En una semana de abril de 2015, el naufragio de dos barcos con inmigrantes libios que huían a Europa terminó con centenares de muertos. La UE se enfrentó a la zozobra con el anuncio de una operación militar, «Fuerza Naval de la UE-Operación Mediterránea Sofía (EUNAVFOR MED)», que incluía medidas para identificar y capturar las […]
En una semana de abril de 2015, el naufragio de dos barcos con inmigrantes libios que huían a Europa terminó con centenares de muertos. La UE se enfrentó a la zozobra con el anuncio de una operación militar, «Fuerza Naval de la UE-Operación Mediterránea Sofía (EUNAVFOR MED)», que incluía medidas para identificar y capturar las embarcaciones empleadas por los traficantes de personas. El punto central no radicaba en el rescate de los náufragos, sino en batallar por medios militares contra la inmigración considerada «irregular». Para la ejecución del plan, cuyo contenido no se ha hecho público, la UE habilitó un presupuesto de 11,82 millones de euros. La tercera fase de la iniciativa «permitiría la eliminación de los buques, preferiblemente antes de su uso, y la detención de los traficantes y contrabandistas». El informe «Guerras de frontera», recientemente publicado por el Transnational Institute, la campaña holandesa contra el comercio de armas «Stop Wapenhandel» y el Centre Delàs d’Estudis per la Pau destaca que se trata de «la primera reacción militarista contra los refugiados en el ámbito de la UE».
Organizaciones de derechos humanos criticaron el EUNAVFOR MED. «Las acciones militares podrían exponer a los inmigrantes y a los solicitantes de asilo a graves riesgos; la máxima prioridad debería ser salvar vidas en el mar y llevar a la gente en situación de riesgo en el Mediterráneo a costas seguras de la UE», afirmó Judith Sunderland, de Human Rights Watch. Pero el material y los efectivos castrenses llevan años desplegándose en las fronteras de Europa. En 2015, con la llamada «crisis» de los refugiados, diferentes países destacaron a sus ejércitos para el control de la «ruta de los Balcanes». El cierre de las fronteras dejó en Grecia y Macedonia a miles de refugiados en condiciones de gran vulnerabilidad. En mayo de 2015 Bulgaria desplazó soldados a su frontera con Macedonia (en agosto agentes fronterizos búlgaros asesinaron a un refugiado afgano). Human Rights Watch señaló decenas de casos de violencia policial y militar contra los refugiados en esta zona fronteriza. El ejército de Macedonia también hizo uso de gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para frenar a quienes pretendían entrar en el país desde Grecia. A la tendencia se agregó Hungría, con una nueva legislación que permitía al ejército la represión en las fronteras con balas de goma, gases lacrimógenos y pistolas con redes. Serbia anunció, asimismo, que utilizaría soldados para refrenar a los refugiados expulsados de Hungría. En Eslovenia, militares y guardias de seguridad privada se sumaron al control de las fronteras con Croacia. También desplegaron militares para colaborar en la «seguridad» de las fronteras Austria, Croacia, Países Bajos y la República Checa.
El reciente informe elaborado por Mark Akkerman destaca el rol más activo que, paso a paso, han ido adquiriendo los barcos patrulleros de la OTAN. En febrero de 2016, a instancias de Alemania, Grecia y Turquía, la OTAN decidió que su Grupo Marítimo Permanente número 2, ya operativo en la región, iniciara acciones de reconocimiento, seguimiento y vigilancia en el mar Egeo. Estas labores se desarrollaron de manera coordinada con Frontex, agencia de la UE para la protección de las fronteras exteriores. Pasado un mes, cinco barcos de países miembros de la OTAN ampliaron el patrullaje a las aguas territoriales turcas y griegas. Compartieron informaciones con los guardacostas de Grecia y Turquía, además de con Frontex. «Los barcos de la OTAN no están en el Mar Egeo para detener o hacer retroceder a los barcos con inmigrantes y refugiados», afirmó el secretario general de la organización militar, Jens Stoltenberg, pero «en caso de rescate en el mar de personas que vienen de Turquía, serán devueltas a este país».
El documento del Transnational Institute, «Stop Wapenhandel» y el Centre Delàs advierte de que actualmente «muchos países de la UE tienen las fronteras fortificadas». En un inicio éstas fueron construidas entre Bulgaria y Turquía, también entre Grecia y Turquía; y en torno a las ciudades de Ceuta y Melilla. «Hoy se han ampliado las fronteras en Austria, Bulgaria, Estonia, Hungría, Macedonia, Eslovaquia, Eslovenia y Ucrania», detalla el informe. En febrero de 2016, ante el incremento de los inmigrantes que pretendían entrar en la UE, Finlandia informó de que pondría a prueba drones para el control de la frontera con Rusia. Precisamente a finales de año está previsto que la Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM) emplee aviones no tripulados para el control de las fronteras por mar. Otra muestra palmaria de la prioridad que tiene para la UE el control fronterizo son los presupuestos de Frontex, que en 2015 se incrementaron en varias ocasiones. Si en 2005 la dotación de la agencia era de 6,3 millones de euros, en 2015 había aumentado hasta los 142,6 millones de euros y en 2016, a 238,7 millones (un 67% más que el año anterior).
En 2015 la Comisión Europea anunció la idea de sustituir la Frontex por otra entidad, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, que presentará novedades importantes, por ejemplo, más medios y control sobre las iniciativas de los estados miembros. Entre los ejes de la nueva agencia, figura la posibilidad de una intervención directa en un estado miembro, incluso sin su consentimiento, siempre que la Comisión Europea así lo requiera. Además, se establece la puesta en común obligatoria de los guardias de fronteras, mediante un fondo de reserva. La propuesta de la nueva agencia enuncia nítidamente la utilización de armas, y lo expresa del siguiente modo: «En el ejercicio de sus funciones y competencias, los miembros de los equipos podrán llevar las armas de servicio, munición y equipo autorizados». Si la idea de la Comisión Europea se consolida, ello «supondrá un cambio fundamental en el sistema», concluye el informe «Guerras de frontera». De hecho, se podrá obligar a los estados a reforzar los controles y comprar o mejorar los equipos.
Entre 2004 y 2020 la UE ha previsto programas de financiación a los estados para controlar la «seguridad» de sus fronteras por valor de 4.500 millones de euros. El llamado «Mecanismo Schengen» (1.460 millones de euros) financió iniciativas en siete países para la vigilancia de los pasos fronterizos. Se trató de un instrumento temporal, entre 2004 y 2006, que incluía compras de vehículos de patrulla, sistemas informáticos o radio, entre otros. Países como Bulgaria y Rumanía contaron con programas específicos de 2007 a 2009. En el ejemplo búlgaro destaca la compra de tres helicópteros, nueve buques y la implantación de un sistema para el control y vigilancia de la frontera del mar Negro; con puntos de observación, fijos y móviles, dotados de radares, cámaras y equipos de comunicación. Rumanía se hizo con 33 buques, 1.278 vehículos y equipamiento para vigilar las fronteras. El «Mecanismo Schengen» para Croacia (2013-2016) ha sido utilizado en el último año para la adquisición de 240 vehículos, 10 buques y dos helicópteros; también para mejorar los sistemas informáticos y de comunicación.
Entre 2007 y 2013 la Unión Europea desarrolló el siguiente programa de financiación, denominado «Fondo para las Fronteras Exteriores» (EBF), con un presupuesto de 1.700 millones de euros. La iniciativa puso el énfasis en el control de la inmigración considerada «clandestina» y en el desarrollo de los «componentes nacionales» de EUROSUR, impulsado a finales de 2013 y considerado el «sistema de sistemas» de la vigilancia fronteriza. Infraestructuras y equipamientos de control, tecnología punta, formación de personal e intercambio de datos figuraban entre las acciones que podían aspirar a financiación. Además, entre 2014 y 2020 se mantiene activo el «Fondo para la Seguridad Interior-Fronteras y Visados» (ISF), con una partida total de 1.320 millones de euros. El objetivo es una «gestión fronteriza integrada» y compartir información entre los estados miembros de la UE (y entre estos y Frontex) para detener la «migración irregular». Por otro lado, varios países con aspiraciones a ingresar en la UE han obtenido financiación mediante los programas Asistencia Pre-Acceso IPA (2007-2013) e IPA II (2014-2020). Con una financiación total d 604,9 millones de euros, buena parte de estos recursos han beneficiado a Turquía (469 millones de euros). Serbia, Macedonia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Albania y Kosovo también han sido receptores de fondos.
Otro eje de la política migratoria de la UE reside en la «externalización» de fronteras», es decir, la financiación a terceros países para que garanticen los controles. Esto ocurre, principalmente, en África del Norte y Europa Oriental. La fórmula varía entre los acuerdos, bilaterales o multilaterales, los programas de ayuda y cooperación u otro tipo de iniciativas. Así, entre 2006 y 2012 la Unión Europea otorgó 16 millones de euros a Mauritania, punto de partida por ejemplo de la emigración a Canarias. Además del programa «Gestión fronteriza en el Líbano», en noviembre de 2015 la UE habilitó 23 millones de euros a Túnez para reforzar la «seguridad» en las fronteras terrestres. Sin embargo, el ejemplo más significativo es el de aportación de recursos para el control migratorio es del de Libia. La UE y el gobierno de Italia se repartieron la financiación del «pacto de seguridad transfronteriza» entre Libia y la empresa Finmeccanica. En octubre de 2009 esta empresa anunció un contrato de 300 millones de euros para el control de las fronteras.
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