La Fiscalía italiana acusa al alcalde de Riace de «favorecer la inmigración ilegal». No es la primera investigación a la que le somete el Estado. Este delito se usa en toda Europa contra activistas
Domenico (Mimmo) Lucano en agosto de este año. CARLO TROIANO
A finales de julio Domenico (Mimmo) Lucano, alcalde de Riace, estaba a punto de quebrarse. No podía más. «Quiero que esto se acabe. No veo la hora de que esto se acabe», se quejaba, sin importarle lo inoportuno de su desahogo delante de un equipo de documentalistas que le perseguía desde hacía días para una entrevista. Eran las nueve y cinco de la mañana. Unos minutos antes de la cita concertada con los periodistas, una mujer migrante había entrado en el despacho de la asociación Città Futura -el ayuntamiento informal de Riace- para reclamarle algo. A través de la puerta las palabras resultaban incomprensibles, pero no el tono de la conversación. A grito. Los gritos de la desesperación. De la mujer y de Mimmo.
Al antiguo profesor de Química que un día, allá por 1998, decidió convencer a sus paisanos de que había que acoger a los nuevos vecinos arribados a sus costas en pateras, le comunicaron el lunes 2 de octubre, «a la primera hora del alba», su arresto domiciliario. La Fiscalía italiana le acusa de «favorecer la inmigración ilegal» y de «irregularidades en la concesión de las contratas del servicio de recogida de basuras», según puede leerse en la nota de prensa de esta institución.
Esta no es la primera investigación contra Mimmo. «Ha habido cuatro de la Prefectura de Reggio Calabria, dos favorables y dos negativas», explica Roberta Ferruti en un audio de Whatsapp. «Con respecto al contenido de las mismas, los abogados de la Associazione Studi Giuridici dell’Immigrazione han señalado que no hay elementos para establecer ninguna coacción contra Riace, como, por ejemplo el bloqueo de la financiación. Es probable, dicen, que si pudiera haber alguna sanción administrativa por pequeñas irregularidades», añade esta periodista y miembro de la Rete dei Comuni Solidali (Recosol).
La revista estadounidense Fortune incluyó en 2016 a Lucano en su lista de las 50 personalidades más influyentes del mundo. En el número 40. El único italiano de la clasificación. «Ese reconocimiento no le trajo fortuna», ironizaba Ferruti en un paseo por las calles del pueblo. Unos meses más tarde, bastante antes de que llegara la Liga Norte y Salvini al poder, se paralizaron los fondos para la recepción de demandantes de asilo y refugiados. El Estado siguió, sin embargo, asignando personas a Riace.
Durante dos años no llegó dinero a este pueblo que entre los cincuenta y setenta vio marcharse a un gran número de sus vecinos a Argentina, norte de Italia y Alemania. En sus antiguas casas habitan algunas de las 165 personas demandantes de asilo o refugiadas (entre ellas 50 niños) vecinas de Riace. Llegaron a ser unas 400 en un censo de unos 1.500 habitantes. La falta de fondos ha hecho que muchas se marcharan o que otras, obligadas a permanecer mientras tramitan sus papeles, se sientan enfadadas o desesperadas.
También se largaron o quedaron truncados proyectos como la cooperativa de recogida selectiva de basura en asnos -iniciativa en el punto de mira de la investigación-, la granja escuela o la moneda social, unos bonos emitidos por la Alcaldía para la compra en los comercios locales. Tras meses sin reembolso, solo un establecimiento de Stignano, un pueblo cercano, seguía admitiéndolos este verano.
Uno de los cierres más dolorosos fue el del Centri di Accoglienza Straordinaria. El 28 de diciembre de 2016. Ahí vivió Becky Moses durante dos años. Cuando, tras la clausura, la mandaron al centro de acogida para solicitantes de asilo de Crotone, uno de los más grandes de Italia, esta joven nigeriana intentó volver a Riace. No pudo, no había fondos. Y entonces se negó a sobrevivir donde le asignaban. Prefirió instalarse en San Ferdinando, un campamento de chabolas y tiendas de campañas, donde aún puede distinguirse el logo del Ministerio del Interior, el organismo que lo puso en pie en 2010. Allí murió el 26 de enero, a los 25 años, en un incendio.
A finales de julio, Mimmo no solo cargaba con estos fracasos, también sabía que este era su último mandato. No puede volver a presentarse en las próximas elecciones al haber superado el número máximo de legislaturas permitidas. Y sin embargo, pocos días después revivió. Pareció haber encontrado de nuevo la fuerza. Inició una huelga de hambre, el «ayuno de la justicia «, para reclamar la entrega de los fondos bloqueados. Su protesta tuvo mucho eco en la prensa italiana e internacional. Recibió el apoyo de figuras políticas como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el regidor de Nápoles, Luigi De Magistris, y de intelectuales y artistas como el periodista y escritor Roberto Saviano o el actor Giuseppe Fiorello. Además, Recosol lanzó una campaña de recogidas de fondos. «En muy poco tiempo se recaudaron casi 300.000 euros», cuenta Ferruti.
Y tras su renacer, llega la orden de arresto. Es imposible demostrar una relación de causalidad entre los hechos, pero sí hay indicios de que están conectados. Al menos en la cabeza de Matteo Salvini. «Quién sabe qué dirán ahora Saviano y todos los buenistas que querrían llenar Italia de inmigrantes. Yo sigo adelante. #puertos cerrados #corazones abiertos», tuiteó en cuanto se hizo pública la noticia.
La acusación principal contra Lucano, el favorecer la inmigración ilegal, se basa en la celebración supuestamente de matrimonios entre mujeres en situación irregular e italianos para que estas obtuviesen la residencia. En esta y otras situaciones en las que tan solo parece mediar la solidaridad surge al menos una duda: ¿qué bien jurídico se está protegiendo? ¿El Estado y sus fronteras? ¿O las personas?
Esta persecución de la fraternidad no es un fenómeno italiano, único, aislado, dentro de Europa. Una investigación del Instituto de Relaciones Raciales , una entidad británica independiente fundada en 1958, ya advirtió, a finales del año pasado, de que los países europeos «están utilizando leyes contra traficantes y contrabandistas para criminalizar a personas que actúan por motivos humanitarios». Documentaron 45 casos entre 2015 y 2017. Desde entonces el número ha aumentado. Entre los más recientes, una joven refugiada siria y unos pescadores tunecinos. Hay otros muchos, innumerables, cuyos casos nunca saldrán a la luz. A estas personas que cuidan, ayudan, dan cobijo, ofrecen comida o asesoría a migrantes y demandantes de asilo no hace falta aplicarles estas leyes. Ellas tampoco tienen papeles. Basta con encerrarlas en un Centro de Internamiento de Extranjeros, montarlas en un vuelo de deportación o devolverlas a Marruecos mediante una puertecita en una valla de Melilla o Ceuta.
Ayer no solo arrestaron a Mimmo. También murieron ahogadas 34 personas -dos críos, niño y niña- frente a las costas de Marruecos. El recuento de las víctimas lo hicieron los supervivientes. Pasaron horas esperando el rescate. Salvamento Marítimo español recibió el aviso de que una zodiac se hundía, pero no estaba en sus aguas. Se ofrecieron a ayudar a la Marina marroquí. Nunca recibieron respuesta. Lo denunció la ONG Caminando Fronteras. Una de sus integrantes, Helena Maleno, lleva meses siendo investigada en un juzgado de Tánger por tráfico de personas. El informe del que parte la instrucción judicial salió de España.
Ayer no solo arrestaron a Mimmo, no solo perdieron la vida 34 personas -dos críos, niño y niña- también fue el día previo a un lúgubre aniversario. Hace cinco años, un tres de octubre naufragó una barcaza frente a la isla de Lampedusa (a 599 kilómetros de Riace). Se ahogaron 360 personas. Entonces, Europa se dio de golpes en el pecho y sus líderes prometieron que nunca más.
Fuente: https://ctxt.es/es/20181003/Politica/22095/Mimmo-Lucano-alcalde-Riace-inmigracion-Italia-salvini.htm