Panamá ha sido estas semanas escenario de protestas y actos oficiales que reclamaron justicia sobre la invasión militar de Estados Unidos el 20 de diciembre de 1989, cuando las tropas estadounidenses usaron todo su poderío contra la población y las pocas unidades panameñas que resistieron, dejando un saldo de al menos cinco mil muertos, cientos de ellos ejecutados sin causa alguna, y unos 40 mil heridos.
El gobierno panameño declaró el 20 de diciembre como Día de Duelo Nacional. “La invasión al territorio panameño por parte de EEUU es un acontecimiento que produjo la muerte o la desaparición física de un número plural de panameños, cuyos familiares aún desconocen su paradero, y la afectación física de otros, que sufrieron lesiones personales y morales de diversas índoles, con secuelas que en muchos casos todavía perduran”, señaló el decreto oficial.
Pero los activistas recuerdan también el silencio que seis gobiernos consecutivos de Panamá guardaron ante este genocidio.
La operación bélica denominada ‘Causa Justa’, durante el mandato de George Bush (padre) fue protagonizada por unos 26 mil soldados estadounidenses contra un pueblo indefenso y orquestada con la intención de derrocar al general Manuel Antonio Noriega y desestructurar sus fuerzas armadas. Los familiares de las víctimas no han recibido una reparación integral a pesar de recomendaciones como la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que así lo sugiere en un fallo de 2018.
Juan Planells, presidente de la gubernamental Comisión Nacional 20 de diciembre, encargada de investigar los acontecimientos, informó recientemente que desde 2022, un moderno laboratorio de ADN ayudaría la identificación de restos de cadáveres hallados en exhumaciones en los cementerios Jardín de Paz, en la provincia de Panamá, y en Monte Esperanza, en la caribeña Colón.
La invasión, según el gobierno estadounidense, pretendía “salvaguardar la vida de 30 mil ciudadanos norteamericanos que residían en Panamá; proteger el canal y 142 sitios de defensa de los Estados Unidos en el país; ayudar a la oposición a establecer una democracia genuina y neutralizar las Fuerzas de Defensa, además de capturar al general Antonio Noriega”. En realidad, los estadounidenses bombardearon barrios provocando destrucción, dolor y la muerte de una cifra indeterminada de personas indefensas.
Fue un acto criminal no provocado, injustificado, clasista (sus principales víctimas fueron los barrios pobres), genocida e inusual que la primera potencia del mundo lanzó contra un pueblo carente de ejército, fuerza aérea, marina y de radares, y cuando las tropas panameñas estaban divididas, penetradas y desmoralizadas luego de cuatro años de ablandamiento mediante guerra híbrida. No fue una guerra sino una masacre.
Las Fuerzas de Defensa de Panamá solo contaban con 2.500 unidades militarizadas; estados Unidos con 40 mil. Fue un acto de cobardía contra un pueblo tradicionalmente pacífico y aliado, con el objetivo de deshacerse de los Tratados Torrijos-Carter de 1977 sobre el canal de Panamá, los cuales debían cumplirse el 30 de diciembre de 2000.
Veinte años antes había comenzado la operación. El 16 de diciembre de 1969, un golpe de la CIA derrocó a Omar Torrijos cuando se encontraba en México. El militar regresó en una frágil avioneta alquilada y pudo aterrizar en David, capital de la provincia de Chiriquí. Con dificultad, la avioneta aterrizó de noche gracias a que el jefe militar de la provincia iluminó la pista, que carecía de luces, con dos líneas de automóviles.
El golpe de la CIA fracasó gracias al jefe de la Zona Militar, Manuel Antonio Noriega, a quien Torrijos nombró como enlace de Inteligencia con EEUU. Noriega estaba relacionado con la CIA desde sus años en la Escuela Militar de Chorrillos de Perú, pero también fue estudiante del Instituto Nacional, cantera del nacionalismo panameño.
El 5 de diciembre de 1985, el Director del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, almirante John Poindexter, fue enviado a Panamá por John Galvin, jefe del Comando Sur, donde le exigió a Noriega, jefe de las Fuerzas de Defensa de Panamá en la base aérea de Howard que el expresidente Nicolás Ardito Barletta (entonces vicepresidente del Banco Mundial), expulsado bajo presión popular, “regrese al poder hacia fines de diciembre”;
Además le exigió que Panamá ponga fin a su rol como negociador de la paz en Centroamérica, que rompa relaciones con Cuba y limite la presencia cubana en el país, y le dejó en claro que “la doctrina militar panameña es un mal ejemplo para otros ejércitos en la región”. Noriega le respondió que sus palabras y amenazas son un insulto. (…) ¡Váyase y regrese por donde vino!, pero averigüe sobre Panamá antes de que se atreva a hablar conmigo de nuevo, y que alguien le informe sobre la verdad de nuestra relación.”
Las presiones del Consejo de Seguridad Nacional y del Comando Sur estadounidense a los mandos panameños, en nombre de los presidentes Ronald Reagan y Georges Bush, eran para que Panamá apoyara las operaciones contra la guerrilla en El Salvador y el gobierno revolucionario en Nicaragua
En el verano de 1986, Noriega se reunió en Londres con el coronel Oliver North, célebre por el affaire Irán-Contras, quien se quejó de que los contrarrevolucionarios nicaragüenses y mercenarios no demostraban habilidad para el combate y sugirió que las Fuerzas de Defensa de Panamá realizaran “actos espectaculares de sabotaje en Nicaragua”, como “hacer explotar cables de alta tensión, actos de terrorismo en Managua, minar los puertos, etc.”. Los militares panameños eran la última esperanza.
Según Julio Yao, Constantine Menges, miembro del CSN, también presionó a Noriega para que las Fuerzas de Defensa dejaran el poder, tras exigirle que Panamá rompiera con el Grupo de Contadora para la Paz en Centroamérica, que se permitiera el entrenamiento de los “contras” en la Zona del Canal (aún en poder de EEUU); que la Escuela de las Américas, expulsada en 1984, regresara a Panamá, y que se abrogaran los Tratados Torrijos-Carter sobre el Canal.
Una masacre-ensayo
La invasión de 1989, la operación que EEUU ensayó para la Guerra del Golfo, fue un crimen contra el Derecho Internacional y la mayor proyección militar de EEUU desde la Guerra de Vietnam, que se compara con la invasión, masacre y esclavización de Manchuria (China) por el Imperio japonés en 1931; la Masacre de Nanking (China) por parte de Japón en 1937 (250 mil campesinos fueron asesinados de en dos semanas.
O con el bombardeo de EEUU e Inglaterra a la ciudad alemana de Dresde em 1945 –con más de 250 mil muertos civiles en una noche gracias a mil 800 toneladas de bombas en tres horas a medianoche, cuando la guerra ya estaba ganada; o la masacre de Hiroshima y Nagasaki con bombas atómicas lanzadas por EEUU también en 1945, con cientos de miles de muertos, heridos y afectados genéticamente, para no mencionar las masacres durante las invasiones a Irak, Afganistán, Siria y Libia.
Álvaro Verzi Rangel. Sociólogo, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
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