No descubro nada si digo que el gobierno griego no tiene ningún margen de maniobra y únicamente se puede limitar a lo que le exigen los acreedores. El grave conflicto abierto en la universidad pública es un claro ejemplo de que los ministros son figuras de papel, sin ninguna consistencia ni poder. Tras 11 semanas […]
No descubro nada si digo que el gobierno griego no tiene ningún margen de maniobra y únicamente se puede limitar a lo que le exigen los acreedores. El grave conflicto abierto en la universidad pública es un claro ejemplo de que los ministros son figuras de papel, sin ninguna consistencia ni poder.
Tras 11 semanas de huelga por parte de los trabajadores administrativos, el ministro de Educación, Konstantinos Arvanitopulos, no ha sido capaz de dar la cara ni de buscar una solución a los cerca de 1.400 despidos, que suponen un 40% del personal no docente en las universidades estatales. Su monótona letanía, ‘ya está todo hablado, no se puede hacer otra cosa’, solo ha empeorado la situación y su único recurso para tratar de doblegar a los huelguistas es la criminalización y la represión.
Sin embargo, ni el dictamen del Consejo de Estado ni dos sentencias de tribunales de primera instancia han conseguido que los trabajadores vuelvan a sus puestos o, al menos, permitan el paso a las universidades para que se de inicio a un curso que, probablemente, va a dar por perdido su primer semestre.
Tampoco la amenaza de llenar de policías el campus ha dado el resultado esperado, bien al contrario, la medida motivó el lunes la renuncia de la Junta de Gobierno de la Universidad de Atenas en bloque, mientras que el claustro académico se negó a dar clases si la ‘normalidad’ tenía que ser impuesta con porras y gases.
El portavoz de la Junta, Valsamis Valsamakis, acusó al ministerio de haber llevado la situación a un callejón sin salida. En su carta de dimisión, dirigida al Rector, se explicaba que tanto el personal docente, como el administrativo y los estudiantes se hallaban en disposición de cumplir con normalidad la misión asignada a la institución educativa, sin embargo las medidas adoptadas por el ministerio lo hacían legal y éticamente imposible.
Debido a la situación, «extremadamente crítica» e inmanejable, se pedía una reunión con el primer ministro, Antonis Samarás, y con el viceprimer ministro, Evangelos Venizelos, «para romper el estancamiento que se ha creado en la Universidad y que conduce a la imposibilidad de llevar a cabo todas sus funciones». La respuesta del gobierno, como era de esperar, fue el más rotundo silencio.
El martes el ministerio presentó las listas de los futuros despedidos, las cuales según denunciaron rectores, decanos y administrativos estaban plagadas de graves omisiones y errores. La petición de una revisión o, mejor aún, de una reunión para aclarar los sistemas de baremación y los criterios seguidos fue contestada de nuevo con el silencio.
Según denunció la vicerrectora de la Universidad Técnica Nacional de Atenas, Tonia Moropulu, al menos 30 personas que presentaron sus datos conforme a lo solicitado, no aparecen. Mientras el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Atenas, Theodoros Fortsakis, se preguntaba cómo se podía despedir a 13 de los 17 administrativos con los que cuenta la facultad, y pretender mantenerla abierta y en funcionamiento.
El mismo día una trabajadora de la Universidad de Aristóteles, en Tesalónica, trató de suicidarse al conocer que su nombre se hallaba en la lista de despedidos, y solo la rápida actuación de sus compañeros evitó un fatal desenlace. El decano Yianis Mylopulos aseguró que «es necesario que detengamos este proceso aquí, la comunidad universitaria requiere parar aquí».
Silencio, silencio, silencio
Los trabajadores continuaban en huelga y bloqueando los accesos a los edificios, apoyados por un buen número de estudiantes que mantienen encierros en numerosos departamentos. El Rector de la Universidad de Atenas, Theodosis Pelegrinis, seguía pidiendo en vano una reunión con el ministro. Las únicas declaraciones de Arvanitopulos fueron hechas en una emisora de radio, para decir «haber agotado las posibilidades» y exigir al rector y a las autoridades universitarias «hacer cuanto esté en su mano para abrir las universidades». El ministro rechazó cualquier medida de diálogo pues «dentro de las limitaciones y necesidades del país», en referencia a que los despidos fueron impuestos por los acreedores extranjeros, «hicimos todo lo que pudimos para mantener las universidades abiertas».
Ante la situación de caos, el principal partido de la oposición, el izquierdista Syriza, acusó al ministerio de mantener «una actitud políticamente peligrosa e irresponsable» y demandó la retirada de los despidos pues únicamente «llevan a la educación, la investigación y las universidades al colapso».
A su vez, el Partido Comunista de Grecia emitió una breve nota para dar su respaldo a «la justa lucha de los administradores contra los despidos y el autoritarismo del gobierno» y denunciar los planes del ejecutivo para privatizar la universidad pública con el fin de «hacerla inaccesible a los hijos de clase trabajadora y subordinar su funcionamiento a las necesidades del capital».
Para tratar de acabar con la postura inmovilista del gobierno, el miércoles fue la Junta de Gobierno de la Universidad Aristóteles de Tesalónica la que decidió presentar su dimisión de forma colectiva. Mientras tanto nuevas universidades se sumaban a la huelga.
En su comunicado de renuncia los gestores responsabilizaron al Estado y al ministerio de no querer solucionar la grave crisis en la que se hallan las universidades públicas que, con cerca de un 40 por ciento menos de su personal administrativo, solo podrán proceder a su disolución. Añadieron que «la retirada de la mayor parte, y más cualificada, de los funcionarios del servicio de Administración y Finanzas, y del Comité de Investigación de la Universidad Aristóteles» acarreará problemas insuperables en la gestión financiera y de todo tipo. Y por todo ello solicitaron al gobierno la retirada del programa de despidos. Una vez más se encontraron con el silencio.
La semana acaba como empezó con las universidades cerradas, los empleados en huelga y el gobierno presionando a la justicia, una vez asumido el fiasco de querer utilizar a la policía para romper la huelga. Ante la negativa del gobierno de realizar ninguna concesión, la solución sigue estando muy lejos, pero la brecha se sigue abriendo con consecuencias impredecibles.
Antonio Cuesta es corresponsal de la Agencia Prensa Latina en Grecia. Su blog de noticias es: http://deatenas.tumblr.com
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