El Gobierno de Portugal ha acabado por ceder a la presión de la calle. Tras dos semanas sometido a una intensa presión social ha aceptado echar marcha atrás en su última propuesta de ajustes, dirigida a aumentar la carga fiscal de los trabajadores y reducir la de las empresas. En un comunicado divulgado por la […]
El Gobierno de Portugal ha acabado por ceder a la presión de la calle. Tras dos semanas sometido a una intensa presión social ha aceptado echar marcha atrás en su última propuesta de ajustes, dirigida a aumentar la carga fiscal de los trabajadores y reducir la de las empresas.
En un comunicado divulgado por la Jefatura del Estado, el Ejecutivo luso del primer ministro Pedro Passos Coelho admite «estar disponible para, en el marco de la concertación social, estudiar alternativas» a esta medida, fuertemente criticada por patronal, sindicatos, oposición y grupos civiles.
Esta fue la principal conclusión de la reunión del Consejo de Estado, órgano consultivo convocado ayer por el jefe del Estado, Aníbal Cavaco Silva, y que acabó esta madrugada tras ocho horas de deliberaciones.
Prueba de la contestación social que había generado la propuesta del Gobierno fue la protesta celebrada frente al Palacio lisboeta de Belem, donde tuvo lugar la reunión, y en la que participaron miles de personas para pedir la suspensión de las últimas medidas de austeridad anunciadas por el Ejecutivo.
«Cavaco, escucha, el pueblo está en lucha» o «FMI fuera de aquí» fueron algunas de las consignas más coreadas por los manifestantes. La protesta discurrió sin apenas incidentes, aunque fueron detenidas cuatro personas acusadas de lanzar petardos y una más por resistencia a la autoridad.
La propuesta del Gobierno luso de subir en 2013 las contribuciones que pagan a la Seguridad Social los trabajadores y bajar la que abonan las empresas por cada empleado fue anunciada por el propio Passos Coelho el viernes 7 de septiembre, con el objetivo de «crear empleo» y frenar así el continuo aumento del paro.
La medida, sin embargo, fue contestada por la oposición, los sindicatos e incluso la patronal, por considerar que podía hundir todavía más el ya de por sí debilitado consumo interno. Este nuevo incremento de la carga fiscal a los trabajadores también causó divergencias entre los dos partidos que conforman el Gobierno conserador, los socialdemócratas del PSD y los democratacristianos del CDS-PP, que juntos permiten a Passos Coelho gozar de mayoría absoluta.
Estas diferencias de criterio entre ambos grupos parlamentarios quedaron finalmente resueltas, según el comunicado hecho público este sábado tras la reunión del Consejo de Estado, que da por «superadas las dificultades que podían afectar a la solidez» de esta alianza y descarta así la posibilidad de una crisis política.
El órgano consultivo, que últimamente sólo ha sido convocado por el jefe del Estado en situaciones de crisis, también incidió en la necesidad de «preservar la cohesión nacional» en un momento en que Portugal se encuentra intervenido por las instituciones internacionales.
El país vive bajo la asistencia financiera de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional desde mayo de 2011, que acordaron prestarle 78.000 millones de euros a lo largo de tres años para evitar la bancarrota, a cambio de un severo programa de ajustes y reformas aplicado a rajatabla por el Gobierno conservador luso.
Los recortes, sin embargo, no han evitado que Portugal afronte dificulades para cumplir con algunos de los compromisos adquiridos con la troika, como el de la reducción del déficit público, lo que obligará a la adopción de nuevas medidas de austeridad.