La Alta Corte de Gran Bretaña resolverá esta semana si un documento de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos que está en poder del tribunal sobre maltratos a un detenido por la «guerra contra el terrorismo» puede difundirse al público.
Esto abrirá paso a una demanda contra el gobierno británico por complicidad en la detención ilegal de un etíope residente en ese país por parte de la CIA, que lo torturó y encarceló clandestinamente en la prisión de la base naval estadounidense en Guantánamo, Cuba.
Los abogados de la Secretaría (ministerio) de Relaciones Exteriores británica hicieron la semana pasada un intento de último momento por impedir la difusión de los documentos en cuestión.
Esos papeles demostrarían que las autoridades de Gran Bretaña tenían conocimiento del maltrato que padecía el prisionero Binyam Mohamed a manos de funcionarios estadounidenses en Guantánamo.
El documento es un resumen de siete párrafos, incluido en un fallo anterior, de informes procedentes de la CIA. Los jueces John Thomas y David Lloyd Jones habían señalado que no contiene nada que pueda «describirse como ‘inteligencia estadounidense clasificada y altamente delicada'».
En un veredicto emitido este año, la Alta Corte expresó consternación por el hecho de que una democracia «gobernada por el imperio de la ley» procure suprimir evidencia «relevante a las denuncias de tortura y trato cruel, inhumano y degradante, por más políticamente embarazoso que esto pueda ser».
Pero el abogado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, David Mackie, dijo a la Alta Corte que funcionarios del gobierno de Barack Obama le habían dicho al titular de su cartera, David Miliband, que la revelación de esos párrafos probablemente ocasionaría un «serio daño para la seguridad nacional» de los dos países.
Ese alegato parece contradictorio con la decisión de Obama de desclasificar información detallada sobre las técnicas de interrogatorios de la CIA, entre ellas el «waterboarding» o submarino, simulación de ahogamiento muy utilizada por las dictaduras latinoamericanas de los años 70.
Según los abogados de Mohamed, la acción de Obama significa que es altamente improbable que el presidente objete la revelación de los datos de la CIA.
Los últimos acontecimientos en la Alta Corte ocurrieron al tiempo que un tribunal de apelaciones de Estados Unidos daba luz verde a una demanda presentada allí por cinco hombres, entre ellos Mohamed y otro residente británico, Bisher al-Rawi, que aseguraron haber sido torturados bajo el programa de entregas extraordinarias de la CIA.
Los cinco ex prisioneros en Guantánamo demandan a Jeppesen Dataplan, una subsidiaria de la compañía de aviación Boeing, acusada de proporcionar vuelos hacia prisiones secretas de ultramar en las que habrían ocurrido esos abusos.
En lo que puede convertirse en una decisión histórica, el tribunal de apelaciones dictaminó que el «privilegio del secreto de estado» –habitualmente usado por el gobierno para bloquear demandas contra sus funcionarios– sólo puede usarse para impugnar evidencia específica, pero no para desestimar una demanda entera.
El veredicto, aplaudido por defensores de los derechos humanos, está vinculado a una demanda contra la empresa Jeppesen Dataplan por su rol en el programa de «entregas extraordinarias» durante el gobierno del ex presidente George W. Bush (2001-2009).
«Éste es un tremendo paso adelante», dijo sobre el fallo estadounidense el abogado de Mohamed, Clive Stafford Smith, director de la organización británica de asistencia legal Reprieve.
«Binyam Mohamed, Bisher al-Rawi y tal vez muchos otros están un paso más cerca de hacer que los presidentes de estas compañías se detengan a pensar antes de cometer delitos para sacar provecho económico», declaró a IPS.
La investigadora de las entregas extraordinarias en Reprieve, Clara Gutteridge, consideró «inconcebible que Jeppesen haya actuado sola. Aquéllos que están en la cumbre del gobierno de Estados Unidos –y en algunos casos en el de Gran Bretaña– han autorizado los vuelos para las entregas ilegales y también deben ser responsabilizados».
La demanda estadounidense denuncia que Jeppesen participó, a sabiendas, en el programa de entregas extraordinarias, planificando vuelos y brindando apoyo logístico a aviones y tripulaciones utilizados por la CIA para «desaparecer» por la fuerza a los cinco hombres.
Así se los envió a prisiones administradas por Estados Unidos o agencias de inteligencia extranjera en ultramar, donde fueron interrogados bajo torturas.
La demanda fue presentada por la Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU), la más antigua de las organizaciones de derechos humanos de este país.
El gobierno de Bush intervino en 2007, cuando el caso se presentó por primera vez en un tribunal de primera instancia, reafirmando el privilegio de los «secretos de Estado» al rechazar el caso en febrero de 2008.
En este sentido, el gobierno de Obama siguió el mismo camino que su predecesor. Ahora el tribunal de apelaciones revirtió esa decisión.
Pero los abogados de los hombres que presentaron la demanda también fueron cautos. «Esta decisión histórica señala el inicio, no el fin, de este litigio», dijo a IPS Ben Wizner, abogado del Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU.
El veredicto del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos significa que el gobierno puede afirmar el privilegio de los «secretos de Estado» para evidencias específicas, pero no para poner fin a un caso antes de que éste comience.
Eso significa que se trata principalmente de un «privilegio evidenciario», definición que los defensores de las libertades civiles han buscado durante mucho tiempo. La Ley de Protección de Secretos de Estado, ahora pendiente en el Congreso legislativo, convertiría esa definición en ley.
Ahora el gobierno de Obama tiene tres opciones. Puede no hacer nada, lo que significaría que la demanda finalmente se presente ante un tribunal estadounidense. También puede pedirle a todo el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito que realice una nueva audiencia sobre el caso. O puede apelar el caso ante la Corte Suprema.
Si el caso va a juicio, el gobierno todavía puede alegar que revelar cualquier cosa sobre la relación de Jeppesen con el gobierno de Estados Unidos traicionará los secretos de la seguridad nacional.
Pero ahora ya no puede simplemente «afirmar» ese privilegio. También tendrá que convencer a un juez.