Una verdadera marea humana, más de un millón de personas, según la policía (casi tres millones, según los sindicatos), se manifestaron ayer en Francia para exigir la retirada del controvertido contrato de primer empleo (CPE), que el primer ministro, Dominique de Villepin, se obstina en mantener. El pulso entre Villepin y los sindicatos interprofesionales y […]
Una verdadera marea humana, más de un millón de personas, según la policía (casi tres millones, según los sindicatos), se manifestaron ayer en Francia para exigir la retirada del controvertido contrato de primer empleo (CPE), que el primer ministro, Dominique de Villepin, se obstina en mantener. El pulso entre Villepin y los sindicatos interprofesionales y estudiantiles llegó ayer al paroxismo con una jornada de acción marcada por las huelgas en numerosos sectores, especialmente en los transportes, y 135 manifestaciones multitudinarias en todo el país. La policía informó anoche de que había detenido a 245 personas en diversos altercados.
Se trata, sin duda, de la movilización más importante registrada en Francia desde las protestas de diciembre de 1995 que obligaron al entonces primer ministro, Alain Juppé, a retirar su proyecto de reforma de las pensiones. En esta ocasión, Villepin ha decidido «no ceder» a lo que él llama «el ultimátum de la calle» y mantener el CPE, aunque reitera su invitación al diálogo a los sindicatos para reformarlo. Una invitación que las centrales sindicales y las organizaciones estudiantiles rechazaron inmediatamente.
INTERGENERACIONAL
La manifestación parisina fue la más importante, con 700.000 personas, según los sindicatos. Una marcha más bien festiva e intergeneracional, ya que, aunque la mayor parte eran jóvenes, también participaron en el desfile muchos padres y abuelos. Todos unidos contra el CPE y con los lemas Resistencia, No, no, no a la precariedad.
Gilles es ingeniero informático y se manifestó por su hijo: «Tiene 18 años y no quiero un futuro como éste para él». Dos estudiantes de Derecho también protestaron «en solidaridad», aunque es casi seguro que a ellos no les afectará la medida. «No se puede permitir que las empresas puedan despedir sin explicar el motivo», dice Michel. Los estudiantes abrieron la marcha no sin cierta preocupación por la eventual intervención de los violentos.
Como ya es habitual, grupos radicales, al margen de la mayoría, precedieron el desfile y cometieron todo tipo de agresiones y atropellos contra los propios manifestantes y la gente de la calle. Los antidisturbios, con órdenes de no intervenir, utilizaron esta vez fusiles cargados con pintura para marcar a los agresores y detenerlos más fácilmente.
Pese a que los manifestantes esperaban que la jornada de acción de ayer «fuera la última», las centrales se temen lo peor y ya hoy se reúnen para decidir cómo siguen la protesta. Un responsable de la CGT temió que no haya sido «suficiente para darle el golpe de gracia a Villepin».
Sin embargo, el primer ministro ya había dicho que no piensa dar su brazo a torcer. La huelga convocada por los sindicatos dejó al ralentí a las grandes ciudades, paralizando en parte el transporte urbano, así como el transporte ferroviario y aéreo. Sólo funcionaron el 40% de los trenes regionales, y la Dirección General de la Aviación Civil canceló un tercio de los vuelos previstos en toda Francia. La educación nacional se sumó masivamente a la huelga, con unos paros a los que se unieron casi el 50% de los empleados.
ESPERANDO AL CONSTITUCIONAL
Los anti-CPE consideraron que han ganado el pulso con el primer ministro y pidieron la intervención del presidente, Jacques Chirac. El jefe de Estado no hizo ningún comentario, pero anuló un viaje previsto por el país. Probablemente, está a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el CPE, como se lo ha pedido el Partido Socialista. La decisión debería conocerse mañana.
A partir de entonces, el presidente tiene 15 días para firmar y promulgar la ley. Es posible que, en aras de la paz social, Chirac decida suspender la aplicación y pida un nuevo debate al Parlamento. Se prevé que el presidente francés intervenga pública y solemnemente en la televisión antes de que acabe la semana.
SARKOZY PIDE LA SUSPENSIÓN
Ayer, en la Asamblea Nacional, Villepin dijo que «los sindicatos han rechazado la mano tendida» y reiteró que está dispuesto a reducir el periodo de prueba de 24 meses y a establecer una entrevista personal en caso de despido, pero sin comunicación por escrito de los motivos. En la sesión de preguntas, la oposición de izquierdas le pidió que se «trague el orgullo» y retire «un texto que nadie quiere», en palabras del socialista Jean Marc Ayrault.
El grupo parlamentario de la gubernamental Unión por un Movimiento Popular (UMP), que preside el ministro de Interior, Nicolas Sarkozy, también se desmarcó y le pidió que entable de inmediato negociaciones. Rival declarado del primer ministro para las elecciones presidenciales del 2007, Sarkozy no oculta sus divergencias sobre la gestión de la crisis. Y ayer fue más lejos al proponer la «suspensión» de la promulgación de la ley para que puedan abrirse las negociaciones.