La Constitución Europea aprobada in extremis en la cumbre de Bruselas es el resultado de un muy difícil equilibrio entre diversos bloques de poder y en muchos casos contrapuestos intereses económicos. Por ello, el texto finalmente aprobado es más un pacto entre estados que un texto constitucional que responda a una auténtica unidad política. Y […]
La Constitución Europea aprobada in extremis en la cumbre de Bruselas es el resultado de un muy difícil equilibrio entre diversos bloques de poder y en muchos casos contrapuestos intereses económicos. Por ello, el texto finalmente aprobado es más un pacto entre estados que un texto constitucional que responda a una auténtica unidad política. Y por ello también, muy pocos entre los propios negociadores pueden sentirse satisfechos del resultado. A pesar de ello, y tras dos años de batallas prácticamente limitadas al reparto de poder en la toma de decisiones de la «nueva» Unión Europea, se abre ahora un periodo en el que, al parecer, los estados mostrarán por primera vez un cierto interés en informar a la ciudadanía. Un interés que, sin embargo, está viciado por el objetivo, que no es propiciar la participación por derecho propio de la ciudadanía, sino conseguir una legitimidad de la que carece el pacto alcanzado entre los estados pertenecientes a la Unión.
El déficit democrático de la UE, demostrado rotundamente en las urnas el pasado 13 de junio, no se va a ver resuelto con el modelo que impone la Constitución que ahora toca ratificar. Un modelo descaradamente neoliberal, con un funcionamiento antidemocrático en la elección de responsabilidades, que da más protagonismo que nunca a los estados sin referencias a otras realidades como las regiones y los pueblos… y con muy escasos avances, como lo es la posibilidad de que un millón de ciudadanos puedan realizar propuestas a la Comisión, totalmente insuficientes para dotar de espíritu democrático al texto constitucional. Ni siquiera la Carta Europea de Derechos Fundamentales, aprobada a finales del año 2000 en Niza, y que algunos quisieron considerar el embrión de la nueva Constitución, dota de garantías a los ciudadanos y ciudadanas de la Unión, ya que no pasa de ser una declaración de mínimos.
Los trabajos de la Convención, cuyo máximo órgano, el Presidium, ha sido ejemplo de opacidad y secretismo, han desembocado en un texto que se limita a adecuar la nueva estructura de la UE al reparto de poder. Ahora, empezará una loca carrera que puede durar otros dos años, para conseguir su ratificación. Tarea que debiera realizarse a través de referéndum en todos los estados miembros, aunque ni siquiera así se garantiza el carácter democrático del proceso. Al fin y al cabo, se trata de decir sí o no a un texto cerrado que ha cortado el paso a la ciudadanía y a los pueblos.