La decisión de la Unión Europea de retomar las negociaciones con el bloque sudamericano motivó una fuerte reacción de productores agrícolas de Francia y otros nueve países de la comunidad que no quieren ceder espacios.
El lobby agrícola europeo tiene los dientes afilados. Su intervención podría cortar el débil hilo que debería conducir a reactivar las negociaciones entre los 27 países de la Unión Europea y el Mercosur, bloqueadas desde 2004. Liderados por Francia, diez países de la UE se opusieron con vehemencia a que este ciclo se reanude. España, que preside actualmente la Unión, se había fijado como objetivo prioritario la firma de una declaración política que abra una nueva fase de negociaciones entre ambos bloques. El marco debía ser la cumbre Unión Europea-América latina que se celebra a partir de mañana en Madrid y contó para ello con el respaldo de la Comisión Europea, cuyo presidente, José Manuel Barroso, reafirmó su intención de reanudar las conversaciones. Hace diez días, la Comisión anunció que no retrocedería en su «decisión de reactivar las discusiones con los países del Mercosur». Este organismo reiteró que, pese a la oposición francesa, éste es «el momento apropiado para retomar las negociaciones».
A partir de ese momento, los lo-bbies agrícolas accionaron sus palas políticas para presionar a los gobiernos de la UE afín de que este proceso no se lleve a cabo. El 5 de mayo, las poderosas FNB, Federación Nacional Bovina, y la Fnsea, Federación Nacional de Sindicatos de Explotaciones Agrícolas, emitieron dos comunicados criticando con virulencia esta iniciativa. La FNB consideró que «esa orientación parece incomprensible dado que la producción de esos países -los del Mercosur- no respeta en ningún caso las normas reglamentarias fijadas por la UE para su propia producción en lo que atañe a la seguridad sanitaria y alimentaria». A su vez, la Fnsea se dirigió en una carta al presidente francés, Nicolas Sarkozy, en la que le pide que haga «presión sobre la Comisión Europea para detener esta iniciativa». La Fnsea argumenta que las negociaciones con el Mercosur representarían «un costo demasiado pesado para la agricultura europea». Según la Fnsea, los criadores de ganado perderían entre 3 y 5 mil millones de euros si las negociaciones con el Mercosur siguen adelante. Al día siguiente, el gobierno francés publicó un comunicado en donde manifestó su oposición a la reanudación de las negociaciones con el Mercosur, porque ello «corre el riesgo de poner en tela de juicio las agriculturas francesa y europea».
La guerra de comunicados en contra de la iniciativa española prosiguió con la inclusión de nueve países suplementarios a la lista del frente opositor. A Francia se le sumaron Austria, Irlanda, Grecia, Hungría, Luxemburgo, Polonia, Finlandia y más tarde Rumania y Chipre. En un documento difundido a principios de semana en Bruselas, estos diez países dicen que una nueva ronda comercial con el Mercosur «es una muy mala señal para la agricultura europea». Este grupo de países plantea como «inaceptable» que se hagan nuevas concesiones agrícolas al Mercosur luego de las que, según ellos, la Comisión Europea ofreció en 2008 en el marco de las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que se llevaron a cabo en la llamada Ronda de Doha.
El secretario de Estado español para Iberoamérica, Juan Pablo de Laiglesia, dijo que no «entendía» la posición de Francia y los demás países. Madrid insiste en que el documento se firmará, pero resulta azaroso presumir hoy de su contenido. La posición francesa ha sido siempre hostil a toda concesión que implique problemas con sus agricultores. Este sector es un poderoso mercado electoral y con una tormentosa capacidad de movilización. Los sucesivos gobiernos socialistas y conservadores han mantenido un perfil similar: siempre defendieron las subvenciones agrícolas y su banco de recursos, la PAC, Política Agrícola Común. El Ministerio de Agricultura francés publicó la lista de beneficiarios de las subvenciones: en total, en 2008, 508.000 grupos agroalimentarios, asociaciones, colectividades y agricultores se repartieron los poco más de 10 mil millones de euros en ayudas. La PAC consume además el 40 por ciento del presupuesto de la Unión Europea (53 mil millones de euros).
La posición de rechazo de los diez países de la UE contrasta con los esfuerzos realizados por Buenos Aires y Madrid para sacar del cajón las negociaciones entre ambos bloques. Contrariamente a Brasil, el gobierno argentino se mostró durante un buen tiempo hostil a la reanudación de las negociaciones. En noviembre del año pasado, luego del viaje a la Argentina de la vicepresidenta del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, Argentina moderó su posición y apostó por el despegue del diálogo. En las últimas semanas, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Alfredo Chiaradía, y el canciller de Brasil, Celso Amorim, manifestaron el interés del Mercosur por un acuerdo pero aclararon que su concreción estaba en manos de los europeos. El grupo regional latinoamericano reclama más acceso a Europa para sus productos agrícolas y el europeo quiere una apertura para los servicios y la industria. En 2008, las exportaciones del Mercosur con destino a la UE alcanzaron 54.000 millones de euros, mientras que las de la Unión ascendieron a 37.700 millones. Casi la mitad de las exportaciones del Mercosur corresponden a productos agrícolas y el 30 por ciento de las europeas, a maquinaria.
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