Pese a que el Estado de Guatemala ha suscrito y ratificado distintos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres dentro de los que se encuentran la Convención sobre los derechos políticos de la mujer, la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer «CONVENCION DE BELEM DO PARA», […]
Pese a que el Estado de Guatemala ha suscrito y ratificado distintos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres dentro de los que se encuentran la Convención sobre los derechos políticos de la mujer, la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer «CONVENCION DE BELEM DO PARA», la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza 1960, la Convención interamericana sobre concesión de los derechos civiles a la mujer, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención interamericana sobre concesión de los derechos políticos a la mujer (OEA, 1948); el Convenio 100, Sobre igualdad de remuneración, de la Organización Internacional del Trabajo; el Convenio 103, Sobre la protección de la maternidad, de la Organización Internacional del Trabajo; el Convenio 156, Sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, de la Organización Internacional del Trabajo ya ha emitido diversos instrumentos nacionales, a la fecha no ha podido tan siquiera garantizar en la práctica el acceso pleno de las mujeres a la ciudadanía y estamos muy lejos de la igualdad que debe garantizarse entre hombres y mujeres.
Según las proyecciones de Población de la República de Guatemala desagregadas por sexo para el año 2014 la Población total de la República asciende a 15,806,675 de los cuales 8,087,279 somos mujeres, es decir que el 51.16% del total de la población somos mujeres.
Aunque las mujeres representamos más de la mitad de la población total del país, continuamos sometidas a relaciones desiguales de poder tanto en el ámbito privado como el ámbito público, especialmente en el acceso a la seguridad, la salud, la educación, el trabajo, los medios de producción y reproducción de la riqueza, y en términos generales, seguimos siendo excluidas del desarrollo y bienestar.
Según datos oficiales aunque el 59.46% de la población vive en condiciones de pobreza, las mujeres representamos el 52.10% de los pobres; únicamente el 51.2% de las mujeres tenemos acceso durante nuestros partos a un establecimiento de salud; la tasa de mortalidad materna es de 139,5 muertes por cada 100,000 nacidos vivos, una de las más altas de la región (estas muertes maternas afectan en su mayoría a las mujeres indígenas (70%), con escasa educación (46% analfabetas) y multíparias); el 68% de las mujeres no tenemos tan siquiera acceso a los servicios de Papanicolaou y más del 30% somos analfabetas.
En el acceso a la vivienda la situación para las mujeres no ha variado en todas las formas, es decir, propiedad, alquiler, y crédito, las mujeres seguimos sin participar de forma equitativa en la tenencia de vivienda no superando nuestra participación el 18.7%.
En lo relativo al acceso a la tierra, según las Encuestas Nacionales Agropecuarias de 2005 y 2008, el 83% y 85%, respectivamente de la tierra para el cultivo en todas las formas de tenencia es decir en propiedad, arrendamiento o usufructo está en manos de productores hombres mientras que un 16% y 15% respectivamente está en manos de mujeres, en tanto que los hombres productores individuales tienen la mayor parte de la tierra en propiedad y arrendamiento, las mujeres productoras individuales la poseemos en usufructo y colonato.
Aunque nuestra participación en el trabajo asalariado ha venido creciendo, seguimos teniendo graves obstáculos para incorporarnos al mismo, no sólo porque las mujeres tenemos una carga laboral sin remuneración que representa por lo menos seis horas diarias sin que existan alternativas relativas al cuidado infantil, sino porque en una país tan violento para las mujeres como Guatemala nuestra incorporación al trabajo incrementa nuestra vulnerabilidad y exposición a diversos tipos de violencia de género.
Por otro lado, aunque la población ocupada en promedio no gana un salario que alcance a cubrir el costo de la Canasta Básica Alimentaria y mucho menos el Costo de la Canasta Básica Vital, las mujeres seguimos ganando entre el 50% y el 30% menos del salario que devengan los hombres por el desempeño del mismo trabajo, o incluso menos, dependiendo de la actividad económica que desempeñemos, el área geográfica en que prestemos nuestros servicios o de si somos mujeres indígenas o no indígenas.
La segmentación del trabajo también evidencia que las mujeres seguimos ocupadas mayoritariamente en empleos precarios en sectores como el comercio al por mayor y menor, transporte y almacenamiento, actividades de alojamiento y servicios de comida, en el trabajo de casa particular, en el trabajo agrícola, y en la industria manufacturera.
La violencia generalizada que enfrenta el país es alarmante estamos en un momento de nuestra vida política en que las muertes violentas son más significativas que las ocurridas durante el conflicto armado o mejor dicho estamos viviendo un conflicto armado disfrazado con una institucionalidad aparentemente democrática.
En este marco las formas de violencia hacia las mujeres han ido también aumentando, los datos oficiales muestran un alarmante registro de casos denunciados de violencia intrafamiliar del año 2008 a la fecha, la violencia física, la violencia sexual, y la violencia psicológica han seguido el mismo patrón de aumento ante una ineficiente respuesta del Estado por resolver la grave situación lo que incluso ha llevado a la muerte a mujeres que han instado al sistema de justicia denunciando la violencia de la que son objeto.
La manifestación de estos actos de violencia hacia las mujeres se refleja también en la tasa de fecundidad juvenil que representa el número de niñas y niños nacidos de adolescentes de 13 a 19 años de edad por cada mil mujeres el cual es alarmante llegando a representar el 66.7%. En estos casos a los problemas y riesgos de salud tanto para la madre como para el niño o niña se suman las limitaciones que los embarazos y partos en esta edad representan para las mujeres tanto en su acceso a la educación, a optar a mejores puestos de trabajo y en términos generales a poder acceder a un nivel aceptable de desarrollo.
En su mayoría estos embarazos y partos están relacionados con actos de violencia sexual hacia las adolescentes siendo los agresores frecuentemente miembros del mismo grupo familiar o personas cercanas.
La vida política sigue siendo un ámbito reducido a las posibilidades económicas de los y las candidatas o bien a las élites económicas financistas de los partidos políticos y un campo exclusivo de los hombres no indígenas.
Durante más de dos décadas las mujeres no hemos representado más del 2% de los puestos de poder en los gobiernos locales, apenas el 12% de los puestos ocupados en el Parlamento, y apenas el 14% de los puestos ocupados en los Ministerios del Organismo Ejecutivo. Estas brechas se han mantenido a pesar que el índice de feminidad en el padrón electoral muestra que la participación de las mujeres ha aumentado hasta alcanzar mayores niveles de participación que la de los hombres, igualmente el porcentaje de mujeres que votó en relación al de empadronadas ha incrementado pasando de un 24.8% en el año 2003 a un 37.2% en el año 2011.
Frente a esta crisis de derechos humanos de las mujeres el MSICG considera urgente profundizar su trabajo en la sociedad en diversos sentidos siendo uno de ellos el empoderamiento de las mujeres a través del conocimiento de sus derechos y de la institucionalidad encargada de hacerlos cumplir, así como el establecimiento de protocolos y acompañamiento de casos de las mujeres en esa lucha tan imprescindible para garantizar la igualdad de la mujer en la sociedad guatemalteca y el afianzamiento del Estado de Derecho.
Este empoderamiento tiene por objeto facilitar el acceso a los mecanismos e instituciones que establece nuestro ordenamiento jurídico y llevar al Estado a que, a través de esta institucionalidad y el propio sistema de justicia, garantice la positividad de la normativa afirmativa de la igualdad entre mujeres y hombres.
Aunque las prioridades citadas por el MSICG son una obligación del Estado de Guatemala, el MSICG ha constatado que a la fecha el Estado ha omitido actualizar, publicar y difundir tanto los instrumentos internacionales como las leyes, reglamentos, y acuerdos de carácter nacional relacionados con los derechos e institucionalidad encargada de hacer cumplir los derechos fundamentales de las mujeres.
Es de esa cuenta que el MSICG ha asumido el desafío de recopilar, actualizar y publicar un compendio de la normativa nacional e internacional en materia de derechos humanos de las mujeres y de la institucionalidad encargada de hacerlos cumplir, debidamente cotejadas con las publicaciones oficiales, con la finalidad de proporcionar una herramienta básica para el conocimiento y defensa de los derechos de la mujer.
El MSICG ha estado y estará distribuyendo de manera gratuita ejemplares físicos de dicho compendio entre dirigentes y miembros de base de sus organizaciones afiliadas así como al personal auxiliar y judicial de los tribunales encargados de aplicar dicha normativa a la espera contribuir de esta manera a la lucha que las mujeres venimos librando históricamente por alcanzar nuestra plena ciudadanía y la igualdad respecto a nuestros compañeros hombres.
El digesto también puede ser descargado electrónicamente de nuestra página Web en el siguiente enlace: http://movimientosicg.org/
Nuestra América, 8 de diciembre de 2014.
COORDINADORA DE LA MUJER MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO