Algo se está moviendo en Panamá. Mientras inversores y empresarios hacen buenos negocios con el Gobierno de Ricardo Martinelli, acusado de innumerables casos de corrupción, nepotismo y autocracia, ha nacido la alianza estratégica, que agrupa a 20 movimientos de base, y la Asamblea Ciudadana presiona por una Asamblea Constituyente. Las cifras macroeconómicas, los anuncios de […]
Algo se está moviendo en Panamá. Mientras inversores y empresarios hacen buenos negocios con el Gobierno de Ricardo Martinelli, acusado de innumerables casos de corrupción, nepotismo y autocracia, ha nacido la alianza estratégica, que agrupa a 20 movimientos de base, y la Asamblea Ciudadana presiona por una Asamblea Constituyente.
Las cifras macroeconómicas, los anuncios de Panamá como tierra de oportunidades y los megaproyectos económicos no pueden ocultar la grave conflictivitas social que acontece en Panamá. La creciente desigualdad social, la escalada en la corrupción oficial-empresarial y los pasos autocráticos dados por el Gobierno están provocando una unidad de acción sin precedentes en los sectores populares.
El efecto más evidente se cristalizó en estos días en la reunión celebrada en Quebrada Guabo, límite de la Comarca Ngäbe-Buglé, donde representantes de una veintena de organizaciones decidieron crear una alianza estratégica para hacer frente a los incumplimientos y las agresiones del Gobierno. El Congreso General Ngäbe-Buglé, la Coordinadora Indígena, el Frente Amplio de Colón con todas sus organizaciones, los campesinos e indígenas de las bananeras de Bocas del Toro, las asociaciones de Funcionarios de la Caja de Seguro Social, de Educadores Veragüenses, Ecológica y Agropecuaria de Veraguas, Consejo Nacional de Trabajadores Organizados o Red Nacional por la Defensa de las regiones costeras de Coclé son parte de esta red inédita que supone un paso cualitativo en la organización popular en el país centroamericano.
La cacica Ngäbe, Silvia Carrera, que fue designada coordinadora de la Alianza, explicó en una amplia entrevista publicada por La Estrella de Panamá que la red exigirá al Gobierno el cumplimiento de los acuerdos suscritos -y conculcados por el Ejecutivo- con indígenas, campesinos, trabajadores de las bananeras, ciudadanos de Colón o educadores. También expresó la necesidad de que se suspendan muchos de los megaproyectos que están afectando a las comunidades organizadas: «Si yo fuera el presidente yo escucharía a mi pueblo y mandaría a suspender todos los proyectos, pero no lo hace porque él está detrás de esos proyectos hidroeléctricos, mineros, venta de playas y de la Zona Libre de Colón, porque él quiere adueñarse del país, pero el pueblo quiere vivir tranquilo con sus recursos naturales». «Este gobierno es prepotente, irresponsable porque nunca ha llegado a hablar acá. En tiempos de política vino para pedir el voto, pero ahora no quieren asomarse y así quieren reelegirse», concluía Carrera.
El inicio de año se prevé caliente en el país ya que a las movilizaciones anunciadas por la alianza estratégica para el 5 de febrero hay que sumar el anuncio hecho hoy por el Frente Amplio por Colón (FAC), que advirtió de movilizaciones a partir de mañana 15 de enero.
La Asamblea se posiciona
Mientras, la Asamblea Ciudadana, otra red que agrupa a decenas de organizaciones sociales, sindicales, ecologistas o de mujeres en la Ciudad de Panamá, ha comenzado el año con un durísimo comunicado en el que insta a la ciudadanía a movilizarse: «Llamamos, en este recién iniciado 2013, al pueblo panameño y a sus organizaciones democráticas, a prepararse para ejercer el derecho constitucional de movilización que nos conduzca a la apertura de un verdadero proceso constituyente, democrático, participativo, incluyente, que debe culminar en una Asamblea Constituyente Originaria, convocada bajo reglas democráticas consensuadas por todos los integrantes de la sociedad, y que surja de ella un nuevo régimen político que garantice la solidaridad y legalidad, acabe con la impunidad, prohíba la reelección inmediata y establezca la transparencia y obligatoriedad de la rendición de cuentas bajo el control de la ciudadanía».
En el comunicado se denuncia la actitud de la Asamblea Nacional y se cuestiona directamente al Ejecutivo por lo que denomina como «saqueo» de la nación: «El Gobierno continua saqueando impune y descaradamente los bienes e ingresos del Estado, descapitalizando y endeudando al país, aparte de que se ha convertido en un gobierno autocrático con una creciente militarización y mayor violación de los Derechos Humanos a la Justicia y a la Libertad de todos: Changuinola, San Félix y Colón, dan testimonio de ello. De igual forma la violencia contra la mujer y la familia, para quienes el Gobierno no tiene una política de prevención a la violencia, la cual afecta no sólo a la mujer sino a sus hijos y a la familia en general». Para este colectivo, Panamá ya vive en «una dictadura cívico-militar» que se plasma en la falta de participación y en la militarización de este país -teóricamente- sin Ejército.
Además de la Asamblea Ciudadana, hay otros grupos impulsando una Asamblea Constituyente, aunque de características muy diferentes. La Asamblea Ciudadana plantea una Constituyente Originaria, para romper el centralismo y el modelo de representatividad política actual. Los otros dos grupos -uno autodenominado Súmate y otro como Iniciativa Ciudadana- buscan una Constituyente Paralela para redactar una nueva Constitución pero partiendo del mismo sistema político actual. Ambos se topan con la limitante legal que exige la presentación de algo más de 480.000 firmas en un país de poco más de 3 millones de habitantes. Sin embargo, hay denuncias de que estos intentos de Constituyente Paralela pueden contar con apoyo del Gobierno de Martinelli y que busquen la permanencia de este en el poder mientras se redacta una nueva constitución.
Fuente: http://otramerica.com/temas/los-abajo-la-izquierda-presionan-panama/2786