Traducido para Rebelión por María Enguix
Cinco meses después del estallido social de diciembre, se mantiene con extrema dureza la penalización de las luchas sociales de la juventud. Seis de los 30 griegos (o residentes en Grecia desde hace años) en prisión preventiva por los sucesos del pasado mes de diciembre permanecen en la cárcel. En cuanto al destino de los otros 32 extranjeros, que fueron encarcelados, acusados de actos delictivos, se estima que si en su mayoría no han sido deportados, junto con el resto de inmigrantes detenidos, permanecen encerrados.
En Lárisa, los 17 acusados, casi todos escolares, a los que se aplicó la ley antiterrorista, han sido puestos en libertad. Sin embargo, todavía no les han retirado las graves acusaciones delictivas.
Al mismo tiempo, en la ciudad de Xanci se ha abierto con carácter retroactivo un nuevo capítulo de actuaciones judiciales sobre los sucesos de diciembre. Las autoridades fiscales locales pretenden inculpar ahora, mediante acusaciones delictivas exageradas y forzadas (intento de asesinato, lesiones corporales graves, etc.), a estudiantes y demás jóvenes que participaron en las movilizaciones.
De los seis griegos que permanecen aún en prisión, cuatro fueron detenidos el 10 de diciembre de 2008 en las inmediaciones de la Universidad Politécnica. Los policías declararon que todos habían participado en los episodios y que lanzaban piedras y cócteles molotov contra ellos.
Las autoridades fiscales no tomaron en consideración otros testimonios, ni tampoco, como afirma la mayoría, que no participaron en los episodios y que sus detenciones se hicieron en masa. Por el contrario, el fiscal, en su propuesta al Consejo de la Magistratura, suscribe al pie de la letra las declaraciones de los policías, y dice que son «rotundas y no dan lugar a dudas sobre la actuación de los acusados».
En pocas palabras, para el fiscal es un hecho, en clara vulneración de la presunción de inocencia, que los acusados no sólo son culpables, sino que es muy probable, por su singular comportamiento delictivo, que cometan otros crímenes semejantes en el futuro.
El fiscal, tras valorar el comportamiento de los detenidos, que considera incuestionable y obvio, los define colectivamente como un nuevo enemigo «interno» peligroso de la legalidad constitucional. Les imputa una «obsesión por la destrucción y el desastre que se fundamenta en el odio ciego contra el orden público». Curiosamente, hace un mes en Finlandia, el Presidente de la República, C. Papulias, calificó de alentador que la juventud se rebele y exprese su ira por todo lo que la hacen sufrir.
En su propuesta, el ayudante del fiscal de primera instancia, S. Caramanis, señala de forma significativa que «la facilidad con que pusieron en peligro vidas humanas y destrozaron bienes, estatales y privados, es excepcionalmente antisocial y no tiene móviles ideológicos que eventualmente pudieran atraerles simpatías en un estado de derecho, como nuestro país, que por supuesto no es ideal pero que sin duda permite, gracias a sus instituciones consolidadas y a la protección constitucional, el derecho de reunión y protesta, y muestra además gran tolerancia con este tipo de manifestaciones que, con una continuidad casi diaria, vienen celebrándose principalmente en el centro de Atenas».
Las autoridades fiscales no sólo desestiman las declaraciones de un periodista que vio a los antidisturbios atacar y proceder a detenciones aisladas de personas que no habían lanzado cócteles molotov, sino que aluden como circunstancia agravante (antes de que se votase la ley Dendia contra los encapuchados y cualquiera que se oculte el rostro) el hecho de que los arrestados llevaban puestos cascos o máscaras quirúrgicas; algo que llevaban, como parece evidente, para protegerse de los gases químicos de las fuerzas policiales.
«El prolongado arresto actual de los detenidos a raíz de los sucesos de la sublevación de diciembre pone de manifiesto la parcialidad de la Justicia, en absoluto independiente, que funciona más bien como un puro mecanismo de represión contra las luchas sociopolíticas», resalta la abogada Andonía Legaki, encargada de estos casos. Y prosigue: «Las reclamaciones respecto a «la neutralización de los acusados hasta la aplicación de la pena», incluidas en la fundamentación de las disposiciones de la instrucción, vulneran el conjunto de las disposiciones constitucionales que consolidan la presunción de inocencia, la libre expresión de la convicción política y su no penalización, la resolución de los Tribunales sobre el fondo del posible acto ilegal». Y concluye: «En la medida en que la Justicia asume la «neutralización del enemigo interno» con el fin de favorecer cada elección del poder ejecutivo, recordamos que el conjunto de los derechos civiles y sociales contemplados en la Constitución se ha conquistado mediante manifestaciones, ocupaciones, etc., que en tiempos se consideraron ilegales…».
Fuente: http://www.enet.gr/?i=news.el.ellada&id=50677 (3 de junio de 2009)