Tras varias huelgas de advertencia y una huelga indefinida de cuatro semanas, que duró hasta mediados de junio, la asociación de empleadores comunales, tras haber llegado a acuerdos que afectaban a dos millones de asalariados y asalariadas de servicios públicos, solicitó la puesta en pie del sistema de mediación que [por Ley] obligó a interrumpir […]
Tras varias huelgas de advertencia y una huelga indefinida de cuatro semanas, que duró hasta mediados de junio, la asociación de empleadores comunales, tras haber llegado a acuerdos que afectaban a dos millones de asalariados y asalariadas de servicios públicos, solicitó la puesta en pie del sistema de mediación que [por Ley] obligó a interrumpir la huelga.
La propuesta de los mediadores consistió en un aumento salarial promedio del 3,4 %, en el que se privilegiaba al personal directivo (según los mediadores, las directores de las guarderías obtendrían un aumento salarial del 4,5 %) mientras que para la gran mayoría del personal afectado (educadoras y el resto de las y los asalariados) el incremento oscilaba entre el 1 y el 3 %.
Los dirigentes del sindicato de servicios Ver.di (una de las grandes federación de la DGB) del sector estaban por aceptar esta propuesta, pero las asambleas del personal afectado y organizado en Ver.di que se realizaron a finales de junio se pronunciaron contra la propuesta de los mediadores, no sólo en relación al incremento salarial sino, también, en relación a la duración del acuerdo, que quedaba establecido en cinco años. Muy largo.
Hace un mes escribimos: «Ahora se realizará una consulta entre el personal afectado que durará hasta principios de agosto y, probablemente, el 13 de agosto se reanudarán las negociaciones con la patronal. Si estas no llevan a buen puerto, es muy probable que en otoño se vuelva a la huelga.» (ver http://www.vientosur.info/
La consulta entre la afiliación de Ver.di y en la GEW, un pequeño sindicato de educadores y profesores de escuela de la DGB, tuvo lugar en julio y en los primeros días de agosto; su resultado no deja lugar a dudas: casi el 70 % de la gente afectada de ambos sindicatos han rechazado la propuesta de los mediadores, de la misma forma que lo ha hecho el más del 60 % de las educadoras y de los trabajadores sociales organizados en la DBB (sindicato del funcionariado estatal, independiente de la DBG).
Como señaló el presidente de Ver.di, Frank Bsirske, este resultado «es un mensaje claro dirigido a la dirección del propio sindicado como a la patronal»; y anadió: «La huelga va a continuar. La mediación ha fracasado.» El martes, 11 de agosto, la comisión de negociación colectiva a nivel federal se reunió en Frankfurt para adoptar una posición. Si la patronal no recula en las negociaciones que tendrán lugar el 13 de agosto ante la firme determinación de las educadoras, la lucha retomará su curso en los días siguientes, y es de esperar que asistamos a semanas de huelgas masivas.
La determinación de las educadoras a no resignarse a cambio de un plato de lentejas tiene una explicación sencilla. La campaña desarrollada para lanzar la huelga se marcó como objetivo la obtención de una verdadera revalorización del trabajo educativo, tradicionalmente considerado como femenino y, por tanto, mal remunerado. Esta revalorización, en lo que respecta a los salarios implicaba la equiparación con el resto de empleados del secor público con cualificaciones profesionales similares, lo que supondría un incremento salarial medio del 10 %.
A esto hay que añadir que las condiciones de trabajo de las educadoras se han endurecido cada vez más. Cada día se encuentran obligadas a responder a nuevas tareas (integración, inclusión, preparación, etc.) sin un personal específicamente cualificado para las mismas.
Resulta confortante que, a diferencia de hace seis años, en esta ocasión, la legitimidad de las reivindicaciones y de la lucha de las educadoras goce de un amplio reconocimiento entre el público, así como el que una parte significativa de padres y madres afectados por la huelga se han solidarizado con ellas. Una victoria de las educadoras daría aliento a otros sectores, sobre todo a quienes están en vías de privatización y son víctimas del deterioro de sus condiciones de trabajo y de vida.
Así, por ejemplo, los pilotos de Lufthansa se muestran contrarios a las nuevas maniobras de la dirección que intenta aumentar los beneficios a costa de la gente asalariada y de la seguridad de las y los usuarios. Para mejorar su capacidad competitiva con las compañías de bajo coste, Lufthansa quiere utilizar viejos aparatos Airbus 330 y 340 para largos trayectos (Kenia, Mauritania o México) y que éstos sean pilotados por 200 pilotos de su filial «autónoma» CityLine, que han sido formados y sólo tienen experiencia en trayectos cortos (¡Berlín-Dusseldorf o Colonia-Hamburgo!). Además, los pilotos de Lufthansa experimentados en largos trayectos ¡deberán ayudar a los pilotos de CityLine a formarse en esta nueva tarea!
La mayoría de pilotos considera inaceptable este plan, denominado «Jump»: «¿Vamos a ser nosotros los encargados de eliminar nuestros propios puestos de trabajo?»; y han ofrecido un montón de argumentos para demostrar que este plan «Jump» atenta a la seguridad del personal de vuelo como de las y los usuarios. Si la dirección de Lufthansa se obstina en ello, estamos a las puertas de un nuevo conflicto. (Ver Express, diario de Colonia, del 9 de agosto de 2015)
Manuel Kellner es Redactor del periódico SOZ (Sozialistische Zeitung): www.sozonline.de
Fuente original: http://www.vientosur.info/