Ni trabajo ni libertad Ante la decisión del Tribunal Supremo de ilegalizar la candidatura de II-SP, Corriente Roja queremos manifestar, en primer lugar, nuestra entera solidaridad con todos los compañeros/as de la candidatura y ratificar lo afirmado por la Comisión promotora de la misma: esta ilegalización es el más grave atentado a los derechos civiles […]
Ni trabajo ni libertad
Ante la decisión del Tribunal Supremo de ilegalizar la candidatura de II-SP, Corriente Roja queremos manifestar, en primer lugar, nuestra entera solidaridad con todos los compañeros/as de la candidatura y ratificar lo afirmado por la Comisión promotora de la misma: esta ilegalización es el más grave atentado a los derechos civiles y políticos ocurrido desde el 23 de febrero de 1981.
La candidatura fue proclamada por unanimidad por la Junta Electoral Central y días después la Fiscalía dio a conocer informes de los Servicios de Información del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil que se recogen a través de la agencia Colpisa, en los que se afirma que no hay ningún motivo para plantearse la impugnación de la candidatura II-SP.
Sin embargo se ha venido produciendo una campaña de criminalización de la candidatura desde los medios de comunicación, campaña a la que no ha faltado el PP y a la que se han sumado de forma infame los dirigentes del PSOE e IU.
Al amparo de esta campaña mediática criminalizadora, el Gobierno dio instrucciones para iniciar el proceso que ha concluido esta misma madrugada con la ilegalización de la candidatura.
La decisión del Tribunal Supremo, adoptada sin agotar el plazo, sin apenas tiempo para estudiar el largo alegato de defensa presentado por la candidatura y el propio resultado de la votación, 11 votos contra 5, muestra que la decisión política estaba adoptada y que el atropello antidemocrático es de tal magnitud que genera tensiones en el propio Tribunal.
El Ministro Rubalcaba ha tenido la desfachatez de decir que «O se está con los votos o con las bombas», pero cuando se apuesta por el voto y se presenta una candidatura para concurrir a las elecciones, sin una sola prueba te acusan de formar parte del «entorno de ETA» y te ilegalizan.
No teníamos ni tenemos obligación alguna de demostrar nada, porque en un régimen democrático existe la presunción de inocencia, y es el acusador el que debe aportar las pruebas de lo que afirma. Sólo en los regímenes inquisitoriales, dictatoriales, es el acusado el que debe demostrar su inocencia.
En cualquier caso hemos sido categóricos siempre cuando se han producido atentados, y cualquiera pueden consultar en la web nuestras declaraciones. Y por si eso era poco ahí está la rotunda respuesta de toda la candidatura: «Iniciativa Internacionalista – La Solidaridad entre los Pueblos, (…) tiene como objetivo, así aparece expresado en los cinco puntos de su manifiesto fundacional, el impulso de »un profundo cambio» en lo político, en lo social, en lo cultural… pero por supuesto única y exclusivamente a través de formas políticas y sociales, a través de la convicción y de la movilización. Nadie honestamente puede implicar a los que impulsamos esta candidatura en otro tipo de actividades o conexiones, es por ello que en su primer informe: Fiscalía, Guardia Civil y Policía Nacional ratificaban tal cuestión».
La candidatura ha levantado muchas expectativas, ha recibido muchos apoyos de intelectuales, artistas, trabajadores, estudiantes… El Manifiesto de los intelectuales y artistas o el de los sindicalistas en apoyo de II-SP, así como los actos de presentación realizados, dan prueba de ello. Del éxito de Iniciativa Internacionalista da fe que en el propio documento de ilegalización se utiliza como argumento que la candidatura podría obtener un eurodiputado.
Por eso esta ilegalización muestra la verdadera cara del régimen monárquico surgido de la Transición, incapaz de soportar la existencia de una opción electoral que lucha por una salida a la crisis económica a favor de los trabajadores, que defiende el derecho de los pueblos a decidir por sí mismos y que exige la derogación de la ley de partidos, una ley que hace una amalgama antidemocrática entre terrorismo e izquierda abertzale, que prohíbe la representación política del 15% de la sociedad vasca y ahora de mucha más gente.
Este sistema capitalista, este régimen monárquico y este Gobierno de los banqueros muestran a cada paso que no garantizan ni trabajo ni libertad.
Con todos los compañeros/as de la candidatura vamos a seguir actuando y manteniendo todas las actividades previstas, porque en tanto en cuanto no se pronuncie el Tribunal Constitucional la candidatura sigue siendo legal. Vamos a apurar los recursos legales incluido, como anunció la Comisión promotora de la candidatura, una querella criminal contra los ministros de Justicia e Interior por los delitos de prevaricación, injurias y calumnias.
Llamamos a todas las organizaciones y personas comprometidas con las libertades democráticas a solidarizarse con Iniciativa Internacionalista y a oponerse públicamente a la ilegalización. En especial, pedimos a los militantes del PSOE y de IU que se rebelen contra la decisión inquisitorial de sus direcciones y exijan el reconocimiento de la candidatura.
Hacemos también un llamamiento a las organizaciones democráticas del mundo a que se pronuncien y nos ayuden a evitar esta tropelía.
Si esta afrenta se acaba consumando y la candidatura de Iniciativa Internacionalista acaba excluida de las Elecciones del 7 de Junio, Corriente Roja propondremos que la candidatura se dirija a todas las candidaturas comprometidas con las libertades democráticas para que conformemos un Bloque de rechazo a estas elecciones enteramente fraudulentas.
16 de Mayo de 2009
www.corrienteroja.net