Traducido para Rebelión por Juan Vivanco
Quinientos euros de multa por no poner un crucifijo en su despacho. Es a lo que se expone la directora del instituto Reina de Chiusa Sclafani, después de la incursión de ayer [24 de noviembre] por la mañana de la policía municipal. Todo empezó el viernes pasado, cuando el alcalde del pueblo, Francesco Di Giorgio (Pdl, derecha) notificó a la directora del instituto, Francesca Accardo, una insólita ordenanza en claro desafío al reciente fallo del Tribunal Superior de Estrasburgo.
El alcalde ordena que «se mantenga el crucifijo en las aulas y las oficinas públicas del municipio de Chiusa Sclafani, como expresión de los valores cívicos y culturales fundamentales del Estado italiano». «El personal de la policía municipal ―prosigue la ordenanza― verificará en un plazo de 15 días la observancia de esta norma» y «a los transgresores se les aplicará una sanción de 500 euros».
Ayer por la mañana, bastantes días antes de los 15 señalados en la ordenanza, se presentaron dos guardias urbanos en la puerta del instituto. «Habría podido impedirles la entrada ―declara la directora―, pero como representante de las instituciones pensé que no era lo correcto». Los guardias hicieron una rápida inspección por todas las aulas y las oficinas, comprobando que en todas ellas había crucifijos.
«Pero cuando entraron en mi despacho observaron que faltaba» explica Accardo, que no sale de su asombro por esta «absurda ordenanza» y la celeridad de la visita. «No consigo explicarme ―prosigue― los motivos de la medida, y creo que ahora pueden incluso ponerme una multa. Nadie ha tocado los crucifijos de las aulas y las otras salas y, francamente, ni siquiera me había dado cuenta de que en mi despacho no había».
La directora del instituto está visiblemente indignada mientras cuenta una historia que parece sacada de otros tiempos. «Creo que vivo en un país democrático, no en una dictadura. Me gustaría seguir trabajando serenamente, como he hecho todos estos años», concluye. No piensa darse por vencida. Va a denunciar lo ocurrido a la ministra de Educación, Mariastella Gelmini, y al jefe de la Dirección Regional de Educación, Guido Di Stefano, con la esperanza de que salgan en su defensa. Mientras tanto está consultando a un abogado.
En el instituto de este pueblecito de Palermo (Sicilia) estudian 284 alumnos de preescolar, primaria y secundaria de primer grado; cada día que pasa cuenta con un presupuesto más reducido. Entre otras cosas, porque desde hace un par de años el Ayuntamiento no provee los fondos para el funcionamiento y la manutención, que todos los entes locales deben entregar a los centros de enseñanza.