Una década después de presentado el primer proyecto de ley sobre software libre, la Cámara de Representantes le dio su aprobación. Aunque aún debe ser votada por los senadores, la nueva legislación supone un avance importante que coloca al país entre aquellos que promueven la soberanía en materia de información. «Las instituciones del Estado deberán […]
Una década después de presentado el primer proyecto de ley sobre software libre, la Cámara de Representantes le dio su aprobación. Aunque aún debe ser votada por los senadores, la nueva legislación supone un avance importante que coloca al país entre aquellos que promueven la soberanía en materia de información. «Las instituciones del Estado deberán intercambiar información en formatos abiertos, con códigos disponibles y que puedan ser manejados libremente», dijo el diputado del mpp Julio Battistoni, presidente de la Comisión Especial de Innovación, Investigación, Ciencia y Tecnología, en un video difundido por su organización sobre la ley «software libre y formatos abiertos en el Estado», aprobada por los diputados el 19 de diciembre con los votos del Frente Amplio y del Partido Colorado. Pese a la amplia mayoría que obtuvo, la ley debió esperar nada menos que diez años para conseguir ser tratada y aprobada por una de las dos cámaras. En 2003, bajo la presidencia de Jorge Batlle, la diputada Daisy Tournée presentó un primer proyecto de ley que no tuvo andamiento. Bajo el gobierno de Tabaré Vázquez se intentó reflotarlo pero no había consenso dentro del Frente Amplio.
En esta ocasión pudo avanzarse porque se sumó un conjunto de iniciativas a lo largo de varios años. Entre ellas destacan la realización de la Conferencia Internacional de Software Libre y Código Abierto organizada por Antel en mayo pasado. En junio se realizó en Porto Alegre el Foro Internacional de Software Libre, el encuentro temático más importante de América Latina, al que Uruguay asistió con expositores y activistas. En noviembre se realizó el Foro sobre Software Libre impulsado por la Comisión de Innovación, Investigación, Ciencia y Tecnología del Parlamento.
UNA LEY BREVE. Tiene sólo cinco artículos. El primero señala que todos los organismos del Estado «deberán distribuir toda información en al menos un formato abierto, estándar y libre» y que «todo pedido de información deberá ser aceptado en al menos un formato abierto y estándar». El segundo establece que cuando las instituciones y dependencias estatales «contraten licencias de software se dará preferencia a licenciamientos de software libre», y que «en caso de que se opte por software privativo se deberá fundamentar la razón basada en aspectos técnicos que no puedan ser resueltos con software libre».
A su vez, se establece que el intercambio de información realizado con el Estado, a través de Internet, «deberá ser posible en, al menos, un navegador de Internet licenciado como software libre». La propia ley define qué entiende por software libre: el que pueda ser usado para cualquier propósito, que el usuario tenga «acceso a su código fuente, de forma que pueda ser estudiado y cambiado para adaptarlo a las necesidades», y que «pueda ser copiado y distribuido». También debe ser posible mejorarlo y que dichas mejoras sean accesibles a los usuarios. La nueva ley define también qué se entiende por formatos abiertos: «formas de manejo y almacenamiento de los datos en los que se conoce su estructura y se permite su modificación y acceso no imponiéndose ninguna restricción para su uso. Los datos almacenados en formatos abiertos no requieren de software privativo para ser utilizados». De este modo se procede a la democratización de la utilización de software.
Diego Pons e Ismael Castagnet, miembros del Centro de Estudios de Software Libre (Cesol), señalan que se trata de «un buen comienzo, ya que cuando un país no avanza lo suficiente en un área estratégica, es bueno que se tenga un marco legal para que lo haga». En ese sentido, que el congreso del fa realizado en 2009 haya aprobado la utilización del software libre en la administración pública fue uno de los pasos decisivos que consiguieron destrabar los impedimentos. El problema puede sobrevenir, en opinión de Pons, «cuando se proceda a la reglamentación de una ley que es muy escueta y por lo tanto muy general». Más aun cuando, según Battistoni, «no todas las voces del Estado, especialmente la agesic,* están de acuerdo en esto de dar preferencia al software libre sobre el software privativo, aunque el resto de las opiniones en el Estado están de acuerdo».
OPOSICIÓN DE LOS EMPRESARIOS. La Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI) emitió una declaración en la que cuestiona la ley aprobada, entendiendo que representa un incremento en los gastos del Estado, al tiempo que pone en riesgo el crecimiento de la industria de las TIC. Aseguran que el proyecto es muy perjudicial para el modelo de la industria tic de Uruguay, «que por su tamaño y limitados recursos humanos capacitados, necesita poner foco en la venta de licencias por la utilización de sus productos para poder seguir creciendo». En especial, los empresarios agrupados en la cámara consideran que «establecer preferencia a favor de un modelo de software libre sería contraproducente tanto para la industria como para el Estado», porque el costo puede no ser menor.
Creen que ya existen muchas aplicaciones en todos los ámbitos del Estado que no están basadas en software libre, y que la migración a este sistema puede tener un costo elevado y generar dolores de cabeza. En segundo lugar, Álvaro Lamé, ex presidente de cuti, dijo que la migración del Estado a software libre puede «seguir empeorando la situación del sector con respecto a recursos humanos», cuando ya es difícil encontrar personal especializado en el sector. Sostuvo que otros países que adoptaron el software libre, como Brasil e India, tienen una masa crítica de personal especializado con la que Uruguay no cuenta.
Por último, los empresarios rechazan la indicación de la ley de que las «instituciones educativas del Estado deberán formar a sus educandos en la utilización de software libre además del incluido en las propuestas programáticas actuales». Los miembros de cuti demandaron por el contrario que los estudiantes se formen «según las necesidades del mercado», y sostuvieron que apostar a que se preparen con software libre es malgastar recursos y tiempo. «Por eso creo que las instituciones educativas deben tener libertad de encontrar las necesidades del mercado y cubrirlas de la mejor forma posible», dijo Pablo Salomón, presidente de CUTI, a Montevideo.com. Pons y Castagnet dijeron a Brecha que los argumentos empresariales son insostenibles. «No es cierto que los va a perjudicar, porque reconocen que sólo el 12 por ciento de las ventas del sector se dirigen al Estado. En segundo lugar la escasez de mano de obra nos parece genial, porque es tanto como decir que se está desarrollando el sector, salvo que lo que ellos quieran sea mano de obra barata. Por otro lado, la compra de software libre por el Estado va a favorecer a las pymes, hacia donde se va a desplazar el centro de gravedad de la industria.»
Álvaro Rettich, arquitecto de software y parte del equipo de desarrollo de Agenda Electrónica, de la Intendencia de Montevideo, se preguntó durante el foro: «¿Qué es lo que nos da el software libre? En primer lugar, nos provee libertad de uso donde y cuando queramos. Además, nos da libertad de estudio; podemos estudiar su funcionamiento porque tenemos el código fuente. Incluso podemos cambiar el código fuente, liberar esas modificaciones y distribuirlas. También podemos distribuir libremente ese código; podemos hacer copias. A la vez, acumula más y mejor calidad para los usuarios y para los desarrolladores. ¿Por qué? Porque se produce una interacción constante entre usuarios y desarrolladores, que dan soporte a toda esta estructura. Por algo entre los usuarios están la nasa, Google, Wikipedia, la unesco, y cada vez se suman más usuarios al uso del software libre». Fernando da Rosa, profesor a cargo del Área Multimedia y tic en Ciencias de la Comunicación, de la Udelar, hizo hincapié en la importancia de los costos y subrayó que por trabajar con software libre la Intendencia de Montevideo ahorró, desde 2007, un millón de dólares. Pero señaló que no debe perderse de vista la importancia de la autonomía y soberanía que otorga el trabajar con tecnologías abiertas.
La ley que debe ahora tratar el Senado abre nuevos horizontes y coloca al país en sintonía con sus socios de la región, cuyos gobiernos tienen una política activa de promoción del software libre como forma de impulsar la soberanía e independencia en materia de tecnologías de la información.
* Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento, unidad ejecutora dependiente de la Presidencia de la República.
Fuente: BRECHA SOCIEDAD Pag. 16 04/01/2013