El ministro de Asuntos Exteriores de España, Miguel Angel Moratinos, comparece hoy ante el Parlamento Europeo (PE) para declarar sobre la supuesta implicación de su país en los vuelos secretos de la CIA por Europa.Moratinos se convierte en el primer canciller de un estado europeo que declara ante el PE luego de reconocer el presidente […]
El ministro de Asuntos Exteriores de España, Miguel Angel Moratinos, comparece hoy ante el Parlamento Europeo (PE) para declarar sobre la supuesta implicación de su país en los vuelos secretos de la CIA por Europa.
Moratinos se convierte en el primer canciller de un estado europeo que declara ante el PE luego de reconocer el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, la existencia en el exterior de cárceles clandestinas de la CIA.
El PE creo una comisión para dilucidar la implicación de estados de este continente en las autorizaciones de aterrizaje a los aviones de la agencia estadounidense, los cuales transportaban a personas secuestradas a dichas prisiones.
Diversas denuncias de Organizaciones No Gubernamentales y presos liberados daban cuenta de esos plagios y su posterior traslado a esas cárceles para ser torturados.
En principio fueron ubicadas en Polonia y Rumania, en territorio europeo, pero también en otros estados como Afganistán, donde se desconocía el paradero de los sospechosos desaparecidos.
En el caso de España se denunció que en varias ocasiones se utilizó con esos fines el aeropuerto de Palma de Mallorca, en Islas Baleares.
Con anterioridad, el PE denunció la complicidad con esos vuelos de varios gobiernos al considerar inverosímil que desconocieran para los fines que la CIA usaba sus terminales aéreas.
También llegó a la conclusión que se cometieron esos plagios, en base a testimonios de ex secuestrados, quienes fueron transportados desde esos aeródromos europeos a otros países.
Entre las investigaciones que prosigue la Eurocámara figura viajar en los próximos días a Alemania y Gran Bretaña, cuyos aeropuertos fueron utilizados para el translado ilegal de secuestrados, así como a Polonia y Rumania, los primeros lugares donde se denunció la existencia de esas prisiones.
Hasta ahora, el gobierno español ha negado que su territorio fuera usado por la CIA con ese propósito.