Los presidentes progresistas de México y de Colombia, Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro, consideraron un fracaso la lucha contra las drogas emprendida por décadas en la región a instancias de Estados Unidos, principal consumidor, y coincidieron en la necesidad de reconsiderar dicha estrategia.
Ambos mandatarios acordaron el replanteo y el rediseño de una estrategia de seguridad y de salud en torno al narcotráfico y propusieron la creación de una Conferencia Internacional de Mandatarios de Latinoamérica.
Fue una breve declaración de intenciones, pero supone la posibilidad de crear un parteaguas en el tratamiento de una de las problemáticas más acuciantes para la región, a través de acuerdos multilaterales positivos, que bien podrían constituir la oportunidad para dejar atrás la inservible y contraproducente política punitiva en torno a las drogas impuesta por Estados Unidos al resto del mundo a partir de la década de 1970, la cual ha causado una incuantificable destrucción humana y material.
Anteriores gobiernos siguieron a pie juntillas la política dictada por Estados Unidos, desde la administración de Richard Nixon (1969-1974), de confrontación con los grupos traficantes.
La actual constelación de gobiernos progresistas en América Latina permite abrigar esperanzas de que se rompa con la imposición de Washington y emprenda un camino hacia la atención de las prioridades auténticas: respeto a los derechos humanos de las personas usuarias de estupefacientes.
Ello supone, asimismo, la reconducción del problema de las adicciones a la esfera de la salud pública, la desarticulación de los grupos del crimen organizado a partir de sus estructuras financieras y salida pacífica a la crisis de violencia. México es, junto con Colombia, uno de los países más heridos por la llamada guerra contra las drogas.
Desde que asumió la presidencia, hace poco más de cien días, Petro planteó la necesidad de redirigir los esfuerzos en la política antidrogas. Ante la Asamblea General de Naciones Unidas, demandó acabar con la irracional guerra contra las drogas.
En México, el consumo de estupefacientes comienza a una edad cada vez más temprana, aumenta entre adolescentes y mujeres, y no hay ninguna reducción en la oferta de sustancias ilícitas; pese a que la criminalización y persecución que dejó 375 mil homicidios, 300 mil personas desplazadas de sus hogares y más de 30 mil desaparecidos entre 2006 y 2019.
Éste es un elemento central plasmado en el Plan Nacional por la Paz y la Seguridad del gobierno mexicano, donde se postula que es insostenible de prohibir ciertos estupefacientes, la carencia de justificación moral de que el Estado determine cuáles sustancias pueden consumir los ciudadanos, la discrecionalidad y arbitrariedad con que algunas sustancias se prohíben y otras se permiten.
Pero también la ineficacia de la prohibición desde la perspectiva de la salud pública y la multiplicación de oportunidades de negocio para el crimen organizado que acarrea dicha prohibición.
Otros acuerdos
En el comunicado conjunto se informó que otro de los puntos tratados fue el reconocimiento que el multilateralismo regional y hemisférico requiere modernización para coordinar soluciones conjuntas a los enormes retos actuales, que consolide la integración regional y que se traduzca en proyectos concretos que redunden en mejores condiciones de vida para nuestros pueblos.
En política migratoria, acordaron atender el fenómeno bajo el principio de corresponsabilidad; convinieron en analizar los resultados del Tratado de Libre Comercio, vigente desde 1992, con la finalidad de desarrollar las medidas necesarias para mejorar las condiciones en el comercio y la inversión.
Entre las acciones pactadas, que deberán guiarse por los principios de soberanía, integración, desarrollo y migración, se incluyen aspectos relevantes como el avance en la implementación de un convenio para aliviar las trabas que en los últimos años han padecido los viajeros colombianos al ingresar a México, la revisión del Tratado de Libre Comercio suscrito en 1992.
También prevé el reforzamiento del comercio y la cooperación a través de la Alianza del Pacífico (a la que también pertenecen Perú y Chile, con Ecuador como candidato a sumarse), el trabajo común en la mitigación del cambio climático, el impulso de la soberanía alimentaria, y la aceptación de México a ser Estado garante en la Mesa de Diálogos entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), último grupo guerrillero activo en la nación.
Los jefes de Estado reafirmaron su compromiso para continuar trabajando de manera coordinada en mejorar las acciones de adaptación y mitigación al cambio climático. Asimismo, México aceptó la invitación colombiana para ser país garante en la Mesa de Diálogos entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional.
El gobierno de López Obrador atenderá la solicitud colombiana para la ubicación y repatriación de los restos del general José María Melo Ortiz, primer presidente popular de origen indígena de la República de Colombia, quien viajó a México para unirse a la lucha del presidente Benito Juárez.
* Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)