La Comisión Europea, rama ejecutiva de la Unión Europea (UE), reclama que el gobierno francés le devuelva los 500 millones de euros (unos 719 millones de dólares) que gastó en asistencia a los agricultores de esa nacionalidad
La asistencia viola la ley de competencia de la UE, pues durante más de una década hizo competitivos a los productores franceses de frutas y verduras mediante abultados subsidios, en detrimento de sus vecinos.
Europa es el mayor exportador mundial de productos agrícolas. Solamente en 2007, sus ventas al exterior representaron 519.000 millones de dólares, según la Organización Mundial del Comercio.
Ese año, productos agrícolas por valor de 15.000 millones de dólares fueron exportados exclusivamente a África, un continente donde la agricultura es el medio de sustento de la mayoría de la población.
Con los vínculos que mantiene con muchos países africanos que fueron sus enclaves coloniales, y siendo objeto de la mayor parte de los subsidios agrícolas europeos, a menudo Francia es criticada por colocar sus productos en los mercados de África mediante competencia desleal.
Ahora resulta que, además de la perenne controversia mundial de que son objeto, estos subsidios ni siquiera cumplían con las normas de la propia UE.
El nuevo ministro francés de Agricultura, Bruno Le Maire, causó agitación al anunciar, el 3 de este mes, que los agricultores deberían devolver los subsidios que les fueron concedidos entre 1992 y 2002. De no cumplir con este pago, el gobierno francés enfrentaría una sanción más fuerte de parte de Bruselas, capital de la UE.
Pese a haber recibido asistencia durante años, los agricultores franceses ven colapsar sus ganancias y se preparan para luchar. Bajo el peso del costo de la mano de obra –uno de los más altos de Europa–, las frutas y verduras de Francia deben competir con productos más baratos procedentes de España, Italia y otros estados miembro de la UE.
Las organizaciones de productores han rechazado categóricamente todos los pedidos de refinanciar cualquier parte de la asistencia, acusando a los consecutivos gobiernos que los apoyaron.
Coordination Rurale, uno de los mayores gremios de agricultores que se beneficiaron del programa, declaró que está «fuera de cuestión para los productores quedar varados con incluso parte de una factura (que es consecuencia de) la inconsistencia en las políticas agrícolas francesas y europeas».
Francia es uno de los principales beneficiarios de los fondos agrícolas europeos, embolsándose cerca de 10.000 millones de euros (14.380 millones de dólares) de Bruselas cada año.
El reclamo del ministro de la devolución de la ayuda antes de que Bruselas le imponga a Francia una multa recibió el manifiesto desprecio de sus pares y predecesores.
El ex ministro de Agricultura Jean Glavany, que apoyó el sistema durante su gestión, criticó las declaraciones de Le Maire, señalando públicamente que constituían «un pecado de juventud».
Resulta extraño que la mayoría de las acusaciones señalen a Bruselas, dijo un experto francés que pidió no ser identificado. «Nadie, ni en la prensa ni en otro lado, se ha molestado en mencionar que estos millones son dinero de los contribuyentes», lamentó.
«Una vez más, los agricultores se plantean como víctimas, la Comisión Europea es retratada como la villana y el contribuyente es quien paga la cuenta», continuó.
«El problema es que nuestros políticos no están listos para enfrentar el hecho de que algunos sectores agrícolas no pueden competir con los productos extranjeros. Esta simple realidad no es políticamente aceptable en Francia, así que seguimos apagando incendios, en vez de abordar los problemas estructurales de largo plazo», agregó.
Este año ya es duro para el Ministerio de Agricultura. En abril tuvo que enfrentar huelgas y disturbios de pescadores y en junio una protesta masiva de los productores lácteos.
Varios documentos muestran que el gobierno era consciente de que el programa constituía una seria infracción de la ley de competencia de la UE, favoreciendo indebidamente a los productores franceses sobre sus pares europeos.
Según la Comisión Europea, algunas asociaciones comerciales también insistieron en que sus miembros mantuvieran la «discreción» y se abstuvieran de publicitar el millonario programa, tal como quedó registrado en las actas de algunas reuniones.
Irónicamente, en el marco del programa, los fondos públicos fueron canalizados hacia el organismo responsable de implementar las regulaciones europeas y de administrar los créditos del bloque para el sector productivo francés.
Luego éste remitió los fondos a «comités agrícolas», que agrupan a cultivadores de cada producto. Aunque teóricamente estaban supervisados por el Ministerio, los comités invirtieron las sumas como mejor les pareció.
Los subsidios tuvieron por objetivo bajar los precios de los productos franceses (pagándoles la diferencia a los cultivadores), para que pudieran ser competitivos pese al alto costo de la mano de obra en Francia.
También intentaban «corregir» la oferta excesiva: en vez de inundar los mercados franceses con demasiadas frutas y verduras, haciendo que los precios cayeran y que las ganancias de los agricultores se contrajeran, los subsidios vinieron a compensarlos por destruir parte de sus cultivos.
Advertida por una denuncia anónima, en julio de 2002 la Comisión dirigió una carta al gobierno francés, requiriendo explicaciones sobre estos llamados «planes de campo».
La asistencia llegó discretamente a su fin a pedido de la Comisión, y los estatutos europeos que limitaban la investigación a 10 años impidieron que ésta abarcara a los subsidios previos a 1992.
En enero de este año, la Comisión declaró que el programa no buscaba «desarrollar la economía de regiones afectadas por estándares de vida anormalmente bajos o por un desempleo excepcional». Por lo tanto, proporcionaba una ventaja injusta a los agricultores franceses, volviendo desleal la competencia con sus pares europeos.
Pero, como señalan los gremios agropecuarios, en caso de que los subsidios ilegales alguna vez sean devueltos, es muy difícil determinar cuál es la suma exacta. El Ministerio sostiene que entre 1992 y 2002 se desembolsaron 330 millones de euros (475 millones de dólares), lo que llevaría el total a 500 millones (unos 719 millones de dólares) con los intereses.
Bruselas ha indicado que el total puede rondar los 700 millones de euros (1.007 millones de dólares), pues los cultivadores se beneficiaron también de subvenciones de adicionales a través de sus asociaciones comerciales, aunque Le Maire dijo que esta suma es una gruesa sobreestimación.
Definir las cifras reales puede insumir años. Dada su naturaleza dudosa en relación a la ley europea, muchos subsidios nunca se registraron de modo adecuado. Algunos archivos fueron destruidos y otros «perdidos». Desde entonces, muchos beneficiarios se han retirado o han cambiado de actividad.
Además, en marzo de 2010 se realizarán elecciones regionales, lo que vuelve improbable que se cumpla ahora el programa de devolución de subsidios, opinó el experto francés en políticas agrícolas.
Las ganancias de los productores franceses volvieron a bajar en 2008, generando reclamos de más asistencia.
Como era de prever, ahora el Ministerio trabaja en un nuevo plan de apoyo financiero para el sector.
«Se descarta la asistencia directa, pero las deudas pueden cancelarse y los impuestos a los productores bajarse. Éstas son medidas que habitualmente se financian recaudando más impuestos», agregó el experto.