Los Estados Unidos de la Unión Europea

La Asociación Transatlántica para el Comercio o la Inversión (ATCI), o TTIP por sus siglas en ingles, comienza en marzo su cuarta ronda de negociación entre la Comisión Europea y el Departamento de Comercio estadounidense. Analizamos las consecuencias que su aprobación podría tener en la economía, legislación e instituciones europeas.

Lobbies in the air…

La tierra de los lobbies. El poder de estos despachos se plasmó el documento interno en el que la Comisión Europea valoraba la puesta en marcha del Acuerdo Trasatlántico de Comercio e Inversión. Este papel, filtrado por Wikileaks, refleja un complicado sistema que dará paso a un marco regulatorio abierto «de par en par» a la industria del lobby. En respuesta a una petición de acceso a documentos públicos solicitado por la ONG Corporate Europe Observatory, la Comisión Europea ha tenido que publicar una lista de 130 reuniones con las partes interesadas sobre las negociaciones comerciales UE-EE.UU. Más del 93% de las reuniones de la Comisión durante los preparativos de las negociaciones fueron con las grandes empresas. Asocia­ciones industriales que van desde la Cámara de Comercio de EE UU a las compañías navieras.

Cooperación reguladora. Aunque la denominación es la misma, existen diferencias entre el trabajo y la rendición de cuentas de los lobbies en la Unión Europea y en EE UU, hasta el punto de que el Gobierno de Obama ha criticado públicamente el «estilo» de los negociadores europeos. El papel de los «cabilderos» es fundamental en todos los campos (desde la propiedad intelectual hasta las prospecciones de combustible), pero un punto en el que confluyen estos lobbies –que pueden tener intereses contrapuestos– es la implementación de fórmulas de «cooperación reguladora», lo que se traduce en «la coescritura de legislación». Se debe recordar que no está previsto que los lobbies pasen por las urnas.

La zona cero. Finanzas

Choque de tendencias. Las conversaciones sobre el sector financiero se hacen sobre el epicentro de la crisis económica que todavía amenaza las perspectivas de crecimiento mundiales. La desconfianza justificada que ha afectado a este sector desde 2008, y el terreno resbaladizo en el que todavía se mueve debido a las dudas sobre la continuidad de los estímulos monetarios que mantienen a los mercados financieros, hacen que los comunicados oficiales al respecto estén plagados de imprecisiones y matizaciones cautelosas. El ámbito de la negociación es amplio y abarca la liberalización de todo tipo de servicios bancarios, de seguros, fondos de pensiones y de capital riesgo o consultorías fiscales, además de consagrar la idea de los bancos «demasiado grandes para caer».

Nivelar por abajo. Según la ONG holandesa SOMO, la Comisión pretende introducir el principio de solución de controversias Estado-inversor (ISDS) también para lo relacionado con el sector financiero. Es decir, que un banco podría demandar a un Estado que hubiera establecido una regulación lesiva para sus intereses (por ejemplo, la dación en pago). Aparte, las compañías podrán aplicar en el exterior las normas que aplican en sus países, lo cual para Somo puede conducir a una nivelación por abajo de ciertos estándares. La ONG también destaca que desde TTIP se defiende limitar algunas regulaciones introducidas en el ámbito estatal o comunitario desde la crisis financiera, como las limitaciones al capital mediante provisiones obligatorias.

Neutralidad de la red

Copyright. La intención de equiparar los marcos jurídicos estadounidense y europeo también pasa por reforzar al mismo nivel la protección de la propiedad intelectual, en detrimento de la libertad de expresión y de la privacidad de las comunicaciones a través internet. Además, para favorecer el mercado biotecnológico, se fomentarían las biopatentes sobre semillas y alimentos. Ni la Casa Blanca ni Bruselas han dado más detalle sobre esta protección que la palabra «fuerte», que se repite en los escuetos informes. Sin embargo, la liberal Marietje Schaake, una de las europarlamentarias que participa en las negociaciones, asegura que el TTPI no será un nuevo ACTA –el acuerdo multilateral de Propiedad Intelectual fallido, ya que Bruselas lo rechazó a finales de 2012–, sino mucho más genérico. También afirma que la directiva de protección de datos que prepara la UE, con el objetivo de que los usuarios europeos de servicios de internet tengan más control sobre los datos que almacenan empresas mayoritariamente estadounidenses, no entra en las negociaciones. Y justifica que sean confidenciales en este asunto por tratarse de materia «sensible».

Contratos públicos

Derechos. Las disposiciones del TTIP que actualmente se están negociando buscan liberalizar y desregularizar el sector de la Contratación Pública y Servicios Públicos. Las organizaciones que han firmado el Mandato Alternativo de Comercio denuncia que la UE y EE UU reproducen la ideología de la mínima participación estatal en la economía y la capacidad de los gobiernos para prestar servicios públicos. En este momento ya existen muchas similitudes entre la gestión de grandes empresas privadas y públicas. En las negociaciones del TTIP se hace constar que «el acuerdo tendrá por objeto el acceso mutuo a los mercados de contratación pública en los niveles administrativos nacional, regional y local y en los servicios públicos para garantizar un trato no menos favorable que el concedido a los proveedores establecidos localmente». Esto se traduce en abrir nuevas oportunidades a las empresas multinacionales europeas para que puedan presentarse a convocatorias de contrataciones públicas en Estados Unidos, lo que supone crear nuevos mercados a empresas europeas reduciendo el espacio normativo de los gobiernos para gestionar sus economías.

Procompetencia. En los servicios públicos, se refiere en la liberalización y privatización de servicios tan esenciales como la distribución de energía, agua, salud y educación para aumentar la capacidad de negociación de las grandes empresas en este sector a través de una regulación «procompetencia». Con la inclusión de mecanismos de solución de controversias entre inversores y estados, el TTIP abre la posibilidad a las empresas de desafiar a los Estados en tribunales compuestos por juristas mercantiles independientes de las jurisdicciones nacionales, lo que va a suponer una dificultad para la conservación de los servicios públicos y las contrataciones administrativas.

La ‘i’ de inversión. Una clave

Participación. En una presentación del TTIP para el Instituto El Cano, la fundación española más activa en la defensa del posible acuerdo atlántico, el negociador principal de la Unión Europea, Ignacio García Bercero, explica que la intención es que el tratado debe incluir aspectos «tradicionales de acceso al mercado» como los aranceles y las compras públicas. El capítulo de inversiones es una de las claves sobre las que se sostiene un acuerdo, y el empleo de los tribunales ISDS -de «solución de Diferencias entre Inversores y Estados»–, que se discutirá durante los próximos tres meses, es fundamental en el capítulo de inversiones, hasta el punto de que su rechazo por parte de la Unión Europea puede suponer el carpetazo al acuerdo TTIP.

Alternativas. El Mandato Alternativo de Comercio firmado por más de 50 organizaciones sociales europeas exige una orientación de las inversiones hacia un modelo de desarrollo sostenible. Con respecto a la negociación del tratado, esta plataforma pide que se excluyan de la negociación de inversiones determinados campos de interés general, entre ellos la salud y el acceso al agua. Junto a esto, piden que se aplique el «principio de precaución» para frenar aquellas inversiones que puedan poner en peligro el interés general.

Campo cerrado. Agricultura

Etiquetas. La apertura de mercados con el que los actores de UE y EE UU favorables al acuerdo TTIP prometen oportunidades para los sectores agropecuarios. Y presenta sombras en cuanto al llamado «principio de precaución», que limita la autorización de productos que puedan ser lesivos para la salud. Son normas empleadas en el etiquetado y la supervisión sanitaria de los alimentos. En virtud del acuerdo, un producto considerado apto en un país tendrá esa consideración en otras zonas, independientemente de que los estándares sean distintos. Esto incluye aditivos en los piensos de ganado como la hormona del crecimiento, extendida en EE UU.

Transgénicos. La búsqueda de «cooperación regulatoria» en las negociaciones del Acuerdo Transatlántico pone en riesgo las normas establecidas para la agricultura y la alimentación en la UE y EEUU. Grandes empresas del sector agro-industrial y biotecnológico están haciendo presión para eliminar restricciones europeas a los alimentos modificados genéticamente, cuestionan las normas de etiquetado de los alimentos al considerarlas barreras al comercio, y rechazan el uso del «principio de precaución» en el establecimiento de normas de seguridad de los alimentos. Las negociaciones comerciales podrían también amenazar la compra local de alimentos en Estados Unidos y la Unión Europea, por ejemplo los programas que buscan orientar el gasto público hacia comidas más saludables y sostenibles en las escuelas.

Medio Ambiente. Más fósiles

Asimetrías. Décadas de legislación ambiental en Estados Unidos y la Unión Europea han dado lugar a regulaciones muy diferentes en esta materia, que influye sobre la relación con el entorno y en cuestiones de salud, como la contaminación de aguas subterráneas o el empleo de amianto en las construcciones. Las organizaciones ambientalistas temen que el Acuerdo Trasatlántico de Comercio e Inversión haga tabla rasa en la legislación ambiental, ya de por sí castigada a resultas de la crisis en países como España, uno de los responsables de la palidez de los objetivos sobre cambio climático. Los tribunales de mediación ya han sido utilizados por la empresa sueca Vattenfall para pedir compensaciones a Alemania por la moratoria nuclear.

Peligros. La legislación estadounidense sobre sustancias tóxicas TSCA exime de presentar pruebas de toxicidad en más de 60.000 sustancias químicas, frente a la legislación europea, mucho más restrictiva. El TTIP abrirá la puerta a la introducción de productos estadounidenses que no han cumplido los estándares con los que actualmente se dota la UE. Los ISDS, instancias de resolución de conflictos entre inversores y Estados, se convierten en el proyecto trastlántico en un tribunal fundamental para decidir por ejemplo en conflictos sobre las exploraciones en busca de gas no convencional mediante fractura hidráulica. La obtención de fuentes de energía, una de las claves de bóveda del acuerdo, habida cuenta de la dependencia energética europea, se superpone a los mínimos marcados para contener el cambio climático en los países que más han contribuido al problema.

Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/panorama/21937-estados-la-ue.html