Una investigación oficial realizada en Polonia sobre la existencia de cárceles secretas, operadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en su territorio, está siendo frenada, según fuentes cercanas al caso, mientras aumenta la presión sobre este país para que esclarezca la verdad.
Varias fuentes públicas, como el informe de Dick Marty de 2007 para el Consejo de Europa o el más actual estudio «Globalizing Torture : CIA Secret Detention and Extraordinary Rendition» (Globalizando la tortura: Las detenciones secretas y entregas extraordinarias de la CIA), de la Open Society Foundations, sostienen que Polonia mantuvo centros clandestinos, utilizados en el programa de «entregas extraordinarias» de la CIA, desde fines de 2002.
En el marco de ese programa, Estados Unidos detuvo e interrogó a presuntos terroristas en Europa.
Pero también hay pruebas de fuentes oficiales. Un informe elaborado en 2004 por la oficina del inspector general de la CIA, que discute el trato dado por esa agencia a presos sospechosos de tener vínculos con la red extremista Al Qaeda entre 2001 y 2003, detalla el caso de Abd al-Rahim al-Nashiri, presunto líder de Al Qaeda en el Golfo.
También se sospechaba que Al-Nashiri estuvo en la organización del bombardeo contra el buque de guerra estadounidense USS Cole, anclado en el puerto yemenita de Adén y en el que murieron 17 soldados en octubre de 2000.
El informe señala que, en noviembre de 2002, Al-Nashiri fue detenido por la CIA y que sus agentes le aplicaron las llamadas «técnicas de interrogatorio mejoradas», hasta el 4 de diciembre de ese año.
En otra parte, el documento cita: «(…) dos sesiones de «waterboarding» (simulación de ahogamiento) en noviembre de 2001, tras las cuales (…) Al-Nashiri fue sumiso. Pero luego de ser transferido (…) se pensó que retenía información».
Esos extractos muestran que el detenido fue trasladado después del 4 de diciembre a otro lugar donde volvió a ser torturado.
Polonia parece que fue su siguiente destino.
Documentos desclasificados por la Guardia Fronteriza polaca a la Fundación de Helsinki muestran que el vuelo N63MU aterrizó en el aeropuerto polaco de Szymany el 5 de diciembre de 2002. Llegó procedente de Tailandia, a donde se especula que eran trasladados inicialmente los sospechosos de terrorismo, vía Dubai, con ocho pasajeros y cuatro tripulantes.
El avión abandonó Polonia con tan solo los cuatro tripulantes.
No se han descubierto otros vuelos en los que Al-Nashiri pudo ser trasladado, salvo el N63MU, con destino a Polonia.
«De entre 200 y 300 vuelos sospechosos tenemos datos exhaustivos o conocimiento de que realizaron entregas extraordinarias, todos aviones privados registrados en Estados Unidos», dijo a IPS el investigador Crofton Black, de la organización británica Reprieve.
«Tras estudiar todos esos aviones, no aparece otro movimiento relevante desde Tailandia el 5 de diciembre, o alrededor de esa fecha», apuntó. Pero puede ser que se descubran nuevos vuelos, alertó.
Además de esas pruebas, funcionarios de gobiernos y de servicios de inteligencia de varios países (entre ellos Polonia y Estados Unidos) resaltaron el hecho de que la sede polaca fue clave para el programa de la CIA, cuando fueron entrevistados por órganos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Unión Europea, así como por organizaciones no gubernamentales y periodistas.
Las fuentes siguieron hablando, pero bajo condición de anonimato dado que Polonia y Estados Unidos se negaron a revelar detalles oficiales del funcionamiento de las entregas extraordinarias.
En Polonia, una investigación de la fiscalía iniciada en 2008 adoptó hace poco un giro dudoso.
Hasta hace un año, la investigación estaba a cargo de la fiscalía de Varsovia, bajo dos procuradores sucesivos. En 2011, el principal periódico de Polonia, Gazeta Wyrbocza, informó que el primer fiscal llegó a consultar a expertos legales sobre las implicaciones que tendría el hecho de que este país hubiera tenido una instalación empleada por agentes extranjeros para torturar presos.
La prensa local informó en 2012 que el segundo fiscal dijo a Zbigniew Siemiatkowski, jefe de los servicios de inteligencia entre 2002 y 2004, que sería acusado de violar el derecho internacional por permitir la detención ilegal de presos en Polonia, lo que confirmó el propio implicado.
Sin embargo, hubo cambios después de que el caso salió a la luz pública, fue derivado a la sureña ciudad de Cracovia.
Mikolaj Pietrzak, el abogado polaco de Al-Nashiri, logró tener derecho a estar informado sobre el desarrollo de la investigación después de 2010, cuando las autoridades concedieran a su cliente el estatus de víctima.
Pietrzak dijo a IPS que mantuvo una buena relación de cooperación con los fiscales de Varsovia, donde el segundo procurador incluso le dio acceso al expediente completo, en el que había información clasificada.
Pero desde que el caso fue derivado a Cracovia solo pudo ver documentos no clasificados y después de una significativa presión de su parte.
«Es extremadamente irregular que un caso pase por tres fiscales diferentes», subrayó Pietrzak. «Y el hecho de que en el último año no haya avanzado nada parece ser un dato muy triste de la investigación», añadió.
Piotr Kosmaty, portavoz de la fiscalía de Cracovia, confirmó a IPS que el plazo para cerrar el caso, que vencía en febrero de este año, se había extendido. Pero puntualizó que la nueva fecha era información reservada.
Según Adam Bodnar, director de la división legal de la Fundación de Helsinki, «todos los pasos dados para prolongar la investigación están encaminados a no tomar una decisión formal y concluyente sobre este caso». «Es una piedra en el zapato para los fiscales y dirigentes políticos polacos», remarcó Bodnar.
«No pueden simplemente redimir a Polonia, generaría una protesta. Pero también es imposible presentar cargos contra Siemiatkowski o Leszek Miller (primer ministro entre 2001 y 2004) en la actual coyuntura política. Entonces tratan de prolongar la situación lo más posible», explicó.
Sin embargo, parece imposible barrer el caso debajo la alfombra.
Al-Nashiri presentó una demanda contra Polonia en la Corte Europea de Derechos Humanos. También preparan un caso similar los abogados de Abu Zubaydah, el primer «detenido de alto valor» del programa de la CIA, y que al parecer fue traído a Polonia en el mismo vuelo N63MU.
Pietrzak y Bodnar dijeron que hay suficientes pruebas para demostrar que este país violó las Convenciones de Ginebra, aun si Polonia mantiene su negativa a revelar cualquier información a la Corte Europea de Derechos Humanos.
Ello con base en que no ofreció a los denunciantes protección en su territorio y permitió su traslado a Estados Unidos, donde eran pasibles de ser condenadas a muerte.
Pietrzak, quien en determinado momento tuvo acceso a todo el expediente de la investigación polaca, sostuvo que «este caso será muy difícil de anular porque hay muchas pruebas, y no se puede hacer como que lo que está en los expedientes de los fiscales no existe».
Según el abogado, si la investigación polaca se cierra sin resultados, como representante de una víctima tendrá el derecho procesal de presentar una apelación ante un tribunal local. En ese caso, puede incluir como pruebas toda la información confidencial a la que tuvo acceso.(FIN/2013)