En el libro «Mediterráneo: el naufragio de Europa» (Edit. Tirant lo Blanch), el catedrático de Filosofía del Derecho en el Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València, Javier de Lucas, sostiene que el reconocimiento de los derechos de la persona refugiada no es un asunto de buena conciencia, moralina o solidaridad. Lleva muchos […]
En el libro «Mediterráneo: el naufragio de Europa» (Edit. Tirant lo Blanch), el catedrático de Filosofía del Derecho en el Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València, Javier de Lucas, sostiene que el reconocimiento de los derechos de la persona refugiada no es un asunto de buena conciencia, moralina o solidaridad. Lleva muchos años insistiendo en la idea: «Los estados parte en el Convenio de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York (1966) tienen un contrato con los refugiados». Incumplirlo implica transgredir la legalidad, más allá de los buenos sentimientos. Tampoco el derecho de asilo puede, en cuanto derecho básico y reconocido como universal, someterse a «cuotas», que en todo caso tienen como objeto que exista un equilibrio en el «reparto» por países.
Javier de Lucas fue presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), miembro de la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Derechos Humanos y es uno de los 24 miembros del Alto Panel de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo de la UNESCO. Entre la veintena de libros publicados, figuran «Integración y Derechos» (con María José Añón), «La integración de los inmigrantes» (con Laura Díez), «Globalización e identidades: claves políticas y jurídicas» o «Blade Runner: el derecho, guardián de la diferencia». Frente a los discursos tremendistas, Javier de Lucas destaca que en 2015 unas 400.000 personas llegadas a la Unión Europea (donde residen 500 millones de personas) podrían ser peticionarias de refugio. «No me parece una dificultad tan difícil de salvar».
-El 18 de septiembre publicaste en el periódico «Ahora» un artículo en el que recordabas que los refugiados sirios que alcanzan la orilla europea no representan, siquiera, el 10% de los que llegan a Líbano, Jordania, Iraq o Turquía. Te referías además a «poner sordina a la euforia»…
El artículo era una especie de llamada a la prudencia sobre lo que me parecía una euforia tan poco justificada como desmesurada en torno a un «giro» en la política europea sobre refugiados. Quería recordar que a finales de agosto-primeros de septiembre, parecía que la Comisión Europea iba a poner en marcha un sistema común de asilo, con una contribución obligatoria de todos los estados miembros. Por otro lado, parecía que la ciudadanía había conseguido una gran victoria. Con la «sordina» se refería sobre todo a que los ciudadanos europeos nos veamos a nosotros mismos como espléndidos ciudadanos, globalmente solidarios, que hemos puesto remedio a una «crisis» de refugiados, cuando esto dista mucho de la realidad. El contingente de refugiados que recibirá la Unión Europea no superará los 120.000, cuando según ACNUR hay 60 millones de desplazados en el mundo y cinco millones de refugiados sirios. En el caso español, no me parece para colgarse medallas recibir a 19.000 refugiados cuando un país como Líbano acoge a 1,2 millones.
-¿El fondo del problema remita a los buenos sentimientos y la empatía o, más bien, las personas refugiadas son titulares de derechos que deberían respetarse?
Por deformación profesional, soy profesor de Derecho, en este punto he tratado de insistir desde hace muchos años. También ahora en el libro «Mediterráneo: el naufragio de Europa». No es una cuestión de buena fe, de moralina o de buena conciencia. Esto es un contrato. Los estados que toman parte en el Convenio de Ginebra (1951) y en el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de Nueva York (1966) tienen un contrato con los refugiados. El primer derecho consiste en reconocer la condición de refugiado, si efectivamente la persona la tiene, y por tanto acogerlos y no devolverlos al país del que huyen. En segundo lugar, mientras el refugiado está tramitando la petición de asilo, tiene derecho a lo que en España se llama administrativamente la «tarjeta roja», que teóricamente le deja circular por el territorio nacional hasta que se resuelva su expediente. En el caso europeo, significa que esta persona tendría derecho a circular por el espacio de la UE.
-¿De qué derechos son titulares las personas refugiadas si, una vez finalizados todos los trámites, se les reconoce esta condición?
Lo fundamental es que si una persona obtiene la confirmación de que es refugiada, se despliegan una serie de derechos que figuran en la Convenio sobre el Estatuto de los Refugiados de Ginebra (1951). Se trata del derecho a que se le dote de documentación (en muchos casos no la tienen) y a que el estado de acogida proporcione los medios para la inserción sociolaboral, en igualdad de condiciones a los ciudadanos del país. Normalmente, pasado un periodo (que en el caso español es de cinco años) tienen derecho a adquirir la nacionalidad del país de acogida. Este despliegue de derechos al que, insisto, estamos obligados por contrato los estados en relación con las personas declaradas refugiadas, es algo bastante más complejo que meterlos en tu casa, darles un techo y una cama. Además, estas personas sufren en su mayoría persecuciones que les producen traumas y requieren asistencia psicológica o psiquiátrica. Pero no quiero decir que no sirva para nada esta solidaridad, por supuesto que sirve, pero hay que coordinarla y ponerla en manos de equipos especializados.
-En el caso del gobierno español, ¿hay una coherencia entre las últimas declaraciones de «humanitarismo», moralidad y buenos principios con las políticas reales?
El gobierno español carece de la menor credibilidad al respecto. La señora Sáenz de Santamaría, el Ministro de Asuntos Exteriores y el presidente Rajoy dijeron que se plegarían a la Unión Europea. Pero es mentira. Primero, porque no han aceptado la cuota inicial establecida por la Comisión Europea de 4.000 refugiados para España, que el gobierno dejó en 2.000 y en ese punto se ha mantenido. Después aceptaron la cuota total de 19.000 personas refugiadas. Pero la política del gobierno de Rajoy ha consistido en obstaculizar los acuerdos, estigmatizar a los refugiados y utilizar argumentos como el «efecto llamada». Lo más grave es que mientras el gobierno pronuncia buenas palabras, mantiene «bloqueados», en algunos casos desde hace más de un año, a refugiados, fundamentalmente sirios, en Melilla y Nador (Marruecos). A estas personas no se les cursa el expediente y se les cita con mucho retraso para presentar la solicitud. De hecho, hay personas que llevan casi un año en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, concebido para alojar a un máximo de 480 personas pero donde se triplica su capacidad, con familias separadas y la presencia de menores no acompañados.
–Algunos políticos y medios de comunicación plantean una distinción entre «refugiados» y «emigrantes económicos». ¿A qué responde este distingo?
Decir que los refugiados son personas con un estatuto jurídico diferenciado, y con los derechos antes citados, es correcto. Ahora bien, a mi juicio, los gobiernos sobre todo de derechas, aunque también los de Hollande o Renzi, utilizan esta especificidad de los refugiados para estigmatizar a los inmigrantes, a los que se les añade ese calificativo de «económicos». Además de modo peyorativo. Como si se tratara de gente que se mueve por motivos económicos, cuando son personas que quieren mejorar su vida. Quizá no sufran, como los refugiados, persecución por su pertenencia a un credo religioso, una etnia, una nacionalidad o sus opiniones políticas, pero se ven obligados a salir de sus países por unas circunstancias cuya causa es, en el fondo, también política: la desigualdad en las relaciones internacionales.
-Hecho el diagnóstico, si las causas de las migraciones se sitúan en los desequilibrios entre el Norte y el Sur, ¿Qué iniciativas podrían llevarse a cabo?
Creo que en este asunto de la desigualdad, los refugiados y la política migratoria, lo que faltan no son soluciones. Hay centenares de trabajos con propuestas muy concretas para desarrollar alternativas. Por ejemplo el dossier Tapinos, presentado a la OCDE relacionaba migraciones y codesarrollo pero no en los términos en los que ha sido generalmente comprendido, es decir, si ayudamos al desarrollo «taponaremos» la inmigración. Tapinos advertía precisamente de lo contrario, porque cuando las sociedades se desarrollan lo que hacen es «circular». Resulta absurdo pensar lo contrario.
El problema de las medidas que apuntan a las causas es que no van a dar resultado en el corto plazo, ni siquiera en una legislatura, que es el periodo que tienen en la mente los políticos que tenemos hoy en Europa. Medidas como acuerdos de microcréditos, inversión en pequeños pozos de agua, explotaciones agrícolas de dimensiones reducidas, ayudas a las mujeres de las comunidades… Si esto no se hace, como propuso el politólogo Sami Naïr en el famoso Rapport presentado durante la presidencia de Mitterrand, de manera descentralizada -directamente entre agentes sociales- sino con una partida presupuestaria de gobierno a gobierno, se producen dos efectos perversos: aumenta el círculo de la corrupción en los países beneficiarios, gobernados a menudo por sátrapas; y, por otro lado, ¿cuántas de esas ayudas no responden a las necesidades e intereses de la población, sino de las empresas del país donante?
-¿Puede establecerse alguna relación entre la «ayuda» al desarrollo y la llamada crisis de los refugiados?
Cuando hablamos de la crisis de los refugiados, tiene mucha importancia la cuota de supuestas «ayudas» que consisten, en realidad, en la compra de armamento al país donante. Este aspecto está en el origen de nuestra inacción ante conflictos como el de Siria. El problema de los refugiados sirios es nuestro porque hemos intervenido en el origen del conflicto. El problema de un estado «fallido» como Libia es también nuestro porque el capricho de Sarkozy y la megalomanía del filósofo Bernard-Henri Levy justificaron una aventura absolutamente colonial (del siglo XIX) en la que se embarcó sobre todo Cameron, y a la que dieron su autorización el resto de estados en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la OTAN. El resultado fue un país destrozado: se hicieron una foto y salieron corriendo sin siquiera pasar un día -Cameron y Sarkozy- en este país. Entonces se dice que tenemos un problema con Libia, porque no podemos controlar la llegada de refugiados…
-¿La «ayuda» al desarrollo tiene también estas connotaciones militares en el estado español?
No es que se desconozcan iniciativas para el codesarrollo o actuaciones que se puedan emprender, se trata -simplemente- de que no quiere hacerse. En el caso español todo ello se supedita a la voluntad de un comisionista como el señor Juan Carlos de Borbón, que se encargó de mantener en todos los gobiernos de al democracia al ministro de Defensa que a él le interesaba. Un ministro de Defensa que formaba parte de un entramado-grupo de presión, el de la exportación de armamento, en el que España ocupa un importante lugar en el mundo. El caso más escandaloso, ya que otras veces se procuró que no fuera ministro alguien del sector, es el del actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, un conocido accionista y comisionista del sector de la industria del armamento.
-En abril de 2015 un naufragio frente a las costas de Libia terminó con la muerte de 800 personas migrantes, según ACNUR. Se habló de que fue la mayor tragedia en el Mediterráneo hasta la fecha. La Unión Europea respondió con una «agenda migratoria», cuyo elemento central era un sistema de cuotas para acoger a personas refugiadas. ¿Son las «cuotas» un parche o abordan el fondo de la cuestión?
Lo primero que me preocupa es que nos expliquen bien el sistema de cuotas, porque en principio un derecho básico no es reconciliable con un sistema de cuotas. Si hablamos de un derecho reconocido como universal, y una persona reúne las condiciones para ser titular de ese derecho, no puede decirse que por ser el número 100.001 (si la cuota es de 100.000), no tiene ese derecho. Es decir, las cuotas no pueden determinar quién tiene o no derecho de asilo. Europa ha de intentar reconocer como refugiado a todo el que se plante ante las puertas de la UE y acredite la condición de refugiado. Después sí, pueden establecerse las cuotas por razones de equilibrio solidario entre los estados miembros, porque un solo país no puede hacer frente a todas las personas que llegan de otros países.
-Las autoridades podrían alegar que en ese caso se produciría un «efecto llamada»….
Los refugiados no llegan a la Unión Europea, sino a los países limítrofes de su lugar de origen. Entre inmigrantes y refugiados, posiblemente lleguen al territorio europeo en 2015 entre 500.000 y 550.000 personas, en el caso más extremo, de las que 400.000 podrían ser peticionarias de refugio. No me parece una dificultad tan difícil de salvar para la Unión Europea, en la que viven 500 millones de personas. Pero sobre todo, insisto, o cumplimos con nuestras obligaciones, o rompemos el contrato legal. Según la Convención de Ginebra de 1951, toda persona que sufre persecución política, por su orientación sexual, religión o condición nacional tiene derecho a ser reconocido como refugiado. La gran mayoría de estas personas pretenden llegar a Alemania. De repente, parece que Merkel se haya convertido en la Juan de Arco de los refugiados, cuando lo cierto es que Alemania tiene un plan muy claro de reclutamiento de mano de obra barata.
-En las elecciones del 20 de septiembre en Grecia, Amanecer Dorado alcanzó la tercera posición con el 7% de los votos; El Frente Nacional de Marine Le Pen ganó las elecciones europeas en Francia, en mayo de 2014, y algunas encuestas le sitúan como favorita para los comicios presidenciales de 2017. Entre enero y junio de 2015 fueron atacados 200 albergues para refugiados en Alemania, mientras que durante todo el año anterior sumaron 170. ¿Hay motivos para la alarma?
Claro que sí, y en todo esto hay una gran responsabilidad de los medios de comunicación y los gobernantes europeos, que están cultivando mensajes que rozan la xenofobia institucional, y el estigma del inmigrante o refugiado como enemigo. A ello se puede añadir una política torpe, aunque hay quien la considera intencionada, de ubicar los centros de refugiados en las zonas más deprimidas de Alemania. ¿Por qué se suceden los incendios de albergues de refugiados siempre en estados de la antigua Alemania Oriental?
En primer lugar hay una razón de carga demográfica. Se trata de estados más despoblados que los de la antigua República Federal Alemana. Además, hay como mínimo una torpeza. Si se emplaza un albergue para refugiados, con los derechos que tienen los refugiados por la Convención de 1951, y además con la política «generosa» que tiene Alemania con las personas refugiadas, a quienes les otorga los derechos citados y una subvención económica respetable; y si esto se hace en lugares donde se han desmantelado los servicios sociales, las empresas «fantasma» que había mantenido la RDA y donde las tasas de paro son muy superiores a las del resto de estados federales, estás prendiendo la mecha. No por casualidad los incendios se producen en ciudades como Heidenau o Rostock, casi todas de la Sajonia Oriental o la Pomerania, en la antigua Alemania del Este.
-¿Y en el caso francés?
A día de hoy se sabe perfectamente que fue Mitterrand quien fomentó el crecimiento del Frente Nacional, porque de ese modo quebraba a la derecha. La estrategia le funcionó bien durante el primer y segundo mandato (1981-1988 y 1988-1995), pero después se volvió contra el partido socialista, ya que después del fracaso de Jospin en las elecciones presidenciales de 2002, en las que no logró pasar a la segunda vuelta, el electorado tuvo que optar entre Jean-Marie Le Pen y Chirac. Por eso fomentar el crecimiento «controlado» de la extrema derecha, de manera que le sirva a un partido para ganar elecciones, es un suicidio desde la perspectiva de un proyecto político cívico-republicano.
En Italia ha ocurrido con la Liga Norte. En regiones como el Véneto, la Lombardía y también Piamonte, el sentimiento nacionalista y el esquematismo maniqueo de «nosotros los trabajadores de Italia, frente a esos sinvergüenzas del sur, que son unos vagos subvencionados» propició el movimiento. Amanecer Dorado, Pegida en Alemania, UKIP en Gran Bretaña o el Frente Nacional en Francia son síntomas inquietantes de esa xenofobia institucional que consiste en utilizar el estigma de inmigrantes y refugiados, como «cemento» aglutinador para no perder el apoyo de las clases más perjudicadas por la gestión de la crisis.
-El 13 de septiembre el gobierno alemán estableció controles temporales en la frontera con Austria ante la llegada de refugiados. A mediados de junio, Francia cerró la frontera con Italia a unos 200 inmigrantes que procedían de Eritrea, Costa de Marfil y Sudán. ¿Qué relevancia pueden tener estas medidas para la vigencia del Acuerdo de Schengen, que permite la libre circulación de personas por los 26 países europeos firmantes del acuerdo?
En cuanto a Alemania, le doy una importancia relativa, ya que hizo un cierre muy calculado y con el claro propósito de organizar la llegada a Munich de unos «contingentes» que habrían desbordado las estructuras municipales y también estatales de Baviera. Es verdad que hay una componente de política interna, que es la tensión entre los socios de la coalición de Merkel, porque la CDU no sólo gobierna coaligado con el SPD, sino también, en el espacio de la derecha, con la Unión Social Cristiana (CSU), que gobierna desde siempre en Baviera. Los socialcristianos, mucho más reticentes ante refugiados e inmigrantes, han visto la política de Merkel como demasiado «aperturista». Pero Merkel no lo hace sólo por cumplir con su «contrato», ni tampoco por solidaridad, sino porque necesita mano de obra especializada que una parte importante de los refugiados supone.
-¿Observas una mayor amenaza en la posición de otros países?
Creo que es mucho más peligrosa la posición de Dinamarca, un país que ha cerrado fronteras y vías de transporte para refugiados, y que actualmente cuenta con un gobierno extremadamente conservador, de tintes que rozan la xenofobia y políticas tremendamente duras en materia de migración y refugio. En cuanto a Ventimiglia, la frontera entre Francia e Italia, creo que sí es un grave problema para Schengen. A largo plazo, si continúa la presión del movimiento de refugiados, que no continuará entre otras razones porque llega el invierno, sí puede plantearse una «redefinición» del espacio Schengen. Sobre todo si son los gobiernos conservadores los que gobiernan en Europa.
-¿Marca un punto de inflexión las imágenes de la policía húngara reprimiendo con gases lacrimógenos y cañones de agua a los refugiados en la frontera de Hungría con Serbia?
Sí, porque ha puesto a prueba la voluntad de la Unión Europea de utilizar los mecanismos de sanción cuando se producen, por parte de estados miembros, como Hungría, no sólo actuaciones brutales de la policía, sino también la aprobación de leyes que son restrictivas de derechos básicos. Sorprende que la UE tenga tanto empeño en exigir el cumplimiento de los deberes a los socios cuando se incumple la «regla de oro» del déficit, o las políticas de austeridad, pero cuando se aprueban leyes en los parlamentos incompatibles con el Tratado de la Uníon, como en el caso de Hungría, no se establezcan mecanismos de sanción.
-Un reciente artículo en El País del escritor Fernando Aramburu, titulado «Sirios que no lo son», señala que la policía alemana se incautó de varios paquetes con pasaportes falsos de nacionalidad siria. Informa asimismo el escritor de que según el ministro del Interior alemán, Thomas de Maizière, «no es improbable que entre los refugiados se hayan colado elementos salafistas». El ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, apuntó su preocupación por la posible infiltración de yihadistas entre los refugiados sirios. ¿Hay una campaña de criminalización en marcha?
Hay una campaña para aprovechar el menor riesgo, aunque no sea un rasgo definitorio, sino un inevitable porcentaje de casos de delincuencia, para definir una realidad que abrumadoramente no tiene nada que ver con ello. Lo que no se puede hacer es poner bajo sospecha al conjunto de la población refugiada y legislar bajo la óptica del delincuente. Generalizar el hecho inevitable de que puedan darse usos fraudulentos, e incluso criminales, dentro de una crisis de estas dimensiones me parece un disparate.
Otra cosa es que cuando la embajadora de Hungría en España, Enykó Gyori, haga unas declaraciones terribles que a todo el mundo nos han escandalizado, nos sitúa ante nuestra hipocresía. Ha dicho que le parecen muy bien las vallas de Ceuta y Melilla, cuyas concertinas, por cierto, están construidas por la misma empresa que fabrica estas alambradas en la frontera húngara (la empresa de Málaga European Security Fencing. Nota del entrevistador). La embajadora también afirma que quienes critican a Hungría por desviar a los migrantes hacia campos de refugiados, mantienen el campo de Calais, entre Reino Unido y Francia. Antes de predicar, la UE tiene que dar trigo y examinar sus situaciones escandalosas.
-Por último, ¿es un gran negocio Frontex (agencia europea encargada de gestionar las fronteras y controlar los flujos migratorios)?
Frontex es muchas cosas a la vez. De entrada, no es una agencia de salvamento, tampoco una entidad destinada a la ayuda de inmigrantes y refugiados. Frontex es, en primer lugar, una agencia de policía de frontera. Su tarea y razón de ser es el control de las fronteras con carácter policial. Al mismo tiempo, ha tenido que privatizar una parte de su trabajo… En ese punto hay un elemento de negocio indiscutible. Por lo que conozco de los operativos de Frontex en el Mediterráneo, están tratando de cumplir con una parte (aunque mínima) de labor de ayuda en el salvamento. Aunque quien ciertamente se está encargando de las tareas de rescate en el Mediterráneo es Médicos Sin Fronteras, lo que es una vergüenza para Europa. Una parte del personal destinado por Frontex en el Mar Egeo y el Canal de Sicilia tratan no sólo de cumplir con la función policial, sino también de salvar vidas. Hace años que la red Migreurop denunció los circuitos de negocio creciente, y no sólo de las mafias, sino el de nuestras empresas, en el control, seguridad, policía y fronteras en el Mediterráneo. Es algo que me parece difícil de negar.
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