de igualdad, razón y ciudadanía, porque estos entraban en contradicción con la forma de operar de las sociedades patrimoniales, tradicionales y excluyentes.
Hoy más que nunca, en tiempos neoliberales pero de ideas antiliberales, es necesario retomar y reforzar los ideales de tolerancia, fraternidad, libertad, e igualdad de los pensadores de la Ilustración, para impedir que el miedo al otro y el recurso a la irracionalidad se expresen en manifestaciones de violencia racistas, clasistas y sexistas. La modernidad no es un concepto fácil de definir. Tiene variados significados, y las interpretaciones de su contenido se multiplicaron a lo largo de las últimas décadas. En palabras de Bolívar Echeverría29, uno de los autores latinoamericanos críticos de la interpretación eurocéntrica de la modernidad: «Unos más, otros menos, todos, querámoslo o no, somos ya modernos o nos estamos haciendo modernos, permanentemente». Más allá de sus contradicciones, la modernidad encierra conceptos que permitieron a una parte de la humanidad pensar críticamente la historia individual y colectiva y convencerse de que era posible transformarla. Por su aspiración a la construcción de un cambio social que contribuya a la autonomía individual y colectiva, la transformación social-ecológica se inscribe en la tradición filosófica de la modernidad30.
Es incuestionable que el orden capitalista global crea incluidos y excluidos, establecidos y foráneos (outsiders), integrados y marginados. Por una parte, están las regiones dominantes, las ciudades globales y los actores cosmopolitas que disfrutan las oportunidades abiertas y la movilidad ampliada por las grandes innovaciones científicas y tecnológicas, y que tienen acceso a la variedad de bienes y servicios facilitados por la globalización de los mercados y la financierización de la economía. En el otro extremo, están los actores sociales que contribuyen a los bajos precios de los bienes y servicios disponibles para los consumidores globales con su trabajo no pagado o mal pagado. Están también los excluidos de la modernidad y de la globalización, aun en las regiones líderes: son los desempleados crónicos, el «precariado», los nuevos pobres, los jóvenes ni-ni (ni trabajan ni estudian), los inmigrantes, los refugiados políticos y económicos, los delincuentes y los presos comunes, entre otros marginados31.
La transformación social-ecológica conlleva una utopía: una sociedad más justa y más responsable con el planeta, que elija la centralidad de la vida y del «buen vivir» como eje orientador. Las condiciones internas y externas son poco propicias, pero aún permiten diferentes lecturas. Es importante reconocer que los productos del desarrollo científico y tecnológico y de la razón humana posibilitan que cada quien viva una vida plena, con respeto a la diversidad cultural y biológica del planeta. Empero, la forma de apropiación y el uso de esos bienes y servicios por el capitalismo global y los dueños del poder tienen que ser enfrentados por la sociedad civil organizada en cada país y globalmente. Sin esa batalla, podemos estar construyendo una sociedad distópica, en la que el trabajo de la mayor parte de las personas se convierta en redundante, los ingresos derivados del trabajo se degraden y se profundice la fractura entre los pocos que se adueñan de todo y el resto de la humanidad, condenado a sobrevivir al margen de la abundancia. O bien, podemos caminar hacia una sociedad en la que las máquinas reemplazarán a los seres humanos en las actividades más rudas, monótonas y peligrosas, y las personas llegarán finalmente a no tener que trabajar para vivir frugalmente y deberán pensar, como lo planteaba John Maynard Keynes hace casi 90 años, cómo utilizar su tiempo libre para desarrollar el potencial creativo de cada uno y construir una sociedad más igualitaria, más solidaria y más cuidadosa con el planeta.
Notas:
1. Sin embargo, Canadá comparte con el resto de América una historia de pactos no respetados con las poblaciones originarias, prácticas de genocidio, asimilación forzosa, colonización y robo de tierras. Todavía no se respeta el compromiso de consulta a las poblaciones residentes antes de conceder licencia a una inversión minera. Ashifa Kassam: «Canada Celebrates 150 but Indigenous Groups Say History is Being ‘Skated Over'» en The Guardian, 27/6/2017; Mali Ilse Paquin: «Unsolved Murders of Indigenous Women Reflect Canada’s History of Silence» en The Guardian, 25/7/2015.
2. En 2012, los homicidios perpetrados en América (157.000) representaron cerca de 36% del total mundial (437.000), aunque la población del continente alcance poco más de 13% de la población mundial. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (unodc): Estudio mundial sobre el homicidio 2013. Resumen ejecutivo, Naciones Unidas, Viena, 2013.
3. V. el sitio «The Defenders» en el periódico inglés The Guardian, que lleva un inventario de los asesinatos de defensores de la tierra, disponible en www.theguardian.com/environment/series/the-defenders.
4. Se trata de un enfoque propuesto por el proyecto regional Transformación Social-Ecológica de la Fundación Friedrich Ebert (fes). Este artículo está basado, en parte, en un trabajo mucho más largo, preparado en el contexto del grupo de trabajo de este proyecto regional.
5. El concepto es de Thomas Marshall en su obra Ciudadanía y clase social [1950] (Alianza, Madrid, 2007) y fue retomado por Étienne Balibar en «¿De la victoria del capitalismo a la derrota de la democracia?», entrevista de Marc Verzeroli y Olivier de France en Nueva Sociedad No 271, 9-10/2017, disponible en www.nuso.org.
6. Kathleen Ho: «Structural Violence as a Human Rights Violation» en Essex Human Rights Review vol. 4 No 2, 9/2007.
7. Hannah Arendt: Los orígenes del totalitarismo, Alianza, Madrid, 2006. Para Galtung, un orden social se define como pacífico si en él la violencia está ausente. J. Galtung: «Violence, Peace, and Peace Research» en Journal of Peace Research vol. 6 No 3, 1969, p. 168.
8. Galtung diferencia entre violencia personal/directa y violencia estructural/indirecta: «cuando un marido golpea a su esposa es un claro caso de violencia personal, pero cuando un millón de maridos mantienen a sus esposas en estado de ignorancia, se trata de violencia estructural». J. Galtung: ob. cit., p. 171.
9. J. Galtung: ob. cit. Esa definición tiene similitud con la definición de desarrollo como libertad de Amartya Sen. Ver A. Sen: Desarrollo y libertad, Planeta, Buenos Aires, 2000.
10. Paul Farmer: «An Anthropology of Structural Violence» en Current Anthropology vol. 45 No 3, 6/2004.
11. J. Galtung: ob. cit.
12. E. Balibar: «Outlines of a Topography of Cruelty: Citizenship and Civility in the Era of Global Violence» en Constellations vol. 8 No 1, 2001.
13. pwc y ubs: «New Value Creators Gain Momentum: Billionaires Insights 2017», pwc / ubs, 2017.
14. V. los datos en Banco Mundial Datos, https://datos.bancomundial.org/region/america-latina-y-el-caribe.
15. Entre 1995 y 2016, el número de súper ricos ha aumentado, así como su riqueza, que pasó de uno a seis billones. pwc y ubs: ob. cit.
16. La sociedad de masas ha sido caracterizada por su tamaño, como formaciones sociales heterogéneas e indiferenciadas que se prestan a la manipulación y el control por las elites políticas, económicas, e intelectuales, es decir, por los que dan forma y configuran la cultura en las diferentes esferas de la vida social, en los términos de Karl Mannheim.
17. Como ejemplo, en 2009, el director ejecutivo de la unodc, Antonio María Costa, declaró que había evidencia de que los ingresos recaudados por el crimen organizado habían salvado a un gran número de bancos, ya que eran el único capital disponible con liquidez. Según sus estimaciones, en 2009, cerca de 352.000 millones de dólares derivados de la droga fueron absorbidos por el sistema económico. Rajeev Syal: «Drug Money Saved Banks in Global Crisis, Claims un Advisor» en The Guardian, 13/12/2009.
18. «Estas trabajadoras indonesias se han acostumbrado a recibir a personas como yo, extranjeros que vienen a hablarles sobre las espantosas condiciones que reinan en las fábricas donde cortan, cosen y pegan telas para empresas multinacionales como Nike, The Gap y Liz Claiborne». Naomi Klein: No logo. El poder de las marcas, Paidós, Barcelona, 2000.
19. Joe Sandler Clark: «Child Labour on Nestlé Farms: Chocolate Giant’s Problems Continue» en The Guardian, 2/9/2015; N. Klein: ob. cit.; Isabel Hunter y Lorenzo Di Pietro: «The Terrible Truth about your Tin Italian Tomatoes» en The Guardian, 24/10/2017.
20. V. el sitio https://business-humanrights.org/es.
21. N. Klein: ob. cit.
22. Diversos científicos han propuesto el término «Antropoceno» para definir una nueva era geológica dominada por la actividad humana. El término fue acuñado en 2000 por Paul Crutzen, ganador del Premio Nobel de Química, por analogía con la palabra «Holoceno», que define el periodo interglaciar que abarca la vida en el planeta desde el comienzo de la agricultura (Neolítico).
23. O. Ianni: «A violência na sociedade contemporânea» en Estudos de Sociologia No 12, 2002, p. 9.
24. Para una comparación, el movimiento similar de expulsión de campesinos en Inglaterra, como consecuencia del proceso de consolidación de tierras comunes (enclosure), empezó en el siglo xii y se extendió a lo largo de casi 200 años, entre 1450 y 1640. El proceso terminó al final del siglo xix. Karl Polanyi: La gran transformación, fce, Ciudad de México, 2011.
25. Norberto Bobbio: Democracy and Dictatorship: The Nature and Limits of State Power, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1978.
26. A.H. Amsden: «Elites and Property Rights» en A.H. Amsden, Alsia DiCaprio y James A. Robinson (eds.): The Role of Elites in Economic Development, Oxford University Press, Oxford, 2012.
27. Honduras (2009), Paraguay (2012), Brasil (2015-2016). El golpe de Haití fue anterior, en 2004.
28. H. Arendt: Sobre la revolución, Alianza, Madrid, 1988.
29. B. Echeverría: «Modernidad y capitalismo: 15 tesis sobre la modernidad» en Gonzalo Gosalvez (ed.): Crítica de la modernidad capitalista, Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, La Paz, 2011, p. 67.
30. Recientemente, el análisis crítico de la amplia diversidad cultural e institucional asumida por la modernidad en regiones cercanas o ajenas a la tradición «occidental» engendró el concepto de «modernidades múltiples», o formas plurales de la modernidad, en la teoría política y social de la modernidad. Peter Wagner: «Modernity as Experience and as Interpretation: Towards Something Like a Cultural Turn in the Sociology of ‘Modern Society'» en P. Hedström y Björn Wittrock (eds.): Frontiers of Sociology. Annals of the International Institute of Sociology vol. 11, Koninklijke Brill nv, Leiden, 2009.
31. «Precariado» es una expresión creada por Guy Standing para designar a los trabajadores que tienen mínimos derechos laborales y sociales. G. Standing: The Precariat: The New Dangerous Class, Bloomsbury Academic, Londres, 2011.
Vivianne Ventura-Dias: es investigadora independiente. Trabajó en la Organización de las Naciones Unidas (onu). Fue directora de la división de Comercio Internacional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Fuente: http://nuso.org/articulo/la-transformacion-social-ecologica-de-america-latina/