Apenas un mes después de suscrita una ampulosa declaración en la clausura de la Cumbre Presidencial de los Jefes de Estado de América Latina y el Caribe con los de la Unión Europea, los pueblos y gobiernos latinoamericanos recibimos de la UE una intolerable humillación política con aprobación, el pasado 18 de Junio, de la […]
Apenas un mes después de suscrita una ampulosa declaración en la clausura de la Cumbre Presidencial de los Jefes de Estado de América Latina y el Caribe con los de la Unión Europea, los pueblos y gobiernos latinoamericanos recibimos de la UE una intolerable humillación política con aprobación, el pasado 18 de Junio, de la llamada Resolución del «Retorno Voluntario».
La agenda de la Cumbre, para cuya realización virtualmente se militarizó Lima, fijó pomposamente -como uno de sus ejes- el tema de la «Inclusión Social» y la lucha contra la pobreza.
Su Declaración Final recordó «los sólidos lazos históricos y culturales que siempre han existido entre los países latinoamericanos y caribeños y las naciones de la Unión Europea, basados en el impacto positivo de los flujos de migración en ambas direcciones». Afirmó que «reconocemos que la pobreza es una de las causas básicas de la migración» y sostuvo: «Consideramos que es fundamental asegurar el goce y la protección efectivos de los derechos humanos para todos los migrantes». Resaltando «la importante contribución económica, social y cultural de los migrantes a las sociedades receptoras» subrayó «la importancia de luchar contra el racismo, la discriminación, la xenofobia y otras formas de intolerancia» para cerrar con «un llamado a nuestras regiones para desarrollar aún más un diálogo comprensivo y estructurado sobre la migración. Este diálogo también abordará los temas de la migración regular e irregular, así como los vínculos entre migración y desarrollo, de conformidad con el marco legal de los países».
Pero todo terminó evidenciándose sólo como papel mojado en tinta. Apenas 30 días después, la UE, sin consulta ni diálogo alguno con AL, se limpió con la solemnidad del «impacto positivo de la migración en ambas direcciones», olvidó que AL recibió cientos de miles de migrantes europeos durante las guerras y el fascismo, y se burló del «compromiso de garantizar los derechos humanos para todos los migrantes» al emitir -bajo inspiración del fascista Berlusconi- la resolución del «Retorno Voluntario».
Esta resolución es extremadamente grave pues impone procedimientos de privación de libertad potencialmente arbitrarios, sin control jurisdiccional de autoridades pertinentes. Establece una detención que trata a quienes han incurrido en una irregularidad administrativa como si fueran delincuentes; una detención con plazos abusivos y arbitrarios de hasta 18 meses para «agilizar un procedimiento de expulsión». A su vez, impone un doble castigo a los inmigrantes afectados, pues además de la detención les prohíbe el regreso al territorio europeo por 5 años. Para colmo, permite la detención de menores no acompañados que se internan en los mismos centros y se les expulsa sin garantía de reagrupamiento familiar, violando la Convención de Naciones Unidas de derechos del niño. Finalmente, permite expulsiones a terceros países y no al país de origen, lo que es tremendamente negativo para los migrantes y permite que quienes hayan sido detenidos a lo largo de los siete días posteriores a su entrada en territorio europeo sean expulsados sin siquiera disfrutar de las escasas garantías de la directiva.
Este trato de los Estados europeos a migrantes «ilegales» -quienes migran buscando trabajo y mejores condiciones de vida, no narcos ni delincuentes- es imfamante.
¿Es con quienes nos tratan así que queremos firmar «Acuerdos de Asociación» y abrirles las puertas para invertir sus capitales a la explotación de nuestros recursos naturales a cambio de migajas y del empleo del cholo barato? ¿Es que -como dice nuestro inefable Presidente García- corren por cuerdas separadas los negocios y los intereses nacionales (sean fronterizos o de cientos de miles de peruanos y peruanas que enfrentan esta brutal amenaza después de trabajar y aportar por años en el viejo continente)? ¿Debemos reaccionar con energía y firmeza ante este agravio, demandando sea inmediatamente derogado, o nos limitamos emitir alguna declaración formal y constituir una de esas comisiones de dialogo que, flotando en las nubes, no modifican la agresión que han de sufrir cientos de miles de peruanos y millones de latinoamericanos en Europa?
No es un momento de simples declaraciones para América Latina. El rechazo debe ser enérgico y advertir que -de no derogarse la medida- se tomarán acciones en resguardo de la integridad y los derechos de nuestros compatriotas. No somos una simple fuente de materias primas baratas en función de las necesidades de Europa ni debemos aceptar este trato. Es hora de hacerse respetar y son múltiples las formas de lograrlo.
Javier Diez Canseco, miembro del Consejo Editorial de SINPERMISO , es el secretario general del Partido Socialista peruano.