Miles de niños y niñas son víctimas de abuso y explotación sexual en Honduras. Solamente en San Pedro Sula, según declaraciones de un informe de la Promotoría de la Infancia citado a comienzos de este mes en un reportaje del diario La Prensa, cerca de 10 mil niñas/os y adolescentes son víctimas de esta violación. […]
Miles de niños y niñas son víctimas de abuso y explotación sexual en Honduras. Solamente en San Pedro Sula, según declaraciones de un informe de la Promotoría de la Infancia citado a comienzos de este mes en un reportaje del diario La Prensa, cerca de 10 mil niñas/os y adolescentes son víctimas de esta violación.
El número alto puede ser aún mayor. Esto porque, de acuerdo con el diario, las cifras se refieren a datos recogidos solamente hasta el año 2008. Las autoridades temen que, si son actualizados, esos números pueden ser aún más altos. Prueba de esto es que, según informaciones dadas por la Promotoría al periódico, en solamente una semana de mayo, se presentaron 30 requerimientos contra personas que abusaron de personas menores de 18 años.
A causa del alto número de delitos, la Promotoría creó una unidad especial para denuncias tales como abuso sexual, actos de lujuria, estupro, proxenetismo, tráfico de personas y violación contra niñas/os y adolescentes. La creación de la unidad no fue una cuestión accidental.
En declaraciones a La Prensa, la coordinadora de la Promotoría de la Infancia, Thelma Martínez, destaca que hay una preocupación por el surgimiento de nuevas violaciones en San Pedro Sula, como el proxenetismo y el tráfico de personas para fines sexuales. De acuerdo con la coordinadora, los niños y adolescentes son manipulados y reclutados por un adulto que las selecciona de acuerdo con el color de la piel, la edad, altura y cuerpo.
El informe revela además que las niñas son las principales víctimas de este tipo de violación: de los niños abusados y explotadas sexualmente, el 98% son del sexo femenino. A pesar de que las violaciones sexuales contra niños y adolescentes son delitos con penas que varían de cinco a diez años de prisión, las marcas físicas y psicológicas dejadas en las víctimas difícilmente se curen.
Para agravar la situación, las autoridades tienen dificultades para castigar a los responsables, pues muchas veces, las propias víctimas no emiten declaraciones contra sus violadores. Esto puede estar relacionado con el hecho de que el abusador es, generalmente, alguien de la familia o cercana a la misma.
Aún cuando exista la denuncia y las instituciones involucradas con el niño comienzan a desarrollar su trabajo, no es ello una garantía de que todo terminará bien. De acuerdo con un informe que la unidad de investigación y análisis de la Radio HRN tuvo acceso, las niñas y sus familias pueden todavía tener que enfrentar varios problemas en el procedimiento judicial, como la falta de trabajo conjunto de los foros civil y penal, y la ausencia de personal para proporcionar un seguimiento de atención a la víctima.
Con informaciones de La Prensa y HRN
Traducción: Daniel Barrantes – [email protected]
Fuente: http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?boletim=1&lang=ES&cod=48684