Movilizaciones para frenar al CETA

La campaña No al TTIP, de la que forma parte Ecologistas en Acción, ha convocado un Día de Acción Global para demandar al Parlamento Europeo que vote «no» al acuerdo comercial y de inversiones entre la UE y Canadá, el CETA. Está previsto que el próximo 14 de febrero el pleno del Parlamento Europeo en […]

Está previsto que el próximo 14 de febrero el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo vote la ratificación del CETA. Por tal motivo, la sociedad civil, sindicatos, agricultores y activistas de organizaciones ciudadanas, culturales y políticas de toda Europa, también del todo el Estado español, saldrán a la calle el sábado 21 de enero con el objetivo de frenar este tratado económico y comercial entre la UE y Canadá, también conocido como el «TTIP canadiense».

«El movimiento europeo contra los acuerdos comerciales como TTIP y CETA ha conseguido poner contra las cuerdas las negociaciones comerciales de la UE», ha declarado Luis Rico, uno de los portavoces de la campaña. «La sociedad se está rebelando contra el contenido de estos acuerdos, que están pensados únicamente para incrementar el flujo de inversiones, el comercio y el poder de las grandes empresas. Proponemos un modelo comercial que evite los efectos negativos de la globalización. Por eso el sábado volveremos a salir a la calle para decir que las personas y el planeta están antes que las multinacionales», ha concluido Rico.

En el caso de que se ratifique del CETA, el próximo 14 de febrero amplias secciones de este acuerdo comercial y de inversiones se aplicarán provisionalmente, incluso antes de que sea votado para su confirmación final en los distintos parlamentos nacionales de los 28 miembros de la Unión Europea (UE).

Pero antes de esta votación decisiva, varias comisiones parlamentarias tienen que expresar y votar su opinión sobre el tratado. En diciembre la resolución de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) recomendó votar en contra el CETA. Sin embargo, la Comisión de Medioambiente (ENVI) que se celebró el pasado jueves 12 de enero respaldó el acuerdo. El próximo 24 de enero será la Comisión de Comercio Exterior (INTA) quien tenga que definirse sobre el tratado.

Por este motivo, la campaña No al TTIP ha estado manteniendo numerosos contactos con europarlamentarias y europarlamentarios, y ha celebrado reuniones con representantes de algunas fuerzas políticas en el Parlamento Europeo.

La campaña ha constatado la profunda división interna que existe en los grupos socialdemócrata (S&D) y demócrata-liberal (ALDE), donde diversos europarlamentarios han votado en contra de este tipo de acuerdos y han expuesto sus preocupaciones ante los graves peligros que implica la aplicación de este tratado en aspectos como el empleo, el sector agrícola, el principio de precaución, los servicios públicos o la futura cooperación reguladora.

«Es una falacia decir que este tipo de acuerdos comerciales y de inversión es una forma de gobernar la globalización o de mejorar la gobernanza global», ha manifestado Cuca Hernández, portavoz de la campaña. «El texto del CETA», ha añadido Hernández, «llama barreras comerciales a las salvaguardas para la salud y el medioambiente; trata de establecer tribunales para garantizar las ganancias de las grandes multinacionales; y desregulariza muchos aspectos que tienen relación con los servicios públicos y los derechos laborales. Aunque nos lo quieran vender como un intento de gobernar la globalización, el CETA ahonda la actual crisis global de desregulación del mercado, el empleo y el capital».

La campaña No al TTIP ha expuesto a las europarlamentarias/os españolas/es que el texto del CETA y la «declaración interpretativa» que la acompaña incluye aspectos preocupantes, tales como:

El CETA supone la aceptación de que las empresas multinacionales puedan demandar a los gobiernos por adoptar medidas legítimas y no discriminatorias para la protección de la población y del planeta. Este acuerdo consagra un sistema judicial paralelo y unidireccional al que los inversores extranjeros pueden acudir para defender sus intereses eludiendo el sistema jurídico existente.
En el texto de este acuerdo el desarrollo de los derechos laborales y el desarrollo sostenible son voluntarios y no legalmente vinculantes, por lo que no pueden ser efectivamente reforzadas mediante sanciones.
El CETA limita seriamente la capacidad de los gobiernos para crear, expandir y regular los servicios públicos y para revertir liberalizaciones y privatizaciones fracasadas.
El CETA hace que Canadá y la UE sean más vulnerables a las crisis financieras puesto que se producirá una mayor liberalización de los mercados financieros.
Un estudio independiente de los impactos económicos del CETA predice que se perderán puestos de trabajo tanto en la UE.
El CETA podría aumentar el coste de las prescripciones de medicamentos e impactaría negativamente en derechos fundamentales como el derecho a la privacidad y a la protección de datos. También limitaría la capacidad tanto de la UE como de Canadá de actuar contra patentes excesivas.
Las cláusulas del CETA en cuanto a cooperación reguladora y a la capacidad normativa de los estados pondrían obstáculos adicionales a las regulaciones, reforzando el papel de los lobbies en los procesos democráticos y socavando potencialmente la adopción de políticas de interés público.
Tanto en Canadá como en la UE, el CETA expondría a agricultoras y agricultores a más presión debido a la competitividad comercial, lo que supondría una debilitación de este sector. Asimismo supondría un mayor impedimento para las políticas de compra pública de promoción de productos de cercanía y amenazaría los estándares de producción y procesamiento de alimentos, haciendo imposible el desarrollo de una agricultura sostenible.
El CETA pone en grave riesgo el principio de precaución consagrado en el Tratado de la UE, principio que protege a consumidores, salud pública y medio ambiente.