Desde enero de 2011, unos 1.000 migrantes han muerto ahogados tratando de llegar a la costa fortificada de la orilla sur de la Unión Europea. Se suman a los 15.000 muertos víctimas de una «guerra contra los migrantes» que alcanza actualmente cotas inhumanas. Así, según informaciones coincidentes, desde hace días una embarcación con más de […]
Desde enero de 2011, unos 1.000 migrantes han muerto ahogados tratando de llegar a la costa fortificada de la orilla sur de la Unión Europea. Se suman a los 15.000 muertos víctimas de una «guerra contra los migrantes» que alcanza actualmente cotas inhumanas. Así, según informaciones coincidentes, desde hace días una embarcación con más de 600 personas se halla desaparecida frente a la costa libia [1], ante la indiferencia general.
Esta indiferencia mata. En su edición del 8 de mayo, el diario británico The Guardian informa que a primeros de abril sesenta boat people murieron de hambre y sed tras permanecer a la deriva. Bajo la amenaza de las patrullas encargadas de impedir la llegada a las costas italianas y maltesas, estaba también a la vista de las embarcaciones de la coalición internacional implicada en Libia.
Una investigación imparcial debe determinar sin demora las responsabilidades del conjunto de actores que han incumplido su deber de asistir a las embarcaciones y personas en peligro, violando las leyes más elementales del derecho marítimo internacional.
Más allá de estos acontecimientos, sintomáticos de las contradicciones de una coalición garante de la «responsabilidad de protección» defendida por la comunidad internacional, es el conjunto de la política europea de inmigración y control de fronteras la que está en cuestión. Desde inicios de la década de 2000, los países del norte de África juegan el papel de guardias de fronteras de Europa, persiguiendo y encerrando a personas que quieren poner en práctica su derecho a emigrar (art. 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos). La subcontratación de los controles migratorios a los regímenes dictatoriales se encuentra en el corazón de la política de vecindad de la UE. Frente a los acontecimientos históricos que vive el mundo árabe, la reacción de los países europeos ha sido presionar a las fuerzas políticas surgidas de los levantamientos populares (gobierno provisional de Túnez, consejo nacional de la transición libia) para que asuman plenamente el legado represivo y liberticida de los dictadores-socios de la UE.
Para evitar que unos pocos miles de personas aprovechen la oportunidad que ofrece el debilitamiento de los aparatos policiales para intentar llegar a Europa, Frontex ha desplegado sus medios militares (barcos, aviones, helicópteros…) en torno a la isla de Lampedusa y frente a las costas de Túnez y Libia. El objetivo de la operación Hermes es disuadir cualquier salida hacia el norte, despreciando la Convención de Ginebra de 1951 y el principio de no-devolución de solicitantes de asilo.
Los exiliados que parten del norte de África en busca de protección en Europa se ven hoy atrapados en un mecanismo mortífero. De un lado, el régimen del coronel Gadafi les empuja a arrojarse al mar; del otro, los buques que enarbolan pabellones de países de la coalición internacional rechazan auxiliar a estos boat people en peligro.
Los Estados europeos y Frontex no pueden continuar violando impunemente las convenciones internacionales sobre salvamento marítimo y protección de refugiados. Una intervención solidaria de la UE en el Mediterráneo es posible [2] y ha de acabar con la actitud inhumana de los países europeos respecto a los migrantes del norte de África. Mientras no cesen estas hostilidades, la coalición organizada en nombre de la «responsabilidad de proteger» continuará matando con desprecio del derecho internacional que se supone que representa.
Notas:
comunicado prensa Migreurop
Mecanismo mortífero en el Mediterráneo
Desde enero de 2011, unos 1.000 migrantes han muerto ahogados tratando de llegar a la costa fortificada de la orilla sur de la Unión Europea. Se suman a los 15.000 muertos víctimas de una «guerra contra los migrantes» que alcanza actualmente cotas inhumanas. Así, según informaciones coincidentes, desde hace días una embarcación con más de 600 personas se halla desaparecida frente a la costa libia [1], ante la indiferencia general.
Esta indiferencia mata. En su edición del 8 de mayo, el diario británico The Guardian informa que a primeros de abril sesenta boat people murieron de hambre y sed tras permanecer a la deriva. Bajo la amenaza de las patrullas encargadas de impedir la llegada a las costas italianas y maltesas, estaba también a la vista de las embarcaciones de la coalición internacional implicada en Libia.
Una investigación imparcial debe determinar sin demora las responsabilidades del conjunto de actores que han incumplido su deber de asistir a las embarcaciones y personas en peligro, violando las leyes más elementales del derecho marítimo internacional.
Más allá de estos acontecimientos, sintomáticos de las contradicciones de una coalición garante de la «responsabilidad de protección» defendida por la comunidad internacional, es el conjunto de la política europea de inmigración y control de fronteras la que está en cuestión. Desde inicios de la década de 2000, los países del norte de África juegan el papel de guardias de fronteras de Europa, persiguiendo y encerrando a personas que quieren poner en práctica su derecho a emigrar (art. 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos). La subcontratación de los controles migratorios a los regímenes dictatoriales se encuentra en el corazón de la política de vecindad de la UE. Frente a los acontecimientos históricos que vive el mundo árabe, la reacción de los países europeos ha sido presionar a las fuerzas políticas surgidas de los levantamientos populares (gobierno provisional de Túnez, consejo nacional de la transición libia) para que asuman plenamente el legado represivo y liberticida de los dictadores-socios de la UE.
Para evitar que unos pocos miles de personas aprovechen la oportunidad que ofrece el debilitamiento de los aparatos policiales para intentar llegar a Europa, Frontex ha desplegado sus medios militares (barcos, aviones, helicópteros…) en torno a la isla de Lampedusa y frente a las costas de Túnez y Libia. El objetivo de la operación Hermes es disuadir cualquier salida hacia el norte, despreciando la Convención de Ginebra de 1951 y el principio de no-devolución de solicitantes de asilo.
Los exiliados que parten del norte de África en busca de protección en Europa se ven hoy atrapados en un mecanismo mortífero. De un lado, el régimen del coronel Gadafi les empuja a arrojarse al mar; del otro, los buques que enarbolan pabellones de países de la coalición internacional rechazan auxiliar a estos boat people en peligro.
Los Estados europeos y Frontex no pueden continuar violando impunemente las convenciones internacionales sobre salvamento marítimo y protección de refugiados. Una intervención solidaria de la UE en el Mediterráneo es posible [2] y ha de acabar con la actitud inhumana de los países europeos respecto a los migrantes del norte de África. Mientras no cesen estas hostilidades, la coalición organizada en nombre de la «responsabilidad de proteger» continuará matando con desprecio del derecho internacional que se supone que representa.
CONTACTOS PRENSA :
0033153278781
Notas:
[1] AFP 11/05/ 2011 «Les migrants africains, victimes collatérales de la guerre civile en Libye»
[2] http://www.migreurop.org/article1819.html
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