El derrocamiento de Evo Morales con el golpe de Estado del domingo confirma que la cuestión militar ha regresado en América Latina para quedarse y, eventualmente, consolidarse. Entiendo la cuestión militar en un sentido estrecho: remite a la centralidad adquirida por la amenaza y el efectivo uso de la fuerza, así como el lugar del […]
El derrocamiento de Evo Morales con el golpe de Estado del domingo confirma que la cuestión militar ha regresado en América Latina para quedarse y, eventualmente, consolidarse. Entiendo la cuestión militar en un sentido estrecho: remite a la centralidad adquirida por la amenaza y el efectivo uso de la fuerza, así como el lugar del control civil y democrático de las fuerzas armadas. El involucramiento de las fuerzas armadas en asuntos de orden público, su preponderancia para el mantenimiento y defensa de un determinado gobierno, la participación de los militares en la vida electoral de un país, su involucramiento en la violación de los derechos humanos, la militarización del tratamiento de fenómenos como el negocio de las drogas y las migraciones, y el recurso al golpismo constituyen manifestaciones concretas de lo que denomino la cuestión militar. Esta situación, que obedece a causas esencialmente internas, en América Latina ha estado vinculada (inspirada, estimulada, cohonestada) en algunos aspectos a la política militar de Estados Unidos en la región.
Una rápida mirada del año 2019 revela el despliegue y el alcance de la restaurada cuestión militar. En Centroamérica, cualquiera sea la orientación del gobierno, y con excepción de Costa Rica, los militares son actores claves en materia de seguridad interna, en la lucha contra el narcotráfico, en la preservación de gobiernos impugnados, y en el combate contra las drogas y para frenar la migración hacia Estados Unidos. La influencia del Comando Sur de Estados Unidos en Honduras, Guatemala y El Salvador ha sido, y es, decisiva.
En México, la creación de la Guardia Nacional para combatir el crimen organizado no ha implicado la desmilitarización de la «guerra contra las drogas«. En Colombia, el lentísimo avance, por parte del gobierno, de los compromisos acordados con las FARC y el surgimiento de una disidencia que ha regresado a la lucha armada al tiempo que ha fracasado el diálogo con el ELN por acción de la guerrilla, refuerza -una vez más- la incidencia de las fuerzas armadas en la vida nacional. En Venezuela, el principal sostén del gobierno de Nicolás Maduro son los militares. En los tres países mencionados, por incidencia (México), soporte (Colombia) y amenaza (Venezuela), el papel de Washington es gravitante.
En Ecuador, el gobierno adoptó severas medidas de ajuste en el marco de un acuerdo con el FMI y, ante las masivas movilizaciones, decretó el toque de queda. La imagen fotográfica del presidente Lenin Moreno respaldado por los cuatro representantes de las fuerzas armadas y de seguridad después de haberse trasladado de Quito a Guayaquil epitomizó el papel de los militares en el sostenimiento de una administración crecientemente impopular. En Chile, el presidente Sebastián Piñeira implementó un incremento de las tarifas del subte que derivó en un multitudinario estallido social que no cesa. La respuesta oficial inmediata fue decretar Estado de emergencia y aplicar una implacable «mano dura».
En Brasil, la fórmula presidencial triunfante es de ex militares, al tiempo que varios legisladores electos son miembros retirados de las fuerzas armadas y de seguridad. Hay que ir a los años sesenta para identificar tanto acercamiento militar brasileño a Estados Unidos. Por ejemplo, un militar brasileño se convirtió en vicecomandante de interoperabilidad del Comando Sur. Se aprobó un acuerdo bilateral para el lanzamiento de satélites, cohetes y naves desde la base de Alcántara. Brasil firmó un acuerdo con la Guardia Nacional del Estado de New York. Y más recientemente, el presidente Donald Trump designó a Brasil aliado extra-OTAN. En Uruguay, el ex general Guido Manini obtuvo 12 por ciento de los votos en la elección de octubre, logrando 3 senadores y 11 diputados.
En Bolivia, lo ocurrido el domingo se enmarca en lo que alguna vez denominé neogolpismo. El golpe de Estado convencional remite a la usurpación ilegal, violenta, preconcebida y repentina del poder por parte de un grupo liderado por los militares y compuesto por las fuerzas armadas y algunos sectores sociales de apoyo. El neogolpismo lo encabezan más abiertamente los civiles y cuentan con el respaldo tácito (pasivo) o la complicidad explícita (activa) de las fuerzas armadas, pretende violar la constitución del Estado de modo menos ostensible, intenta preservar una semblanza institucional mínima, no siempre involucra activamente a una gran potencia (por ejemplo, Estados Unidos) y aspira más a resolver una crisis política que a fundar un orden novedoso.
La cuestión militar está de vuelta en América Latina en general y en América del Sur, en particular. El gobierno entrante debe estar atento a esta tendencia para actuar en consecuencia. En ese sentido, parece imprudente que se llegara a llevar a cabo la eventual disolución de la AFI. En las actuales circunstancias regionales, lo más relevante para un país como Argentina es poseer una sólida inteligencia estratégica.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/230424-latinoamerica-y-el-retorno-de-la-cuestion-militar