Intentaré exponer tres lecciones fundamentales que, según creo, deben extraerse del reciente aumento salarial aprobado por el tripartito Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM) el pasado catorce de diciembre en El Salvador. Trataré de hacerlo lo más brevemente posible, buscando, al mismo tiempo, aclarar al máximo los puntos planteados. Pero primero los datos: el miércoles […]
Intentaré exponer tres lecciones fundamentales que, según creo, deben extraerse del reciente aumento salarial aprobado por el tripartito Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM) el pasado catorce de diciembre en El Salvador. Trataré de hacerlo lo más brevemente posible, buscando, al mismo tiempo, aclarar al máximo los puntos planteados.
Pero primero los datos: el miércoles catorce de diciembre, los representantes del sector laboral y del gobierno central aprobaron (sin la participación de los representantes empresariales), en el CNSM, un incremento al salario mínimo, que lo fija en US$300.00 para los sectores comercio, servicio e industrias; US$295.00 para los sectores de maquilas; 224 para la recolección de caña de azúcar y la industria del café; y US$200.00 para lo relacionado a la recolección de café y algodón. Visto en perspectiva regional el ajuste no es tan halagador, pero comparado con el salario vigente, donde encontramos salarios por debajo de los US$100.00, el incremento aprobado es, si quiere, sustantivo1.
I. Las reformas continúan teniendo un origen estatal o más exactamente gubernamental. En primer lugar, es preciso concebir el recién aprobado aumento salarial como el resultado de la acción gubernamental. Esto significa, principalmente, que el actor clave que (1) puso en el debate público un incremento sustantivo al salario vigente; (2) prolongó dicho debate por casi un año, evitando que la representación empresarial y laboral concretaran el acuerdo de un pírrico incremento salarial; (3) maniobró jurídica y políticamente para conseguir un cambio en la relación de fuerzas al interior del CNSM; y (4) logró conseguir al final el citado incremento, no fue otro más que el aparato gubernamental.
Es más, en el largo camino que condujo al incremento salarial aprobado el día catorce, la administración gubernamental debió oponerse, en las más variadas ocasiones, a la negativa de los sectores hegemónicos del empresariado salvadoreño por acordar un incremento sustantivo al salario mínimo. Las ramas del ejecutivo encargadas del tema realizaron, en los últimos meses, una serie de acciones que abarcan desde la apertura de las sesiones del CNSM a la prensa, la instalación de foros públicos para discutir el tema, hasta la misma convocatoria para renovar la representación laboral al interior del CNSM.
En todo el camino recorrido, los dos actores que sostuvieron el debate público fueron, por un lado, el gobierno central y, por el otro, las gremiales empresariales. Obviamente, los primeros en favor del incremento finalmente aprobado y los segundos en contra. El movimiento sindical no apareció en escena sino hasta cuando ya los dos primeros actores habían trasladado el debate a la opinión pública; y al final, cuando lo hicieron, fue solo a través de pequeñísimas concentraciones, comunicados de prensa y demás repertorios que, aparte de aislados y dispersos, poca o nula capacidad pudieron haber tenido de disputar realmente la balanza a favor del incremento salarial recientemente aprobado.
En una palabra: el incremento salarial no puede ser visto, bajo ninguna circunstancia, como el resultado de la movilización del movimiento sindical, sino, por el contrario, de las lógicas de la acción gubernamental. Es pues, una reforma que comienza y termina con el gobierno central. Es este último el actor principal de semejante reforma.
II. El que el incremento salarial haya sido encabezado, no por el movimiento sindical, sino por el gobierno central, no puede ser más que la expresión de la debilidad (ya crónica) de aquel. En efecto, el hecho de que una reforma tan básica como el incremento salarial -que de por sí se impone cada tres años, no por la presión popular, sino por el peso muerto de la legislación- haya sido encabezada por un actor tan ajeno como la administración gubernamental, no puede ser más que un índice sintomático de una clara debilidad del movimiento sindical salvadoreño.
En efecto, que los sindicatos del país hayan sido incapaces no ya de hegemonizar la coyuntura por un incremento salarial, sino simplemente de construir una propuesta consensuada para el mismo, habla muy mal del estado actual del sindicalismo salvadoreño. Los gremios ligados al gobierno y al partido FMLN se plegaron, formalmente, a la propuesta del ejecutivo, pero reusaron (¿o fueron incapaces? de) movilizar a sus bases para endosar a semejante propuesta un peso decisivo, y convertir de hecho al movimiento en un actor tanto o más importante que el mismo gobierno central. Por su lado, «los independientes» (agrupados principalmente en torno a la Coordinadora Sindical Salvadoreña) propusieron un incremento del salario mínimo a $500 (casi que por pura formalidad), dedicando, a la vez, no más que un pírrico esfuerzo de movilización que en nada se compara a otras reacciones suyas, cuando se trata de temas que tocan de lleno a la aristocracia asalariada del sector público (por ejemplo, a los empleados de Salud con salarios «escalafonados» arriba de los US$4,000.00). Esto redujo a los independientes a una figura puramente decorativa (y más aún, de signo negativo), en tanto evidenció la incapacidad del movimiento sindical salvadoreño de consensuar una propuesta, y cedió, consecuentemente, el terreno de la disputa salarial a los dos actores ya entronados: el gobierno central y las gremiales empresariales.
III. Estamos obligados a explicarnos porqué el gobierno del FMLN, contra las presiones de los gremios empresariales y aún con la debilidad crónica del movimiento sindical, tuvo la iniciativa (hasta ahora exitosa) de plantearse la necesidad de llevar acabo el incremento salarial aprobado.
Me parece que aludir a que el gobierno representa los intereses de las mayorías populares, incluidos los sectores laborales más precarizados y, consecuentemente, que su iniciativa de incremento salarial es explicable por semejante posición, es del todo incoherente, principalmente, por la línea de política-económica general sostenida por los gobiernos del FMLN durante los últimos siete años. Pero, por otro lado, también me parece inadecuado presentar el incremento salarial, (1) sea como un reflejo activo de la capacidad de movilización del sindicalismo, en tanto este último no se constituyó (como ya se dijo arriba) en un actor importante en la definición de semejante incremento salarial, (2) o bien, como un reflejo pasivo, donde el gobierno estaría buscando evitarse problemas con estallidos sociales que supuestamente estarían a la vuelta de la esquina. Nada demuestra que semejantes estallidos estarían siquiera medianamente cercanos y, por el contrario, lo que aparece más certero en el ambiente es la cruda estabilidad sociopolítica que ya se arrastra desde el 2001.
¿Qué queda entonces? Me parece que la única forma de explicar el hecho de que el gobierno central estuviese dispuesto a llevar adelante una larga jornada de debate público por un incremento sustantivo al salario mínimo -aún con la oposición de los gremios empresariales y la debilidad crónica del movimiento sindical- es la de considerar a este, más que como un reflejo (sea activo o pasivo, lineal o contradictorio) de clases y grupos sociales, como un actor propio, con una agenda e intereses particulares, los cuales, pese a su ligazón con el mundo empresarial, se definen principalmente en el ámbito de la política. Las acciones del FMLN se explican pues, ante todo, por esa capacidad de autonomía (sea relativa, al estilo Pulantzas, o potencial, como Skocpol, no nos interesa por ahora, ni es el espacio aquí para entrar a semejante debate) gubernamental frente a las clases y grupos sociales. Si se considera desde este punto, el dilema se resuelve rápidamente: el incremento salarial, en tal medida, estaba en la agenda gobiernista desde hace algunos años.
Vale -quizás- aclarar de antemano cualquier polémica con dos observaciones más: (1) autonomía no significa, naturalmente, neutralidad. Los estados y las administraciones gubernamentales nunca son neutrales. Es un hecho, en el caso salvadoreño, que los gobiernos del FMLN han posibilitado la reproducción de altas tasas de utilidad del capital oligárquico y extranjero, pero parecería exagerado e ilusorio considerarlo, por ese mero hecho, como el simple «comité administrativo de los negocios del capital». Por esta última vía, sería imposible explicarse el incremento salarial del que venimos hablando; (2) por otro lado, la capacidad autónoma de un gobierno (cuando aparece, lo que no es, naturalmente, siempre) no es un dato fijo, dado tanto para todo un período, como para todo tipo de acción, sino más bien un producto relacional, que tiene que ver con el juego de los actores (incluidos, claro está, el gobierno central como actor) en el tablero de la política, la economía y la cultura.
Nota:
1 Otra cosa es que dicho incremento pueda convertirse en un cambio significativo en la situación socioeconómica global de las familias empobrecidas del país, principalmente por la desregulación más ortodoxa del mercado en el país.
Joel Arriola es estudiante de Sociología en FLACSO-Ecuador.
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