Un código alfanumérico es la última causa de roce entre la UE y la Administración Bush en la eterna tensión entre libertad y seguridad desde el 11-S. Tras los vuelos secretos de la CIA y la obligada entrega de datos de los pasajeros aéreos, la Eurocámara denunció ayer la violación de la privacidad de millones […]
Un código alfanumérico es la última causa de roce entre la UE y la Administración Bush en la eterna tensión entre libertad y seguridad desde el 11-S. Tras los vuelos secretos de la CIA y la obligada entrega de datos de los pasajeros aéreos, la Eurocámara denunció ayer la violación de la privacidad de millones de europeos con la transferencia masiva de sus datos bancarios a los espías de EEUU.
Aun así, Jean-Marie Cavada, presidente del Comité de Libertades Civiles del Parlamento, reconocía sus dudas sobre hasta dónde llevar el escándalo de SWIFT, el código que aparece en las transferencias internacionales y que da nombre a la empresa belga que gestiona los datos de las operaciones de más de 7.800 bancos en el mundo.
La compañía, tras recibir órdenes judiciales del Tesoro EEUU, ha facilitado, en los últimos cuatro años, bloques de información a la CIA para sus indagaciones antiterroristas, sin respetar, como asegura un informe de la Inteligencia de Bélgica, las leyes de protección de datos nacionales y europeas.
«Esto va a hacer las relaciones de la UE y EEUU todavía más difíciles», explicaba Cavada, quien, como sus colegas eurodiputados, se quejaba de la tendencia a «pasar la culpa», tanto por parte de los Estados miembros como de la compañía o de la Comisión Europea. El Banco Central Europeo (BCE), responsable último de la supervisión de SWIFT, aseguró ayer, en audiencia parlamentaria, que conocía la transferencia masiva de datos, pero que no pudo hacer nada para prevenirla.
Jean-Claude Trichet, presidente del BCE, explicó que la entidad paneuropea supo de los requerimientos a SWIFT en 2002, pero, ya que su misión es sólo velar por la «estabilidad financiera», decidió que el asunto no era de su competencia y no actuó ni a favor ni en contra. En cualquier caso, el Banco Central no informó a ninguna otra institución de este comportamiento. «La responsabilidad recae sólo en SWIFT», fue ayer la frase más pronunciada en la sala de audiencias de la Eurocámara, mientras los directivos de la multinacional trataban de defenderse e insistir en el «problema político» que debe afrontar la UE.
«Creemos que el tema del equilibrio entre la necesidad de luchar contra el terrorismo y el derecho a la privacidad sólo puede ser resuelto con el liderazgo político», declaró Francis Vanbever, consejero financiero de SWIFT, y quien repetía que el cumplimiento de las órdenes de EEUU ha sido «legal, limitado, protegido, auditado y controlado».
Sin embargo, los eurodiputados se quejan de que, una vez más, las autoridades europeas y sus empresas están dispuestas a facilitar datos a la Administración Bush a cambio de nada y sin apenas control del destino de esa información. Así, desde el 1 de octubre las aerolíneas europeas le entregan, antes de la salida de cualquier avión rumbo a EEUU, datos personales de sus pasajeros -desde el número de tarjeta de crédito hasta las preferencias gastronómicas-, a pesar de que ha expirado el acuerdo con la UE de protección de datos y esa acción podría violar las leyes comunitarias de la privacidad. Hoy los ministros de Justicia de los Veinticinco podrían llegar a un nuevo pacto, que dará aún más información a la Administración Bush y más capacidad para que comparta los detalles con más agencias federales estadounidenses.
En el caso de SWIFT, la Comisión Europea está dispuesta a denunciar al Gobierno belga y a otros estados miembros donde la empresa tenga sede -como España- ante el Tribunal de Justicia de la UE, por no haber velado por los derechos de sus ciudadanos. Los europarlamentarios insistieron ayer en que las instituciones nacionales deben asumir su parte de culpa por la falta de supervisión.
«La responsabilidad parece evaporarse», comentó Peter Schaar, el presidente de un comité de expertos en control de datos de la UE. Pervenche Berès, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento, también se quejaba: «Es de nuevo este juego de echarle la culpa a otro. Está claro que ha habido una falta de autoridad y de control».