La UE encontró, al parecer, un mecanismo para eludir su promesa de reducir 20 por ciento sus emisiones de gases invernadero para 2020. El Parlamento Europeo analizará desde este martes la posible transferencia de esa meta a proyectos «verdes» en países pobres.
Los presidentes y primeros ministros de la UE (Unión Europea) asumieron el año pasado la meta del 20 por ciento de reducción de emisiones de dióxido de carbono y otros gases responsables del recalentamiento planetario, respecto de 1990, en un plazo de 13 años.
José Manuel Barroso, presidente de la Comisión Europea –rama ejecutiva del bloque– dijo entonces que el continente debía transformarse en una economía de reducidas emisiones de carbono.
Pero en vez de requerir que las reducciones se logren dentro de la UE, una propuesta más reciente permitiría a los países del bloque comprar «créditos externos» a fin de que hasta 80 por ciento de los recortes se introduzcan mediante el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) en países más pobres.
Previsto en el Protocolo de Kyoto, el MDL permite que gobiernos y empresas de las naciones industriales obligadas a reducir sus gases invernadero cumplan en parte invirtiendo en proyectos limpios en países en desarrollo, para obtener reducciones certificadas de emisiones a costos más bajos.
Algunos ambientalistas creen que si el comité acepta esta iniciativa y algunos otros esfuerzos para debilitar un «paquete de clima y energía», la reputación de la UE como autoproclamada campeona del ambiente se verá empañada.
El no gubernamental Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) señaló que la votación representará el mayor esfuerzo legislativo para afrontar el cambio climático que el mundo haya visto hasta ahora.
Según la organización, la UE debe ubicarse en un espacio que le permita reclamar a otros contaminadores que asuman su responsabilidad en las conversaciones internacionales sobre cambio climático que tendrán lugar en diciembre en la occidental ciudad polaca de Poznan y el año próximo en Copenhague.
Las discusiones mundiales están diseñadas para servir de marco a un tratado que avance sobre el Protocolo de Kyoto (firmado en 1997 y en vigor desde 2005), que estableció objetivos de reducción de emisiones para el periodo que expirará en 2012.
Delia Villagrasa, asesora de políticas de WWF, dijo que la UE debería concentrarse en garantizar que la «vasta mayoría» de sus reducciones se registren dentro de su propio territorio.
«La UE tendrá que ser líder en las negociaciones globales si queremos un tratado global. Que la UE sea vista debilitando su paquete climático realmente perjudica su credibilidad en las negociaciones internacionales», sostuvo.
En las últimas semanas tuvieron lugar intensas negociaciones tras bambalinas entre europarlamentarios expertos de ambiente e industria.
Muchos integrantes de los principales partidos del Parlamento Europeo, los centroderechistas del Grupo Popular y los centroizquierdistas socialistas, urgen a que las medidas acordadas no castiguen a las firmas europeas.
El Parlamento es presionado para terminar sus deliberaciones sobre el paquete climático con celeridad. Francia, actualmente en la presidencia rotativa de la UE, es categórica en cuanto a que el trabajo sobre el informe debería completarse para fines de 2008.
Entre las cuestiones más polémicas figura qué reglas deberían aplicarse al Sistema de Comercio de Emisiones del bloque, que fija un límite general sobe la cantidad de dióxido de carbono que las empresas pueden liberar, y que luego les requiere adquirir permisos para sus emisiones.
Aunque los ecologistas insisten en que esos permisos deberían venderse y las ganancias utilizarse para combatir la pobreza y proteger el ambiente, algunas compañías que consumen grandes cantidades de energía advierten que quedarán en desventaja competitiva a menos que se les otorgue gratuitamente esas autorizaciones.
Fabricantes de productos químicos, metal, papel y cemento insinuaron que tendrán que abandonar Europa para instalarse en países con estándares ambientales más bajos si el Sistema de Comercio de Emisiones les resulta demasiado costoso.
Pero un nuevo estudio realizado por el centro de investigaciones Climate Strategies (estrategias climáticas) indica que los riesgos de reubicación son exagerados, estipulando que es improbable que las compañías dedicadas al acero empaquen sus cosas y abandonen áreas en las que tienen grandes inversiones de capital.
Y también, que otros factores más allá de las leyes ambientales tienen más probabilidades de determinar dónde opera una firma.
Karim Harris, de la organización Climate Action Network – Europe, dijo que algunos cabilderos industriales han recurrido al alarmismo.
«Si uno se fija en las razones por las que diferentes manufacturadores abandonaron Europa en el pasado, ve que no fue por medidas ambientales. Habitualmente esto tiene que ver con una mano de obra más barata», enfatizó.
Pero Robert Jeekel, de Eurometaux, que representa a los fabricantes de aluminio y otros metales, describió el alegato de alarmismo como «ridículo».
Jeekel pronosticó que el aumento de costos para la industria alentará a que las empresas dedicadas al aluminio se reubiquen en China, que está expandiendo su uso de carbón, una de las fuentes de energía más perjudiciales para la ecología.
El efecto neto será de pérdida total, tanto para la industria europea como para el ambiente, agregó.
En tanto, Francia presentó una nueva propuesta para retrasar la implementación de nuevas normas sobre las emisiones de dióxido de carbono procedentes de los automóviles.
Mientras que el automóvil promedio en la UE emite actualmente 158 gramos de dióxido de carbono por kilómetro, la Comisión Europea quiere que esto se reduzca a 130 gramos por kilómetro para 2015.
Tras la feroz presión ejercida por parte de firmas que producen vehículos pesados, Francia recomendó la semana pasada que el objetivo quede suspendido hasta 2015 a fin de darle a la industria más tiempo para prepararse.
Greenpeace reaccionó con indignación a ese plan.
«El presidente francés (Nicolas) Sarkozy no puede ignorar el continuo aumento de las emisiones del transporte si quiere ayudar a Europa a alcanzar sus objetivos climáticos. Este acuerdo será una mala noticia para los consumidores europeos y para el ambiente», señaló la experta en transporte de la organización, Franziska Achterberg.