«El cambio vendrá desde abajo y el movimiento popular se encuentra cada vez con más energía para impulsarlo». Con esta impresión optimista se manifiesta Henry Morales, coordinador de Tzuk Kim-pop, organización social de Gutemala comprometida en la transformación estructural del país. Morales se define como «activista social». Ha escrito varios libros sobre cooperación, desarrollo y […]
«El cambio vendrá desde abajo y el movimiento popular se encuentra cada vez con más energía para impulsarlo». Con esta impresión optimista se manifiesta Henry Morales, coordinador de Tzuk Kim-pop, organización social de Gutemala comprometida en la transformación estructural del país. Morales se define como «activista social». Ha escrito varios libros sobre cooperación, desarrollo y movimientos sociales en Guatemala y Centroamérica. En su reciente visita a España, con el fin de sensibilizar sobre la realidad que vive su país, ha concedido esta entrevista a Rebelión.org.
-En qué punto se halla el movimiento popular en Guatemala y cuál es, a tu juicio, el camino que debe emprender para construir una sociedad más justa?
El movimiento social, popular, indígena, campesino, está más vivo que nunca. El nivel de organización local se fortalece y se moviliza cada vez más. Pero debemos continuar trabajando para fortalecer un proyecto político que responda a estos intereses de pueblos y de clases. La defensa del territorio, de los recursos naturales, de los servicios elementales como la educación, la salud, la cultura, el empleo, son algunas razones que conducirán y orientarán un movimiento más articulado, más coordinado. El cambio vendrá desde abajo, desde los propios pueblos y territorios.
-¿Podrías valorar el alcance de las «Consultas Populares» como herramienta de lucha contra los abusos de las trasnacionales?
Son, sin duda, una expresión viva de que los pueblos y las comunidades indígenas y pobres del país, están hartas de tanto saqueo, explotación, discriminación y exclusión a la cual están siendo sometidas. Las consultas son un reflejo del nivel de organización de los pueblos. Pero también son un grito de rebeldía y de aviso.
-En Guatemala se ha impulsado la producción de agrocombustibles, la generación de energía a partir de grandes hidroeléctricas y carbón mineral o la extensión de los contratos a las petroleras. En este sentido, ¿Cuál es el resultado de las campañas de las organizaciones sociales, en demanda de la nacionalización de la energía y la expulsión de Unión Fenosa e Iberdrola de Guatemala?
La privatización de todos los recursos que deberían estar controlados por el Estado, como la salud, la educación, comunicaciones, energía y recursos naturales está produciendo un daño enorme a la economía del país. Empresas transnacionales como Unión Fenosa, Telefónica, Iberdrola detentan un poder sin precedentes en Guatemala. En consecuencia, los servicios de energía tienen precios muy altos con relación a la calidad y eficacia de los mismos. La práctica de exploración y explotación de los recursos naturales y minerales por parte de transnacionales generan efectos perversos en el medio ambiente y en las economías locales, principalmente indígenas. Las regalías que le quedan al Estado de esta explotación son, en consecuencia, raquíticas, por lo que las nacionalizaciones contarían con un amplio respaldo social.
–El Movimiento Nacional de Derechos Humanos registra desde 2002 un promedio de 200 ataques al año contra activistas sociales, en un proceso agudizado con las movilizaciones contra el Tratado de Libre Comercio. Podemos considerar a Guatemala como un estado democrático con unas garantías mínimas?
Guatemala está considerado como un país que no tiene Estado. Un país que esta cooptado por una reducida clase oligárquica que tiene el control de la economía y la política del país; pero también por el crimen organizado, y por esta razón no puede cumplir con sus funciones básicas. Los sistemas de justicia no funcionan. Según los datos de la ONU, del 100% de los casos de violaciones solo el 2% llegan a resolverse jurídicamente. Es decir, existe una impunidad total. De aquí la imperiosa necesidad de refundar el Estado para que éste pueda responder a las grandes necesidades de la mayoría.
-Además, parece que asistimos a un proceso de «remilitarización» del país. A qué causas e intereses responde este fenómeno?
En efecto, con el pretexto de luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado, en el país se ha revertido uno de los grandes objetivos de los acuerdos de paz: que el ejército dejará de asumir el poder político y represivo que históricamente ha desempeñado en Guatemala. Pero no hay que obviar que el ejército es una bisagra entre los grandes poderes económicos y políticos. Además, la remilitarización no es ajena a los cambios que se viven en América latina y es un aviso, como puede apreciarse con el golpe de estado en Honduras, de que estos cambios tendrán un oponente que tratará de impedirlos.
–Otro de los asuntos que ha situado en los últimos meses a Guatemala en la «agenda mediática» ha sido la muerte de Rodrigo Rosenberg, un abogado vinculado a los grandes grupos económicos del país, que acusaba en un vídeo al presidente Colom de ser el responsable de su asesinato. Consideras que se trata de una campaña para criminalizar al gobierno por parte de la oligarquía? Estaría detrás de esta campaña la nueva legislación que regula la tenencia de armas?
En el caso Rosenberg están vinculados muchos intereses políticos y económicos, así como partidos y personalidades, que pretendían aumentar el nivel de inestabilidad política y desgaste al actual gobierno. Estamos convencidos, y así lo esperamos, que el informe que se presente por parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), identificará a responsables y autores intelectuales y materiales. Lo que sí es cierto, es que el Caso Rosenberg es uno más de una lista interminable de crímenes y asesinatos que están sin resolver y en donde los poderes económicos y políticos de siempre, sin duda, tienen responsabilidad.
-¿Por qué razones piensas que en estos momentos desatan los medios de comunicación privados una campaña en la que asocian la corrupción y la violencia impune a la figura del presidente?
El actual Gobierno de Álvaro Colom no tiene el reconocimiento y aceptación por la oligarquía tradicional en el país. Los medios de comunicación son propiedad de grupos de poder que están en contra de la gestión del actual gobierno. Desde aquí viene la sistemática y persistente campaña para deslegitimar cualquier acción que desde este gobierno se impulse. Sin duda, la corrupción es un mal institucionalizado de siempre en el país. De igual forma, la violencia y la inseguridad son problemas que han afrontado los últimos cuatro gobiernos en el país. Este gobierno alcanzará las cifras más alarmantes de violencia y asesinatos. El problema se acrecienta cuando los medios utilizan esta realidad para intereses políticos que van más allá de la búsqueda de justicia o que el sistema funcione adecuadamente, es decir, como parte de una campaña de la oligarquía en pro de sus intereses.
-Estas tendencias han llegado a materializarse, incluso, en manifestaciones en la calle (las denominadas manifestaciones «de blanco» con presencia de las clases medias y altas. Podrías explicar el fenómeno?
Son varias las causas. Se trata, en su mayoría, de gentes de clase media y que responden al llamado que hicieron los empresarios y políticos adversos al actual gobierno. Muchas de estas personas son allegados a los partidos de derecha en la oposición. Bien es cierto que debido al nivel de cansancio por la violencia e inseguridad que existe en el país, muchas personas encontraron la «causa de Rosenberg» como una oportunidad para expresar su descontento. Desgraciadamente, estos sectores (en su mayoría) fueron manipulados y al final contribuyeron sin saberlo, a querer desestabilizar el país. Paralelamente a estas manifestaciones «de blanco» se produjeron en los mismos días, concentraciones aún mayores en respaldo al gobierno para que se respetara la institucionalidad y la democracia en Guatemala. El apoyo a la oposición desciende cuando empieza a conocerse que en el caso Rosenberg hay personajes y políticos implicados no necesariamente del gobierno, sino de los partidos de la oposición.
-Sin embargo, ¿el Gobierno de Álvaro Colom ha logrado algún avance en la aplicación de la Acuerdos de Paz de 1996, en los que, acabada la denominada guerra civil, se adquirió el compromiso de fomentar el acceso popular a la educación, a la salud, a las tierras o la lengua y cultura indígenas?
El gobierno de Álvaro Colom no puede señalarse como un gobierno de izquierda, porque su misma composición política se lo impide. Posiblemente podría llegar a tener una orientación socialdemócrata, pero únicamente en un mínimo sector del gobierno. Lo que ha impulsado el gobierno son programas con un enfoque social, pero meramente coyunturales. Bolsas de alimentos, programas para promover educación a sectores más marginados y pobres, atención sanitaria, resarcimiento a los afectados por el conflicto armado, entre otros. Sin embargo, no ha realizado reformas estructurales que toquen, por ejemplo, la propiedad agraria ni ha implementado cambios en la fiscalidad. Tampoco ha hecho frente a la lacra de la impunidad ante el delito. La atomización del partido en el gobierno, sin fuerza suficiente para imponerse en el congreso, y los perversos intereses políticos y económicos a los que está hipotecado explican esta falta de iniciativa.
Y ello a pesar de que Colom prometió, durante su toma de posesión como presidente (enero de 2008) una «socialdemocracia de rostro maya». No apunta, por tanto, su política en esta dirección.
Históricamente la cuestión indígena ha sido utilizada por los partidos de derecha como un instrumento de campañas políticas. Nunca ha existido en los últimos 50 años un gobierno que realmente se comprometa con las demandas y reivindicaciones de los pueblos. El gobierno de Colom no es la excepción. Si observamos la composición del gabinete no existen Mayas al frente de ministerios. Existe sólo una apertura a representantes indígenas en puestos medios, pero en su mayoría son personas que responden a intereses más personales que de organizaciones o de los pueblos. En la actualidad, los pueblos indígenas están demandando más espacios de participación y exigiendo al gobierno que cumpla con su promesa de adquirir ese «rostro maya». Pero difícilmente habrá cambios en esta dirección.
-Piensas que sería el gobierno de Guatemala asimilable al de Chávez, Evo Morales o Rafael Correa?
Categóricamente no. Los gobiernos de países del sur como Bolivia, Ecuador y Venezuela, sí tienen políticas dirigidas a resolver los grandes problemas económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales. Tienen políticas ampliamente sociales y dirigidas a que el estado sea el regulador de la economía. Sobre todo, a ir rompiendo esa brecha profunda entre los que más tienen y los que no tienen nada. Esta tendencia no se corresponde en absoluto con el actual gobierno de Guatemala.
-¿Qué opinas del Programa de Cohesión Social, presentado por el gobierno de Guatemala como una muestra de su sensibilidad hacia la problemática de las clases populares?
El programa de Cohesión Social es una suma de iniciativas que intenta dar respuesta, sobre todo, a los problemas de los sectores más marginados y excluidos. Son programas que tiene efectos diversos: responden a problemas inmediatos pero sin resolverlos; dan credibilidad política al gobierno, principalmente entre los sectores más populares; y le sirve al ejecutivo, de manera sutil, para formar una base clientelar. Estas iniciativas cuentan con una gran oposición política en el congreso y entre la clase oligárquica y empresarial del país. Para que se mantengan se necesitan contribuciones económicas que el Estado no tiene capacidad de recaudar, por la existencia de una legislación tributaria regresiva (lo que más ingresos tienen pagan menos). Esto hace que sean programas insostenibles.
Por último, otra de las cuestiones por las que Guatemala ha saltado a la «agenda mediática» es la declaración del «Estado de Calamidad Pública». Esto se debe exclusivamente a la sequía, tal como apuntan los portavoces oficiales y los medios de comunicación?
Guatemala es un país en donde la pobreza extrema, la marginación económica y la carencia de los bienes más elementales para la sobrevivencia humana siempre ha estado en más del 80% de la población. Son causas eminentemente estructurales. El Estado de Calamidad llega en el momento que los medios de comunicación se dan cuenta que en Guatemala hay pobres y hambre. Pero este arraigado mal ha persistido y persistirá mientras las causas estructurales de cómo está distribuida la riqueza, la tierra y los beneficios siga en las mismas condiciones. Lógicamente, son males que crecerán en la medida que hay otros factores que lo alimentan, como la sequía, la falta de empleo y de alimentos. Más del 50% de la niñez en el país sufren de desnutrición. Es decir, es un problema que no se resolverá con campañas mediáticas o de buenas voluntades.
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