La llegada de gobiernos conservadores a Francia y otros países de Europa ha incrementado las políticas de expulsión de ilegales. Los Centros de Retención franceses y las expulsiones masivas han provocado protestas de activistas europeos.
No todos somos trashumantes, pero extranjeros (extraños) de alguna forma lo somos todos; las nuevas relaciones sociales, en especial en las grandes ciudades, nos llevan a experimentar una y otra vez sensaciones que en algún momento nos han hecho sentirnos excluidos, relegados o extraños, sin necesariamente tenernos que encontrar en un país distinto al nuestro. Pero más allá de cualquier figura fenomenológica o sociológica (como la que abordaran Georges Simmel, Norbert Elias o Hannah Arendt), existe una figura jurídica y política que de manera sistemática y violenta le restriega al forastero su condición, lo que trae como consecuencia la retención y posterior expulsión del país en que se encuentra: la de ser «ilegal».
En Francia, cuna de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, esta situación no es una excepción, y mucho menos desde que el gobierno de Nicolas Sarkozy se propuso, desde su llegada al poder en 2007, alcanzar la cifra de 25 mil «ilegales» expulsados por año; no fue realidad en ese año, pero tres años después la suma de deportados llegó, según el propio ministro de Interior, Brice Hortefeux, a un total de 106 mil.
Un ejemplo fehaciente de la dureza e intolerancia de las políticas de Sarkozy fue el reciente, y muy polémico, desmantelamiento de 51 campos de gitanos y su consecuente expulsión hacia sus países de origen (Rumania y Bulgaria). Aunque la rigidez de las políticas migratorias de varios países de Europa occidental proviene de principios del siglo XXI -cuando notoriamente los derechos de «los sin papeles», reconocidos en los convenios internacionales y europeos, dejaron de existir en la práctica-, en los tres últimos años se ha generado un especial ambiente de hostilidad en contra de los migrantes, lectura que no puede deslindarse del repunte que la extrema derecha ha experimentado en el continente. «Golpe a golpe, en dos años, la extrema derecha ha rozado o superado el 10 por ciento, e incluso ha llegado al 15 por ciento del escrutinio nacional en varios de los Estados europeos, como son los casos de Bélgica (17.1), Bulgaria (12), Francia (10), Hungría (14.8), Holanda (17) o Noruega (22.9).
«En Italia, donde la Alianza Nacional ha roto el cordón umbilical para integrarse a la derecha clásica, la secesionista Liga del Norte preside Lombardía, la región de Véneto y la de Piamonte. En Suiza, la Unión Democrática del Centro, un año después de que se prohibieran los alminares o minaretes, convenció a 53 por ciento de los votantes para que simpatizaran con la idea de expulsar a los migrantes, a quienes se cree culpables de haber cometido algún ‘crimen’ y/o de ‘abusar de las ayudas sociales'» («Les extrêmes droites à l’offensive», Le Monde diplomatique, enero de 2011).
La retención administrativa
La travesía que enfrentan «los sin papeles» del continente africano, de Medio Oriente y Oriente, en su afán por llegar a Europa occidental, no suele ser muy distinta a la que experimentan los sudamericanos o centroamericanos «ilegales» que pretenden llegar a Estados Unidos. Miedo, frío, sed, hambre, secuestro, robo, extorsión y todo tipo de vejaciones son algunas de las lamentables constantes a las que se enfrentan tanto unos como otros; para algunos lo peor que puede ocurrirles es ser descubiertos, retenidos y, en la mayoría de los casos, deportados.
En Francia, cuando un individuo no puede demostrar su permanencia legal en el territorio, es privado de su libertad y retenido en un Centro o Local de Retención Administrativa (CRA y LRA, respectivamente). En la actualidad existen 24 CRA y LRA, ubicados estratégicamente en todo el país, con espacio para albergar de ocho a 230 retenidos, y con una capacidad total para mil 443. El primer centro del que se tiene conocimiento estuvo en Arenc, en el puerto de Marsella. Establecido de manera ilegal en 1976, este centro cobró notoriedad tras la indignación y denuncia unánime de los medios y partidos opositores al saber que se realizaban retenciones de extranjeros de manera ilegal, hecho que más tarde se conocería como «El escándalo de Arenc». Años después, en 1984, «el gobierno socialista intentó reequilibrar la política de migración creando una ley que favoreciera la integración de los extranjeros (carta de residencia de 10 años), pero en contraparte impulsó un mecanismo de inmigración más estricto. Así, la izquierda reiteró su voluntad de luchar contra la inmigración irregular; sin embargo, apoyados en la Ley de octubre de 1981 (que contempla la legalización de la retención administrativa) los CRA se hicieron una realidad» (La Cimade, «Centres et locaux de retention administrative. Rapport 2009», París, 2010).
Inmediatamente después, para intentar dar transparencia a los procesos de retención el gobierno le propuso al Comité Inter-movimiento de Ayuda a los Evacuados (La Cimade, organización de larga tradición de ayuda a refugiados creada en 1939) llevar a cabo una misión de acompañamiento «social» de los retenidos. La Cimade (www.cimade.org/), después de intensos debates al interior de su organización, aceptó. Fue así que se convirtió en la única organización en tener acceso a los CRA hasta 2010, año en que las organizaciones Association Service Social Familial Migrants (l’ASSFAM), Forum réfugiés, France Terre d’asile y l’Ordre de Malte comenzaron a realizar también «acompañamientos» sociales a los refugiados en los CRA.
El CRA de Coquelles
Calais es una ciudad de departamento de Pas de Calais y a la región de Nord Pas de Calais. Ubicada en el estrecho del Canal de la Mancha, es la ciudad francesa más cercana a Inglaterra y, por consecuencia, una localidad con un fuerte flujo de inmigrantes «ilegales», que sobre todo anhelan alcanzar Gran Bretaña (GB).
Muy próximo a esta urbe francesa se encuentra el CRA de Coquelles, el cual comenzó a funcionar un año después de haber sido construido, en 2002, época en que también, luego de tensas negociaciones entre las autoridades francesas y británicas, se llegó a un acuerdo por el que cada país asumiría la responsabilidad de acoger a cierto número de inmigrantes -mil 200 GB y tres mil Francia-, se creó un plan conjunto para reforzar las líneas ferroviarias y puertos comunes y, además, fue cerrado el centro de alojamiento para refugiados de Sangatte, en la localidad de Calais. Este cierre empujó a «los sin papeles», excluidos de este plan de ayuda bilateral, a levantar un campamento irregular que llegó a alojar hasta unos 800 inmigrantes. Conocido como «La jungla», este asentamiento clandestino fue desmantelado por la policía el 22 de septiembre de 2009.
Al preguntarle al jurista Pierre Nicolas -quien hasta el último día del 2010 trabajó como asesor y acompañante de los retenidos por parte de la organización France Terre d’Asile- sobre la ubicación estratégica del CRA de Coquelles, me responde pausadamente: «Los migrantes tienen relativamente gran oportunidad de moverse estando en esta zona: el tránsito de camiones que llevan mercancía y turistas hacia Inglaterra es muy alto, y, digamos, las posibilidades crecen. Está cerca el Eurotúnel y los ferries salen constantemente. También a poca distancia de aquí termina el espacio Schengen. En consecuencia, es también un lugar cada vez con mayor control». Edificado muy cerca de un gran predio industrial-comercial llamado Cité Europe, sobre enormes lotes donde pueden verse aerogeneradores de energía eólica, este CRA es absolutamente imperceptible desde Boulevard du Kent, avenida por donde se accede a él.
Cuando seguimos hablando de la ubicación, pero sobre todo de la construcción, Pierre -quien también trabajó para la Cimade- se toma la barba y, mientras deja escapar una leve sonrisa, me explica: «El CRA no puede verse porque ha sido construido precisamente bajo un montículo que está a nivel del resto de las construcciones; pero lo más irónico de la edificación es que el arquitecto pensó en crear en el patio central del CRA un universo con armonía Zen».
Acerca de la procedencia de los retenidos, Pierre continúa: «En 2009 la mayoría provenía de la India, Afganistán, Vietnam, Irak; poco menos de Ucrania, Eritrea e Irán; muchos menos de Sudán, y por último de otros países. Para el 2010 la situación era distinta, pues la mayoría de los retenidos provenía de Irán y Sudán», dice, mientras cruza una pierna. Después le da un sorbo a su cerveza y me asegura que la intención de casi todos ellos no era quedarse en Francia sino llegar a tierras inglesas.
Varias de las historias de estos migrantes son desgarradoras, como la que cuenta Pierre en su texto «Welcome to Hell» (recopilado en el libro La Cimade. Chroniques de rétention 2008-2010), o la que en propia voz me narra: «En junio de 2008 acababan de remitir al CRA de Coquelles a un iraquí de aproximadamente 20 años de edad, quien había atravesado el espacio Schengen por Grecia, donde había sido retenido por primera vez. Cuando esto ocurre en la Unión Europea, el primer país que retiene a un «sin papeles» tiene que tomar sus huellas digitales para el registro Eurodac, y en consecuencia ese país debe hacerse ‘responsable’ del migrante. Por lo tanto, lo que iba a proceder con él era enviarlo nuevamente a Grecia. Cuando le hice saber esto al joven, su semblante cambió por completo, reflejaba una mezcla de miedo y profunda tristeza. Me explicó que en aquel país lo habían secuestrado y torturado, me mostró unas cicatrices que le atravesaban casi todo el cuerpo. Me contó que para soltarlo le habían pedido dinero a su familia, pero que ésta era incapaz de pagar cualquier suma. Me confesó que creyó que lo iban a matar, pero terminaron por dejarlo ir. Me quedé con una fuerte sensación de impotencia, porque al final lo mandaron a Grecia».
Pierre termina dando su opinión sobre los CRA: «Sencillamente, estos lugares no deberían de existir. Dichos sitios sólo responden a una absurda ‘política de las cifras'», me asegura de forma determinante mientras, nuevamente, se lleva la mano a la barba.