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La Unasur analiza eliminar los Tratados Bilaterales de Inversión

Fuentes: Rebelión

Argentina y Ecuador son los principales impulsores de la propuesta, que requerirá tratamiento parlamentario. Cada demanda ante el CIADI implica «un presupuesto mínimo de u$s 5 millones»

La Unasur afina lentamente una estrategia conjunta para superar una rémora de la década del ’90: los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI). La Argentina y Ecuador son los principales impulsores de un acuerdo para que los Parlamentos nacionales anulen los acuerdos. La propuesta, para lograr que se sumen otras naciones menos interesadas, podría incluir el diseño de una plataforma para organizar un «tribunal de cooperación y resolución de conflicto» entre los países de la región para resolver posibles controversias, además de un Área de Dictámenes, para, «por ejemplo, auditar las deudas externas».

Así se lo adelantó a este cronista el constitucionalista Eduardo Barcesat, uno de los encargados de traccionar esta discusión en la Unasur. «Hay una especie de estrategia común en Latinoamérica, que es que suponiendo que salgan laudos desfavorables, aguardar a que el reclamante venga al territorio nacional para allí abordar la nulidad según la Constitución y ley de cada país», señaló.

Otro de los argumentos para terminar con esos acuerdos es que «la firma de los TBI no tuvo influencia en el aumento de inversiones». En eso coinciden Barcesat, el economista Andrés Asiain -miembro de la Cátedra Nacional de Economía Arturo Jauretche- y una fuente gubernamental que prefirió mantenerse en off.

En rigor, además de no haber impulsado inversiones productivas concretas, los TBI comprenden una serie de cláusulas que, según Barcesat, «violentan la soberanía nacional» y -completa Asiain- «les quitan a los países el poder de regular la inversión extranjera».

Sucede que mediante la firma de estos acuerdos, que casi en su totalidad se concretaron a lo largo de la década del ’90, los Estados se comprometen -entre otras cosas- a permitir la libre movilidad de capitales.

 

Presupuesto

Sin lugar a dudas, la Argentina es una de las naciones más afectadas por la firma de los TBI. En total tiene 58 acuerdos, que desprendieron a la actualidad cerca de 40 demandas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (más conocido por su sigla: CIADI).

Barcesat explicó que, además de la demanda en sí, el proceso ante el CIADI es «muy costoso», dado que «ante cada audiencia en el tribunal, las partes por igual deben hacer un depósito de 200.000 dólares».

Cada demanda implica «un presupuesto mínimo de u$s5 millones», indicó el abogado. De lo que se desprende el simple cálculo de que los 40 reclamos que las empresas extranjeras plantaron en el CIADI contra el Estado argentino representarán un piso de $840 millones.

«Si de 58 tratados, hay 40 en juicio, no ha sido muy provechosa la inversión», sentenció Barcesat, y señaló que Ecuador es otro de los países «más comprometidos» y «donde más interés hay para ver por dónde impugnar» los tratados.

 

El negocio

En off, una fuente del Gobierno nacional dejó entrever además que existe una fuerte vinculación entre estos TBI y la fuga de capitales, dado que las empresas disponen de una libre movilidad de capitales y pueden ocultar utilidades remitiendo dinero a casas matrices mediante supuestos pagos de royalties o de autopréstamos entre filiales.

En esa línea, Asiain denunció que muchas de las firmas extranjeras que ingresan bajo el amparo de los TBI «en general no invierten» sino que «se autoprestan y después remiten las ganancias como pagos de intereses, eludiendo así el Impuesto a las Ganancias».

Los tratados «ponen en una supuesta igualdad jurídica a las empresas nacionales y extranjeras, pero es una ficción, porque la mayoría de las firmas locales no llegan ni de cerca a la dimensión de las corporaciones internacionales», advirtió el economista.

Barcesat aseguró que «recién ahora se está tomando conciencia regional de la implicancia económica y de la necesidad de una revisión a fondo» de los TBI y afirmó que «se pueden normalizar y se transformarían en un tratado común sin perdida de soberanía». Según el jurista, «los inversores posiblemente van a inclinarse por mantener el negocio».

Blog del autor: http://relatosdetierra.blogspot.com/2011/10/la-unasur-analiza-eliminar-los-tratados.html