La lectura del espléndido artículo de José Luis Pardo publicado en El País el pasado 21 de marzo invita a seguir profundizando en un debate apenas desarrollado, por las causas que el mismo autor apunta -cualquiera que se oponga a «esta» Europa es presentado como un reaccionario corporativista que sólo quiere mantener privilegios: ya lo […]
La lectura del espléndido artículo de José Luis Pardo publicado en El País el pasado 21 de marzo invita a seguir profundizando en un debate apenas desarrollado, por las causas que el mismo autor apunta -cualquiera que se oponga a «esta» Europa es presentado como un reaccionario corporativista que sólo quiere mantener privilegios: ya lo hemos visto con el ?debate? sobre el proyecto de constitución europea-. Pardo da en la diana cuando se refiere a la razón última de los cambios que nos anuncia el Espacio Europeo de Educación Superior: hay que competir con Estados Unidos y convertir la educación superior en un negocio rentable. Como todo servicio público, por cierto. No es otro el modelo que nos presenta la ?constitución? europea, por mucho que haga algún brindis al sol por los derechos ciudadanos, brindis que se queda en eso cuando se lee el núcleo duro del proyecto -título III-. Y no es otro el modelo que alientan los proyectos de directivas como la Bolkestein. El supuesto c ontrapeso de Europa hacia Estados Unidos que ha defendido la propaganda a favor de la «constitución» europea no es tal, sino que, como muy bien dice Vidal-Beneyto en otro de sus atinados artículos publicado el 19 de marzo también en las páginas de este periódico, Europa -sus gobernantes- está apostando por un modelo, el estadounidense, que está fracasando social y económicamente.
El manejo propagandístico que estamos contemplando en estos asuntos es escandaloso. Un significativo botón de muestra: el Proyecto Tuning, que sirvió como punto de arranque para definir las competencias y destrezas que la Unión Europea considera fundamentales para todo titulado superior, elaboró un cuestionario para graduados, empleadores y académicos. El cuestionario se refería a 30 competencias y destrezas, y fue pasado a 150 graduados y 30 empleadores. Pues bien, a los académicos se les pasó una versión recortada del cuestionario que contenía las 17 que graduados y empleadores consideraron de mayor importancia. Así es todo: se intenta apartar del debate a aquellos que puedan aportar razones de peso para discrepar con el modelo que se nos presenta, y se manejan los parámetros de manera torticera para que el resultado dé la razón a una concepción previamente decidida políticamente.
No somos pocos los que estamos preocupados por la dirección que está tomando la educación universitaria en nuestro país, cada vez más centrada en aspectos técnicos y profesionales dentro de un incuestionado modelo empresarial que transmite sus valores en la universidad «sin complejos». Esta educación esta cada vez más alejada de una formación integral para el estudiante universitario, que le dote de capacidad para el pensamiento crítico, para cuestionar su futuro entorno profesional y para aportar soluciones alternativas que mejoren la sociedad; en definitiva, para ser un profesional formado técnicamente, pero también un ciudadano capacitado para mejorar el mundo que le ha tocado vivir. En vez de eso, se nos propone un modelo educativo destinado a formar mano de obra especializada y convenientemente socializada en los valores empresariales.
Se nos plantea que nuestros estudiantes y futuros profesionales piensen como empresarios, cuando en realidad tienen que prestar su servicio a toda la sociedad. Para esto, los estudiantes tendrían que aprender a hacer un proyecto técnico no sólo con criterios de rentabilidad empresarial, sino también de rentabilidad social. Así, un proyecto de ingeniería debería contemplar no sólo los beneficios que aporta a la empresa que lo realiza, sino cómo llevarlo a cabo sin dañar el medio ambiente, y considerando los derechos de las poblaciones que van a sufrir su impacto. Esto exigiría que dichos estudiantes, además de conocer los criterios técnicos y económicos, conozcan criterios de ciudadanía. Es decir, se formen en el conocimiento de los derechos humanos, de las instituciones democráticas, de los procesos de deliberación que conlleva un sistema verdaderamente democrático (distinguiendo entre deliberación y pura y dura defensa de intereses), etc. Precisamente, este tipo de formación para la ciudadanía democrática es recomendable para la etapa que coincide con la formación universitaria, ya que antes los sujetos la reciben con mucho menor aprovechamiento.
Si nuestro Presidente de Gobierno quiere que propuestas como la «alianza de civilizaciones», que tan bien quedan en los foros internacionales, sean algo más que un slogan y se conviertan en ideas-fuerza capaces de frenar males como la oleada de violencia que las sociedades occidentales están viviendo (crecimiento de la xenofobia y la islamofobia, maltrato hacia los mujeres, violencia en los colegios y en la vida cotidiana, militarización creciente…), debería ocuparse de que la formación de nuestros universitarios contemple en sus planes de estudio ?ahora es el momento: se está trabajando en la reforma de las titulaciones- espacios para la reflexión crítica y aspectos tan fundamentales para el futuro mundial como el respeto a la dignidad de todas las personas a través del conocimiento de los derechos humanos, así como los mecanismos de funcionamiento de una verdadera democracia deliberativa donde los debates públicos se produzcan con transparencia. Estos conocimientos les enseñarán que por encima de los intereses empresariales están los de la sociedad en su conjunto. Pero su carencia no parece preocupar en absoluto a los «empleadores». ¿Preocupa a nuestro gobierno? Es de alabar la iniciativa que el Ministerio de Educación y Ciencia ha tenido para implementar un área de Educación para la Ciudadanía en educación primaria y secundaria. Pero, ¿quién transmitirá a los niños los valores y conocimientos democráticos si los universitarios de hoy no los aprenden? Si los poderes públicos y la propia comunidad universitaria no somos capaces de preservar la autonomía de la universidad frente a los intereses empresariales, tendremos mucho que lamentar en un futuro no muy lejano. En un libro reciente, el filósofo Javier Sádaba decía que actualmente el dinero, con sus largas manos, se ha convertido en un obstáculo para la construcción de la ciudadanía. Estoy amargamente de acuerdo con él, pero lucharé con todas mis fuerzas para que quitarle la razón.
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Pedro López López es profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid, y miembro del Equipo de Educación en Derechos Humanos de Amnistía Internacional. e-mail: [email protected]