En lo que queda de nuestro amado país, el colapso de la infraestructura es comparable con los pedazos de lo que eufemísticamente se denomina «vivienda» en las áreas rurales y marginales, que ahora, además de ser remedos de casas, están inundadas e insalubres. Pero también hay un parámetro de comparación con la niñez desvalida y […]
En lo que queda de nuestro amado país, el colapso de la infraestructura es comparable con los pedazos de lo que eufemísticamente se denomina «vivienda» en las áreas rurales y marginales, que ahora, además de ser remedos de casas, están inundadas e insalubres.
Pero también hay un parámetro de comparación con la niñez desvalida y desnutrida, la que exhibimos en el primer lugar en América Latina con estos niveles de debilitamiento extremo que la convierten en potenciales personas con severos daños cerebrales.
Están tan despedazados los caminos que nos recuerdan los corazones rotos de las niñas violadas o convertidas forzosamente en madres, o a las familias que lloran a las mujeres que mueren de parto, o a los parientes que están permanentemente de luto por culpa de la inseguridad. El sistema de salud, que se encuentra en ruinas, clama, como muchas otras dependencias, por recursos, los que no llegarán porque en estos momentos la prioridad no es invertir en rubros que no reportan réditos políticos.
Las carreteras también se asemejan a la situación agraria, que resiente siglos de abandono e inequidad, por lo que los campesinos(as) han demandado persistentemente por una ley que permita que esas personas, como sujetos priorizados, ingresen a la puerta del desarrollo en condiciones de dignidad. El infortunio es tan grande como las crecidas de los ríos que arrasan con todo a su paso y cercan a las poblaciones, imponiéndoles más castigos de los que ya han soportado por décadas.
El agua, el lodo, las piedras, la contaminación, la extracción minera y petrolera sin control estatal apropiada, son amenazas tan grandes como la desigualdad, negada por los que no tienen idea de las precarias formas de sobrevivencia de las mayorías.
Estamos tan a la deriva que el harapiento Estado ni siquiera nos puede garantizar el derecho a la existencia y a la identidad, ya que el Renap ha servido para continuar con el saqueo de las arcas públicas, ser agencia de empleos y para que algunos se aprovechen de las condiciones absurdas en las que fue constituido. Su práctica ha significado la violación a derechos fundamentales como la existencia legal, la identidad y el ejercicio de la ciudadanía. Es inconcebible que no pueda registrarse a los recién nacidos, que quienes perdieron su documentación tengan que esperar meses para reponerla y que a los que se les ha entregado de milagro, el documento está plagado de errores.
En el área rural hay niños que están siendo registrados alterando las fechas de nacimiento, con lo cual se adultera el ciclo de vacunación y se anulan sus resultados.
Además de ese escenario catastrófico, Guatemala también ocupa primeros lugares en violencia en contra de las mujeres y en femicidio.
Representantes de organizaciones de mujeres de Centroamérica y México, que impulsan la campaña Acceso a la Justicia para las Mujeres, analizaron las medidas colectivas e individuales para la prevención y protección de los delitos, adoptadas por los Estados, constatando que los hechos violatorios siguen aumentando.
En Guatemala, se han registrado 471 muertes violentas de mujeres en lo que va del año; en contraste, el Organismo Judicial solamente ha dictado cinco sentencias por femicidio, tres condenatorias y dos absolutorias, lo que revela un índice elevado de impunidad.
Así vivimos, entre fenómenos naturales y desastres sociales.
Ileana Alamilla, periodista guatemalteca, es directora de la Agencia CERIGUA.
Fuente: http://alainet.org/active/41378