Luxemburgo, ese coladero fiscal en pleno corazón de la UE, ha vuelto a la palestra tras las revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que en una amplia investigación ha desvelado la existencia de 548 acuerdos secretos entre las autoridades luxemburguesas y al menos 340 grandes empresas para pagar menos impuestos. En esos pactos […]
Luxemburgo, ese coladero fiscal en pleno corazón de la UE, ha vuelto a la palestra tras las revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que en una amplia investigación ha desvelado la existencia de 548 acuerdos secretos entre las autoridades luxemburguesas y al menos 340 grandes empresas para pagar menos impuestos.
En esos pactos secretos, que han colocado en una comprometida situación al nuevo presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker (era el primer ministro de ese país cuando se firmaron) no ha participado ninguna empresa española, aunque, de por sí, Luxemburgo es uno de los destinos predilectos para lo que el antiguo presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda José María Peláez denomina «planificación fiscal internacional: Vas haciendo operaciones sucesivamente y al final nada es ilegal, pero si lo ves en su conjunto y el objetivo que persiguen… No se trata de pagar impuestos en dos países, sino de no pagar en ninguno, forzando la legislación y buscando las ventajas de uno y otro».
El diminuto país, que tiene apenas 550.000 habitantes y disfruta de la renta per cápita más alta del mundo, es un destino habitual para grandes empresas españolas que utilizan subsidiarias domiciliadas allí («Normalmente son despachos con un representante, una secretaria y un teléfono, poco más», dice Peláez) para, «por ejemplo, recibir dividendos, conceder préstamos o transmitir empresas filiales sin que tributen las plusvalías, como ocurre en España por la venta de esas acciones», explica este experto.
En el Ibex, el mayor índice bursátil español, Luxemburgo es un destino recurrente. Según el último informe sobre « La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX35«, que el Observatorio de RSC presentó en mayo pasado, al cierre de 2012 el 94% de las empresas del Ibex, 33 sobre un total de 35, tenían filiales en territorios a los que consideraba «paraísos fiscales». Luxemburgo (país al que incluía en esa categorización, por mucho que la Agencia Tributaria no lo considere así), con 37 sociedades (frente a las 29 de 2010), era el tercer destino más solicitado, sólo por detrás de Holanda y Delaware (EEUU).
El trasiego de empresas nacionales que abren nuevas oficinas en el Gran Ducado es constante. De entre las del Ibex, una de las últimas que lo ha hecho es el Grupo Villar Mir, el hólding empresarial fundado y presidido por el exministro Juan Miguel Villar Mir. El pasado septiembre, creó dos nuevas filiales en Luxemburgo, GVM Debentures Lux 2 y 3, que se suman a GVM Debentures Lux 1, creada en enero de 2013 y que utiliza para emitir bonos (colocar deuda entre inversores) y para canalizar parte de la participación de la hólding en la filial de construcción, OHL, que cotiza en el Ibex.
Está última también constituyó en julio pasado OHL Investments 1407, participada al 100% por su filial de Concesiones, que ya tiene otra filial en ese país, OHL Investments, utilizada para realizar emisiones de bonos como las que llevó el año pasado por importe de 397 millones de euros.
Hay muchos más casos. Uno de los más llamativos es el de Dakar Financial Group, sociedad luxemburguesa creada en julio pasado y vinculada a cuatro empresarios españoles con cierta raigambre: Alberto Cortina, su hijo Pelayo Cortina Koplowitz (vástago de aquel y de Alicia Koplowitz), César Álvarez (hermano del fallecido Isidoro Álvarez y tío del nuevo presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno) y el empresario asturiano Blas Herrero (dueño de Kiss FM).
Todos ellos (salvo Alberto Cortina, que sólo es accionista) son desde septiembre administradores de esa sociedad junto con, entre otros socios, dos empresarios venezolanos, Alejandro Betancourt y Francisco D’Agostino (cuñado del aristócrata Luis Alfonso de Borbón, bisnieto del dictador Francisco Franco), recientemente absueltos por un juez de Nueva York de las acusaciones de corrupción que había formulado un ex alto diplomático estadounidense contra ellos.
La sociedad fue constituida en mayo pasado por una sociedad portuguesa que comparte su dirección en Lisboa con la de la firma de inversiones 3anglecapital, que se dedica, según su web, a «facilitar y promover los flujos de inversión transfronterizos y estrategias industriales que involucran países del CCG (Consejo de Cooperación del Golfo), América Latina (Brasil, Colombia) y algunos países africanos».
Dakar comenzó con un capital inicial de 50.000 euros que en julio aumentó hasta los 20 millones de euros mediante una ampliación de capital que suscribieron trece socios, algunos de ellos domiciliados en parajes tan exóticos (y opacos desde el punto fiscal) como Singapur. De esa cifra, la mayor parte (5,98 millones) la aportó Cinainvest Holding, una sociedad domiciliada en Suiza y vinculada a Alberto Cortina (con ella vehicula parte de su participación en la constructora de Florentino Pérez, ACS), que hasta mayo de 2012 tuvo como administrador al banquero Arturo Fasana, imputado por ocultar en una cuenta opaca el dinero del extesorero del PP Francisco Correa y otros defraudadores españoles.
¿A qué responden estas operaciones? Difícil saberlo, aunque, como dice el expresidente de la Organización de Inspectores de Hacienda, «no es mero capricho; la pregunta, efectivamente, es esa, para qué; unas veces es la preparación para una operación a corto plazo y se ve enseguida, pero otras no». Peláez cita el ejemplo de «alguien con mucho patrimonio en España que crea una sociedad en Luxemburgo y aporta unas acciones prácticamente a lo que le costaron; si las vende con una plusvalía impresionante, en lugar de pagar un 30%, como aquí, no se pagan impuestos», resume.
El de Dakar Financial Group es sólo uno de los últimos casos de empresarios españoles que ‘apuestan’ por Luxemburgo, aunque a veces este país es sólo un destino de paso. Por ejemplo, la familia Valls Biosca, propietaria del grupo textil Punto Blanco, utilizó en diciembre pasado ese territorio como plataforma para repatriar una sociedad radicada hasta entonces en Panamá, Inversiones Sigma, S.A., cuyas acciones finalmente transfirieron a Fisin SL, radicada en Igualada (Barcelona).
Algo parecido hicieron los Castañer, dueños del fabricante de alpargatas del mismo nombre, que por esas mismas fechas, diciembre de 2013, aprobaron el traslado a una nave en el polígono industrial La Farga, en Banyoles (Girona), de la sociedad luxemburguesa con la que controlaban el 20% de su principal empresa, que había sido constituida en 2006 y cuyos accionistas eran dos sociedades panameñas.
Lo curioso de este caso es que, en la documentación disponible en los registros luxemburgueses, la firma (Digamma International Société Anonyme) reconocía que se había acogido a la declaración tributaria especial que estableció la Disposición Adicional Primera del Real Decreto 12/2012. En otras palabras: a la amnistía fiscal por la que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, permitió hace dos años la regularización de dinero no declarado en España o el extranjero a cambio de pagar apenas un 10% de impuestos, calificada de «enorme error» por los inspectores de Hacienda.
Fuente original: http://www.eldiario.es/economia/Luxemburgo-fortunas-espanolas-empresas-Ibex_0_321618897.html