Otto Pérez Molina, quien ganó la primera ronda de las elecciones presidenciales de Guatemala el 11 de setiembre, ha sido fotografiado a menudo durante la campaña electoral llevando una bolsa tradicional tejida a mano conocida como morral. Otros políticos fueron rápidos en subirse al coche de la moda: Patricia de Arzú, del Partido Unionista, vestía […]
Otto Pérez Molina, quien ganó la primera ronda de las elecciones presidenciales de Guatemala el 11 de setiembre, ha sido fotografiado a menudo durante la campaña electoral llevando una bolsa tradicional tejida a mano conocida como morral.
Otros políticos fueron rápidos en subirse al coche de la moda: Patricia de Arzú, del Partido Unionista, vestía regularmente las coloridas y vistosas blusas mayas tejidas a mano conocidas como huipiles, y el populista de derecha Manuel Baldizón, candidato del partido Libertad Democrática Renovada (LIDER), que enfrentará a Pérez Molina en la segunda vuelta el 6 de noviembre, solía vestir guayaberas bordadas con motivos mayas.
El mensaje que estos candidatos están tratando de enviar es «mira, soy uno de ustedes», algo que las organizaciones indígenas han descrito como «racista» y «ofensivo», especialmente cuando los políticos ataviados con prendas mayas, como Pérez Molina, del derechista Partido Patriota (PP) y general retirado del Ejército, tienen supuestos lazos con violaciones de los derechos humanos contra la población indígena durante los 36 años de guerra civil de Guatemala.
Contrariamente a las conclusiones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico patrocinada por Naciones Unidas -comisión de verdad y reconciliación de Guatemala que investigó las violaciones a los derechos humanos cometidas durante los 36 años de guerra civil que concluyeron con los acuerdos de paz de 1996-, Pérez Molina ha negado reiteradamente que se hubiera cometido nunca genocidio contra la población maya.
Esta fue una de las críticas expresadas por la Red Nacional de Organizaciones Jóvenes Mayas (RENOJ), durante la presentación del Segundo Informe de Observación Electoral publicado por la coalición cívica Mirador Electoral el 11 de julio.
Mirador Electoral congrega una serie de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas RENOJ, la organización indígena Naleb, el movimiento Más Mujeres Mejor Política, así como centros de investigación como la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y el Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP), que han monitoreado las elecciones así como la cobertura mediática que éstas han recibido, emitiendo informes periódicos.
«La utilización de indumentaria maya es una muestra de racismo, expropiación y suplantación forzosa de nuestros valores, teniendo en cuenta que nos dejan al margen al momento de la representatividad», dijo Rigoberto Quemé, ex alcalde de Quetzaltenango y miembro de RENOJ.
Poca representación
Irma Citalán, miembro de Naleb, añadió que sólo el 6% de los 294 candidatos al Congreso fueron indígenas, y sólo dos encabezaron listas: Edgar Ajcip y Amílcar Pop, del partido LIDER y la coalición de izquierda Frente Amplio, respectivamente.
Los manifiestos de los partidos políticos contienen también pocas propuestas, o ninguna, que aborden demandas indígenas. De los 10 partidos que participaron en las elecciones presidenciales, sólo la coalición Frente Amplio liderada por Rigoberta Menchú abordó la cuestión de las demandas agrarias y propuso expropiar tierras inactivas, asegurar la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral que ha permanecido estancada en el Congreso durante el gobierno del presidente saliente Álvaro Colom, y crear una defensoría, la Procuraduría Agraria, para resolver conflictos sobre la tierra.
En contraste, la «Agenda del Cambio» del PP no dice nada sobre la implementación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales, y Pérez Molina ha afirmado repetidas veces que tiene la intención de impulsar la minería, la extracción de petróleo y proyectos hidroeléctricos, a pesar de que la explotación despiadada de los recursos naturales ha causado agitación entre las comunidades indígenas.
Otro partido conservador, Visión con Valores (VIVA), contrató al economista coreano Jin Park para llevar a cabo un estudio que fue publicado posteriormente como el «Plan Nacional de Desarrollo: Guatemala 2050». Durante su presentación, Park dijo que Guatemala sólo podría superar la pobreza y el subdesarrollo sustituyendo la agricultura con el desarrollo industrial.
También culpó del subdesarrollo a que «los guatemaltecos carecen de motivación, especialmente la población indígena».
Los líderes indígenas se indignaron por los comentarios racistas de Park. Pascual Pérez Jiménez, miembro de la Alianza para el Desarrollo Rural Integral, dijo que la propuesta de VIVA demostraba «una visión integracionista del desarrollo que invisibiliza a los pueblos indígenas».
Otro pobre resultado para Menchú
El espectro político guatemalteco se compone de una serie de partidos conservadores y una sola coalición de izquierda, el Frente Amplio, dirigida por la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, que congrega al partido indígena Winaq, el Movimiento Nueva República del congresista Aníbal García, así como dos organizaciones ex guerrilleras convertidas en partidos políticos: Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y Alianza Nueva Nación.
Pero Menchú llegó sexta entre 10 candidatos presidenciales, con sólo 3.3% de la votación, un resultado ligeramente mejor que el que consiguió en el 2007, pero muy por debajo de las expectativas de la coalición.
El congresista García, quien postuló para vicepresidente, dice que el Frente Amplio esperaba ganar por lo menos 12 alcaldías pero sólo ganó cinco, así como tres escaños en el Congreso. Describió esto como «lamentable, pero no un fracaso».
El departamento norteño de San Marcos, el departamento montañés de Huehuetenango y el departamento central de Guatemala son los tres distritos electorales donde el Frente Amplio captó la mayoría de sus votos con una campaña modesta y escasísimo financiamiento, durante la cual los activistas se reunían en casa de Menchú para montar carteles hechos a mano.
En cambio, los principales partidos, como el PP, la coalición gobernante Unidad Nacional de la Esperanza-Gran Alianza Nacional y LIDER, superaron el presupuesto de campaña permitido por el Tribunal Supremo Electoral y quebrantaron la ley al lanzar su campaña antes de la fecha oficial de inicio en mayo.
Según el analista político Edgar Gutiérrez, forjar una alianza de izquierda fue un paso positivo para los cuatro partidos que participaron bajo la bandera del Frente Amplio, y la coalición tiene el potencial de aumentar de 3% a 12% de los votos si la gente puede identificarse con cuestiones tales como la defensa de los recursos naturales, la reforma agraria y la reforma fiscal. El problema, dice Gutiérrez, es que «hay un divorcio entre la izquierda política y las organizaciones de base».
Fuente original: http://www.noticiasaliadas.