Las relaciones entre los países miembros de la Unión Europea y Marruecos están pasando por sus peores momentos. La cronología de unos sucesos en cascada que han acabado en conflicto se remonta a abril de 2021, cuando el líder del Frente Polisario, Brahim Gali, fue hospitalizado en España debido a su delicado estado de salud. En el plazo de tres meses se produjo la “crisis migratoria” con el cruce masivo de la valla de Ceuta azuzada por Rabat y una filtración de datos reveló que el software espía Pegasus, perteneciente a la empresa israelí NSO Group, fue supuestamente utilizado por Marruecos para espiar a miembros socialistas del Gobierno español.
Durante el 2022 la Fiscalía belga investigó a Qatar ante la sospecha de que estuviera sobornando económicamente a diputados del Parlamento Europeo a cambio de influencias en la toma de decisiones en la Eurocámara, el conocido como ‘Qatargate’. Las declaraciones de algunos de los políticos acusados de corrupción señalaron a la conexión marroquí en el caso. Rabat cuenta con varios lobbies instalados en Bruselas para defender sus intereses particulares: la propuesta de “autonomía” en el Sáhara Occidental; o los flujos migratorios. Fue en este mismo año cuando Marruecos y el gobierno español intentaron normalizar sus relaciones diplomáticas tras las declaraciones de Pedro Sánchez abogando por un cambio de estrategia que favorezca la cooperación y reconociendo el plan soberanista marroquí del Sáhara como la “base más seria, realista y creíble” para resolver el conflicto, traicionado así décadas de apoyo a la causa nacional del Frente Polisario.
Vulnerabilidades energéticas y del ciberespacio
Las consecuencias del cambio radical de Sánchez con el Sáhara no se hicieron esperar y Argelia, como principal aliado del Polisario, decidió suspender las transacciones bancarias y comerciales con origen en España. Si en 2021 prácticamente la mitad del gas consumido en la península ibérica procedía de Argelia al año siguiente Madrid anunciaba la reducción de un 47% la importación gasística del país norteafricano, según recoge Enagás en su informe. Se disminuyó hasta los 8.500 GWh, la misma cantidad de suministro que pasa ahora a recibir de EE.UU. más 5.300 GWh procedentes de Rusia que, se supone, el Kremlin verá recortar paulatinamente debido a las sanciones por la guerra de Ucrania. Según cálculos de la Unión Europea, para poder prescindir del gas ruso en un plazo de cinco años será necesario invertir 800.000 millones. Tampoco el gas natural estadounidense es una alternativa económica, su elevado precio debilita el poder adquisitivo de la población en el viejo continente.
La vulnerabilidad energética es uno de los principales desafíos para la seguridad nacional. Su escasez puede tener efectos socioeconómicos en la población, más en estos momentos en que el conflicto bélico ucraniano está descontrolando el precio de los hidrocarburos. Italia y Portugal han aprovechado la ruptura diplomática de España con Argelia para estrechar su cooperación energética en el país norteafricano. Roma ha presentado en la capital, Argel, el proyecto de construcción de un nuevo gasoducto mediterráneo entre ambos países que competirá con el español. Reducir la dependencia gasística de EE.UU. es una de las razones por las que Portugal ha mantenido sendas reuniones con los respectivos ministros de Industria y Asuntos Exteriores argelinos. El país luso está muy bien considerado en el Magreb, no mantiene intereses coloniales en el continente y defiende la necesidad de impulsar un diálogo internacional para abordar las raíces de la inestabilidad en el Sahel. Argelia, por su parte, está dispuesta a dejar atrás su relación con Francia y avanzar en un nuevo enfoque estratégico. El año pasado, el presidente Abdelmadjid Tebboune declaró en una cumbre entre los países en desarrollo y las naciones del grupo de los Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) su deseo de unirse a esta comunidad de mercados emergentes que representa una cuarta parte de la economía mundial. Tebboune ha firmado con Pekín un acuerdo de cooperación estratégica integral en los ámbitos de energía y ciencia.
El ciberespacio puede llegar a convertirse en una auténtica amenaza para la democracia global, como ha sucedido con el caso Pegasus. La seguridad de varios Estados ha sido hackeada por el sistema Pegasus, un programa de espionaje telefónico desarrollado por la empresa israelí NSO Group. Según varios informes, el software ha sido utilizado para atacar a altos cargos políticos, periodistas y activistas de derechos humanos. En 2021 —coincidiendo con el salto de miles de migrantes a la valla fronteriza de Melilla— fueron infectados los móviles oficiales de Pedro Sánchez y los ministros de Defensa y del Interior. Ataques que justificaron una investigación del Parlamento Europeo y que recientemente ha afirmado ver “plausible” la autoría de Marruecos. También la crisis bilateral por la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, en un hospital de Logroño, según afirman algunos medios, pudo tener su origen en una filtración de Pegasus. Tres días tardó la revista Jeune Africaine, próxima a Rabat, en publicar la estancia del líder polisario en suelo español, lo que supuso un grave contratiempo en la seguridad interna, dando la posibilidad a Mohamed VI de presionar a Sánchez con el problema de fondo: el reconocimiento de su soberanía en el Sahara Occidental.
Fue en 2022 cuando salió a la luz el mayor escándalo de corrupción en el Parlamento Europeo, conocido como ‘Qatargate’ —un eufemismo de la UE para no tener que nombrar al país magrebí— que consistía en sobornar a diputados e influir en decisiones políticas y económicas a favor del gobierno de Rabat. La investigación policial belga llevó a la detención de varios políticos socialistas acusados del delito de cohecho a favor de los lobbies alauitas. El ‘Moroccogate’, ha dejado cuatro detenidos, incluida Eva Kaili, la vicepresidenta de la cámara, 1,5 millones de euros incautados y la evidencia de una institución comunitaria antidemocrática. El eurodiputado de Podemos, Miguel Urbán, en unas declaraciones ha afirmado que: «en el actual contexto de crisis de legitimidad y gobernanza global de los organismos multilaterales (…) Esto ha atraído el interés de numerosas dictaduras, con mucho dinero y pocos escrúpulos, para intentar utilizar el Parlamento y a los y las eurodiputadas para lavar su imagen pública internacional”. Las instituciones de la UE han debatido el asunto, pero sin tomar ninguna medida relevante, baste con recordar que Marruecos es el segundo país que más fondos comunitarios recibe en cooperación migratoria, solo por detrás de Turquía y que el comercio bilateral asciende a 43.000 millones de euros.
Flujos migratorios y amenazas a la seguridad regional
Las crisis migratorias irregulares son un desafío que pueden provocar situaciones de inestabilidad regional y suelen estar relacionadas a otros desafíos como las organizaciones criminales y el tráfico de drogas. El Estado español, por su situación geoestratégica, está expuesto a ver afectada su cohesión social y política. El control de fronteras en las plazas de Ceuta y Melilla, desde principios del siglo XXI, ha sido compartido por España, la UE y el reino alauita. Las operaciones conjuntas más destacadas fueron realizadas bajo la supervisión de la agencia europea FRONTEX, vigilando con patrullas marítimas las costas marroquíes en un intento por desplazar la presión migratoria desde territorio europeo hacia el vecino del sur. Este alejamiento de la gestión de las políticas de control de los refugiados hacia terceros Estados es conocido como externalización de las fronteras. Sin duda Marruecos está instrumentalizando la crisis a su favor, para la mayoría de la población alauita los enclaves de Ceuta y Melilla son una reliquia de su pasado colonial y la llegada de inmigrantes irregulares a sus fronteras es aprovechado como un reclamo público de la soberanía sobre las mismas.
Los inmigrantes procedentes del África subsahariana huyen de las grandes ciudades marroquíes, donde son habituales las redadas y se hacinan en el noreste, próximos a las aduanas de Ceuta y Melilla, sin poder atravesar el Mediterráneo. El gobierno de Rabat realiza regularmente arrestos a gran escala en un intento de reubicarlos alejados de la frontera. Han sido varias las avalanchas masivas para saltar la valla que les separa de Europa con el riesgo de ser detenidos o perder la vida en el intento. Fue en verano del año pasado que se produjo la avalancha donde murieron 23 personas, según fuentes oficiales y un mínimo de 37, afirmaron algunas ONG. Amnistía Internacional denunció, durante la reciente cumbre de alto nivel hispano-marroquí, lo sucedido a ambos lados de la valla mientras se produjo el salto, así como la omisión de socorro a las víctimas. Según AI, para que no vuelva a suceder es imprescindible acabar con las devoluciones en caliente ejecutadas en la misma frontera, reformando los artículos relativos en la ley de Seguridad Ciudadana. Esta ley, también conocida como ‘ley mordaza’, impide a los refugiados pedir asilo en España, vulnerando los principios fundamentales de los Derechos Humanos. Su reforma se estaba tramitando por vía parlamentaria, pero la negativa del PSOE a prohibir las devoluciones en caliente decidió a EH Bildu y ERC a votar en contra durante el debate de la Comisión de Interior celebrada en marzo, dando por finalizado el intento de modificación.
El narcotráfico forma parte de la red del crimen organizado, una amenaza transnacional en la que Marruecos maneja los hilos como mayor productor mundial. El cultivo de cánnabis se concentra en la región del Rif, en las montañas del norte del país. Aunque su consumo es ilegal, la mayor parte de las plantaciones eluden la represión policial y su erradicación. La droga es transportada a la costa mediterránea para, luego, saltar a Europa. La creciente penetración del cánnabis marroquí en el continente africano se ha convertido en una importante fuente de financiación para el terrorismo yihadista, según un informe de Naciones Unidas.
Uno de los principales puntos de choque en las relaciones entre la Unión Europea y Marruecos es debido al derecho de autodeterminación del Sahara Occidental. La excolonia española lleva décadas pendiente del anhelado referéndum prometido por Naciones Unidas que ponga fin a su status y obligue a la monarquía alauita a devolver al Frente Polisario el control sobre sus costas y vastos territorios ricos en fosfatos. La sorpresa llegó en marzo de 2022 cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, envió una carta a Mohamed VI donde apoyaba oficialmente el plan de soberanía propuesto por Rabat, considerándolo «la base más seria, realista y creíble» para resolver el conflicto. Con este cambio radical de posición sobre el territorio saharaui, el Estado español rompía su neutralidad en las relaciones con Marruecos y Argelia, al mismo tiempo que enfrentaba la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ordenó anular los acuerdos comerciales entre Marruecos y la UE.
En un intento por volver a la normalidad desde una situación muy deteriorada entre las diplomacias de España y el país vecino, el Ejecutivo de Pedro Sánchez convoca en febrero una reunión de alto nivel (RAN) en Rabat que contó con la presencia de 12 ministros socialistas —ningún ministro de Unidas Podemos asistió como rechazo a la traición al Polisario— y sus respectivos pares marroquíes. En ella se firmaron varios acuerdos destinados a financiar proyectos por valor de 800 millones de euros y se negoció la entrega del espacio aéreo del Sahara Occidental a la monarquía alauita. En la foto del histórico evento destacó la ausencia del anfitrión, el rey Mohamed VI, que se encontraba de vacaciones en Gabón, así como de la ministra de Defensa, Margarita Robles, ante la sospecha de que Rabat solicitara apoyo militar en la guerra de desgaste que mantiene con el Frente Polisario.
Desde que EE.UU. reconociera la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental en 2020, la nación africana ha modernizado con rapidez su ejército gracias al arsenal estadounidense y la potente industria militar israelí. El objetivo es poder superar las capacidades de Argelia, el rival a batir en la región, y estar en condiciones de mantener el control sobre el territorio. Rabat es consciente de la importancia estratégica y económica de la República Árabe Saharaui Democrática. Es la clave del norte de África por la cantidad de recursos naturales que posee y por su situación en la costa atlántica. Las pretensiones del rey Mohamed VI en el Sáhara son las de poder construir en el transcurso de una década varios puertos y convertirlos en centros económicos y de inversiones.
Francesc Casadó, Analista
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