El Acuerdo de Libre Asociación de la Unión Europea y América Central y el Caribe está a punto de ser aprobado, algo que en la práctica supondrá el aumento de la presencia de multinacionales europeas en la zona.
En febrero finalizó en Bruselas la VI ronda de negociaciones del Acuerdo de Libre Asociación de la Unión Europea y América Central y el Caribe (AdA UE- ALC). Unas negociaciones que muestran cómo la política comercial europea busca avanzar en una estrategia que ya definió en 2007 el ex comisario de Comercio de la UE, Peter Mandelson cuando aseguró: «Queremos garantizar que las empresas competitivas, respaldadas por las políticas internas adecuadas, ganen acceso a los mercados mundiales y operen en ellos con seguridad. Ésta es nuestra agenda».
El AdA UE-ALC responde al estancamiento de las negociaciones comerciales de la Ronda de Doha en la Organización Mundial del Comercio y a la voluntad europea de mostrar un posicionamiento fuerte en la región frente a EE UU, que ya está presente en la zona a través del Tratado de Libre Comercio para la República Dominicana y Centroamérica (CAFTA, por sus siglas en inglés). Estos acuerdos generaron gran oposición social, ya que abrieron la región a la inversión extranjera bajo un sistema de zonas francas donde se han asentado las maquilas como un modelo importado de desarrollo económico. Ahora, en la misma línea, la UE busca avanzar rápidamente y sin obstáculos en la liberalización completa de los flujos financieros, el comercio y las inversiones. Por ello esta ronda de negociaciones se plantea como la recta final para la firma de un tratado que centra su interés en consolidar reglas de inversión favorables a las empresas transnacionales europeas, liberalizando el acceso a los recursos, condicionando las compras públicas y rebajando estándares laborales y ambientales.
En la práctica esto podría significar una apertura sin restricciones a las coorporaciones para, por ejemplo, patentar especies vegetales de la región centroamericana o bancos de microorganismos, algo que beneficiaría directamente a farmacéuticas europeas. El movimiento social nicaragüense Otro Mundo es Posible y la Alianza Social Continental centroamericana (ALC) denuncian en el documento La sociedad centroamericana frente a la negociación del acuerdo de asociación Unión Europea- Centroamérica, que estos tratados «violan el derecho a la soberanía alimentaria, pues permiten que transnacionales monopolicen actividades de la producción agroalimentaria». En esta línea ponen sobre la mesa el problema la estrategia hegemónica de Europa a través de tres mecanismos: los tratados de libre comercio, que representarían el aparato jurídico; los megaproyectos de inversión, como la construcción de infraestructuras, y el componente represivo que conlleva la militarización de la región.
Tras el fracaso de Doha
La UE está desatada impulsando acuerdos de asociación con los países de América Latina: ahora le toca a América Central y el Caribe. Así, la globalización a la europea se ha convertido en un sistema que determina un orden social y cultural regido por estrictas reglas comerciales y de inversión mundial de capitales. Y en el camino hacia la firma de estos tratados se niega el acceso efectivo y real a la información pública. Sin los textos del Acuerdo en las manos, la ciudadanía sólo recibe, por parte de los gobiernos, declaraciones sobre los beneficios del libre comercio adornadas con elementos de la cooperación al desarrollo.
El fracaso de las negociaciones comerciales de la Ronda de Doha en la Organización Mundial del Comercio y los retrocesos en los diversos acuerdos de asociación regionales en Sudamérica, constituyen el telón de fondo para el desarrollo del AdA UE-ACL, con una agenda que busca avanzar sin obstáculos en la liberalización completa de los flujos financieros, comercio e inversiones.
La ronda de Bruselas sirvió para visualizar con mayor claridad los intereses geopolíticos y comerciales europeos en la zona y se planteó como la recta final para la firma de un Acuerdo que centra su interés en consolidar reglas de inversión favorables a las empresas transnacionales europeas, liberalizando el acceso a los recursos, condicionando las compras públicas y rebajando estándares laborales y ambientales. Por otro lado, el acuerdo rompe los esquemas de integración regional centroamericana al imponer, en el proceso de negociación, tiempos y condicionalidades que tengan en cuenta las demandas europeas.
Este Acuerdo de Asociación implicaría el establecimiento de compromisos mutuos en tres áreas: diálogo político, cooperación y el establecimiento de una zona de libre comercio entre la UE y los países centroamericanos, puntos que puede comprometer seriamente la construcción de políticas públicas y minimizar el papel de los Estados a simples espectadores del negocio transnacional. Desde la Comisión Europea se busca diferenciar este acuerdo con el CAFTA argumentando que es una negociación entre «socios» y que incluyen algo más que comercio. Pero para ALC, y teniendo en cuenta un contexto de condicionalidades políticas, la amplia presencia de trasnacionales en los mercados y las asimetrías comerciales, la capacidad de negociación de los interminables capítulos del Acuerdo se reduce al «sí o sí». Hay que tener en cuenta que países como Nicaragua sostienen el 40% de su gasto público gracias a la cooperación internacional y que para Honduras la UE es el segundo socio comercial, mientras que, para la UE, Honduras ocupa el puesto 116 en términos de intercambio.
Entrevista con Yadira Minero y Jesús Garza: «Proponen generalizar el modelo maquila»
Entrevistamos a Yadira Minero, abogada del Centro de Derechos de Mujeres en Honduras, y a Jesús Garza, de la Coalición Hondureña de Acción Ciudadana Alternativas.
DIAGONAL: La próxima ronda de negociaciones es en mayo en Honduras, y la UE ha mostrado su intención de cerrar las negociaciones en 2009. ¿No va demasiado rápido todo el proceso? ¿Qué se puede esperar de una negociación tan acelerada?
JESÚS GARZA: Por ejemplo, en el acuerdo de asociación entre la UE y Chile la negociación duró 14 años. Con Centroamérica lo están haciendo en menos de dos años. Los miembros de la UE aseguran que son los países centroamericanos los que están apresurando el paso, pero en ambos lados hay interés en terminar lo antes posible. Sin embargo, es muy probable que no se pueda terminar en mayo. Hay muchos factores del contexto político por los que quieren acelerar el proceso, uno de ellos es que habrá cambios en la UE. Hasta ahora no se han logrado acuerdos a nivel regional, éste sería el primero: las negociaciones con la comunidad andina fracasaron, con Mercosur se quedaron estancadas, en África terminaron negociando país a país, ahora les interesa mostrar como un éxito de la Comisión Europea conseguir este tratado.
D.: Después del trabajo de diversos movimientos sociales contra el Área de Libre Comercio de las Américas, ¿cómo ves la percepción de la sociedad civil ante este tipo de acuerdos con Europa?
J.G.: Con el AdA UE-ACL está siendo difícil que la gente lo perciba de la misma forma, en parte porque el concepto que se tiene de las políticas europeas es diferente. Pero poco a poco la gente se va informando y para la próxima ronda se esperan movilizaciones en contra, identificando el AdA como un Tratado de Libre Comercio (TLC) más y visibilizando que estos tratados van a aumentar las desigualdades sociales. Desde Europa se quiere mostrar una cara amable de estos acuerdos al hablar de cooperación y participación, pero el eje principal de éste sigue siendo el libre comercio y los «aranceles cero» a nueve de cada diez productos que entren en Centroamérica. Estos acuerdos proponen el modelo maquila para todos los sectores.
D.: ¿Cómo se están articulando los diferentes movimientos sociales en torno al seguimiento de estos acuerdos?
YADIRA MINERO: En Centroamérica y el Caribe hay diferentes posicionamientos en relación a cómo se enfrenta este acuerdo, pero todas las organizaciones coinciden en que va a tener un impacto negativo en el desarrollo humano sostenible. Hay diferentes redes centroamericanas que dan seguimiento al impacto del actual tratado con EE UU, llevamos varios años analizando desde diferentes sectores las consecuencias del TLC en torno a los derechos laborales, impactos ambientales, privilegios fiscales para las trasnacionales, impacto en la distribución de riqueza, etc.
D.: ¿Cómo se trabaja desde el Centro de Derechos de Mujeres en Honduras en torno a la defensa de los derechos en las maquilas textiles?
Y. M.: Informamos y damos seguimiento a la situación de los derechos laborales de las mujeres trabajadoras. Ofrecemos un servicio de asesoramiento jurídico y capacitamos sobre legislación y trámites. En estos años hemos visto con preocupación que nos enfrentamos a un aumento de la precarización laboral. Los datos del monitoreo muestran que hay un incremento en el número de personas que trabajan de 11 a 12 horas diarias. Se incrementa la intensidad de la producción, (pasando de una media de 1.500 a 1.800 operaciones diarias) y todo esto no es compensado con el incremento del salario. Es más, el Estado ha emitido leyes que precarizan las condiciones laborales: en 2007 se firmó un decreto que acarrea la disminución del salario mínimo y fomenta el empleo inestable. Nada nos indica que algo vaya a cambiar en el AdA UE-ACL, es evidente que se continuará profundizando en un peor empleo. Estos acuerdos proponen el modelo maquila para todos los sectores, no sólo el textil es abandonado a la desregulación de los derechos laborales y sindicales, otros sectores también se rinden a la maquila, lo estamos viendo en los call-centers, en los monocultivos de melón y en la producción de camarón.
Jordi Menéndez Ourille es coordinador de la Red Solidaria Ítaca