La «tregua» entre las pandillas salvadoreñas ha reducido los homicidios pero también ha incrementado el malestar y los enfrentamientos entre autoridades de El Salvador, incluido el propio presidente Mauricio Funes, con acusaciones de beneficiar a delincuentes. El armisticio que la Mara Salvatrucha y la Pandilla 18 mantienen desde marzo de 2012 ha permitido que estos […]
La «tregua» entre las pandillas salvadoreñas ha reducido los homicidios pero también ha incrementado el malestar y los enfrentamientos entre autoridades de El Salvador, incluido el propio presidente Mauricio Funes, con acusaciones de beneficiar a delincuentes.
El armisticio que la Mara Salvatrucha y la Pandilla 18 mantienen desde marzo de 2012 ha permitido que estos dos acérrimos enemigos estén unidos y de paso hayan fortalecido sus relaciones con el narcotráfico, como reconoció el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Perdomo, en una entrevista publicada por «La Prensa Gráfica».
Sin embargo, entre las autoridades el arreglo entre pandilleros ha generado enfrentamientos, sobre todo del presidente Funes y del ministro de Defensa, David Munguía Payés, con el fiscal general, Luis Martínez.
Las polémicas se remontan al 27 de junio pasado, cuando Martínez aseguró que en febrero el Ministerio de Seguridad (entonces a cargo de Munguía Payés, a quien no mencionó en ese momento), suspendió unas redadas de pandilleros que iban a efectuar policías y fiscales.
Martínez rechaza el pacto entre pandillas, al que califica de «hipócrita» porque consiste únicamente en que los pandilleros no se asesinen entre sí, mientras la población sigue desprotegida.
El fiscal motivó el jueves la molestia de Funes al anunciar que investigará a Munguía Payés por la suspensión de redadas y al llamar «pandillalandia» a los municipios incluidos en un programa vinculado a la «tregua».
El programa «Municipios libres de violencia» incluye una decena de localidades donde se desarrollan acciones de pacificación relacionadas con el armisticio, que ha bajado los homicidios en El Salvador en alrededor del 52 %, según autoridades gubernamentales.
Éstos municipios «se vuelven lugares como ‘pandillalandia’ y no verdaderamente unos lugares seguros, de bienestar y tranquilidad para la familia salvadoreña», criticó Martínez, y señaló que las redadas suspendidas se iban a ejecutar precisamente en algunos de esos sitios.
Martínez dijo que investigará la supuesta responsabilidad de Munguía Payés, que fue ministro de Seguridad de noviembre de 2011 al 17 de mayo de este año, en la suspensión de las redadas.
Munguía Payés, que es considerado como el máximo defensor de la «tregua» dentro del Gobierno, declaró a los periodistas sobre las denuncias del fiscal: «Yo no tengo vela en ese entierro».
Justificó que «solamente el fiscal (es) el que decide si se van a hacer o no se van a hacer los operativos; los fiscales no están bajo la jurisdicción del ministro de Justicia y Seguridad, por lo tanto no puede dar órdenes a los fiscales».
«Tengo que contradecir al señor fiscal en esta oportunidad porque creo que ha habido mucha desinformación; yo le he pedido en varias oportunidades (…) que nos reunamos para que aclaremos esta situación porque no es conveniente, y menos ahora, un enfrentamiento entre el ministro de la Defensa y el fiscal; eso no es bueno para el país», añadió.
Ante la acusación del fiscal contra Munguía Payés, Funes dijo que «no tiene ninguna base legal ni está basada en la realidad de los hechos», y aseguró, sin dar cifras, que durante su gestión fue cuando «más pandilleros se detuvieron».
El gobernante pidió a Martínez que «se meta a investigar a delincuentes y que trabaje con la Policía en capturar a delincuentes, en lugar de andar teniendo posiciones de bravucón y de exhibicionista en los medios de comunicación».
Funes también consideró como «una falta de respeto» del fiscal haber calificado de «pandillalandia» los lugares de «Municipios libres de violencia».
El armisticio ha permitido que el promedio diario de homicidios en el país haya bajado de catorce a entre cinco y seis, según las autoridades gubernamentales.
El Gobierno sostiene que no negocia con las pandillas y que únicamente es «facilitador» de este pacto, que a finales de junio y principios de este mes evidenció su fragilidad al registrar un alza en los homicidios de alrededor de veinte diarios.
Incluso Perdomo, que lleva menos de dos meses en el cargo de Seguridad, dijo recientemente que el pacto «no se ha traducido en paz y en tranquilidad» para la población, ya que sólo beneficia a los mismos pandilleros, y los demás salvadoreños siguen siendo víctimas de homicidios, extorsiones y robos.
El 92,7 % de la población afirma que entre de mayo de 2012 y abril de 2013 fue víctima de algún tipo de robo o extorsión, según un sondeo del Instituto Universitario de Opinión Pública, de la jesuita Universidad Centroamericana.