«La construcción de Estados nacionales latinoamericanos fue un proceso de “arriba a abajo”, originado por las oligarquías criollas que despreciaban a los pueblos indios y los consideraban “fuera de la nación”».
El 12 de octubre de hace 531 años da inicio el proceso de genocidio, etnocidio, racismo, segregación y violencia que constituye la esencia histórica de los llamados pueblos indígenas, al igual que la resistencia, la rebelión, el sincretismo y la transformación constante de sus formas de lucha contra la opresión y explotación de las diferentes matrices raciales, culturales y de clase que impusieron los colonizadores y sus descendientes, que, en muchos de los casos, forman parte de las clases dominantes en las diferentes sociedades nacionales surgidas de ese proceso.
Pese a la heterogeneidad en sus características étnicas y culturales, en sus condiciones de vida y reproducción, en sus hábitat rurales y urbanos, los pueblos originarios han confrontado, desde sus diferencias y semejanzas con los demás sectores de las poblaciones nacionales, las políticas de los aparatos estatales administrativos, judiciales, civiles, militares, corporaciones capitalistas, grupos de poder político y económico, organizaciones patronales, denominaciones religiosas, estrategias de guerra de contrainsurgencia, hambrunas, epidemias, y, ahora, la militarización y las mafias del crimen organizado, que atentan contra su integridad territorial, recursos naturales, conocimientos ancestrales, formas de organización social, identidades, lenguas, culturas e, incluso, amenazan la existencia misma de los pueblos.
Los estados nacionales siguieron una política con las poblaciones indígenas que, contradictoria en su especificidad, ha sido, a la vez, o de acuerdo a sus intereses económicos y políticos, asimilacionista –integracionista y/o segregacionista– diferencialista, aunque ambas expresan la misma estrategia opresiva, subordinante y discriminatoria. Particularmente en el caso de América Latina, los pueblos indígenas fueron reducidos demográficamente, sus territorios invadidos y despojados, y, a lo largo de los procesos de colonización e integración nacional, los grupos dominantes impusieron, paralelamente, una historia, una cultura, una lengua, una religión, formas de organización social, instituciones y marcos jurídicos a través de los mecanismos coercitivos del Estado: la instrucción pública, la administración centralizada, el mercado nacional y el ejército, como medios de socialización y unificación de la llamada cultura o carácter nacional. Estas entidades nacionales se constituyen en hegemónicas y subordinantes frente a las formas culturales de naturaleza étnica, que, en consecuencia, se identifican como culturas subalternas.
Un contexto general es el etnocentrismo y el racismo que han caracterizado los procesos de colonización, formación nacional y recolonización en América Latina[3], en los que la conquista europea sobre la población precolombina y la conformación de estados naciones durante el periodo independentista, se realizaron a partir de la brutal explotación de la fuerza de trabajo indígena y de origen africano, el no reconocimiento de los derechos y las identidades de estos pueblos y la edificación de sociedades basadas en los modelos civilizatorios de Europa y Estados Unidos.
De esta manera, la construcción de Estados nacionales latinoamericanos fue un proceso de “arriba a abajo”, originado por las oligarquías criollas que despreciaban a los pueblos indios y los consideraban “fuera de la nación”, ausentes de las Cartas constitucionales que no reflejaron la alteridad étnica lingüística cultural sino hasta la última década del siglo XX, bajo la presión del movimiento indígena y su conmemoración, en 1992, de los 500 años de la invasión y conquista europeas de nuestro continente.[4]
A 531 años del inicio de la conquista, de nueva cuenta la territorialidad, los recursos naturales, la integridad física y cultural, sus formas de organización colectiva de los pueblos indígenas y afrodescendientes en América Latina, y en México, en particular, son sitiados sistemática y permanentemente por las corporaciones del capitalismo militarizado y delincuencial, denominado por William Robinson acumulación militarizada, dentro de la cual incluyo al narcotráfico y a las estrategias contrainsurgentes de matriz estadounidense.
Lo que está en el centro del negocio del narcotráfico es el esfuerzo por despojarlos de su territorialidad, que constituye el fundamento material de la reproducción de los pueblos y el espacio estratégico de sus luchas. La finalidad del crimen organizado es expropiar a los indígenas de sus tierras, recursos y fuerza de trabajo y, a través de la criminalización que esto conlleva, facilitar las actividades del ejército en sus tareas represivas y contrainsurgentes, con el auxilio de grupos paramilitares, que, con frecuencia, operan como el brazo clandestino de las fuerzas armadas para las tareas de la guerra contrainsurgente. Con el pretexto del “combate contra el narcotráfico”, extensas zonas indígenas son víctimas de los operativos del ejército en un proceso creciente de militarización, que continúa en extensión y profundidad con el gobierno actual, teniendo lugar todo tipo de abusos y violentando sus derechos humanos y los que les corresponden como pueblos originarios.
A partir de este contexto, destacamos que la insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), iniciada el 1 de enero de 1994, y el diálogo de paz con el gobierno federal mexicano que tiene lugar a partir del 20 de febrero de ese mismo año, en accidentadas etapas, hasta llegar a la suspensión en la segunda mitad de 1996, constituyen procesos inéditos en la historia contemporánea de los conflictos armados revolucionarios de América Latina, y el inicio del protagonismo indígena como alternativas de gobierno y de organización comunitaria respetuosa de la naturaleza.
La especificidad de este movimiento radica, en primer término, en la composición mayoritariamente indígena de la agrupación maya zapatista que se levanta en armas en 1994. Los y las zapatistas lograron dar a conocer un México distinto al de las firmas comerciales trasnacionales, diferente al concebido por las oligarquías bancarias y financieras, muy lejano de las elites políticas de todos los signos. El EZLN emerge del otro México, el de los de abajo, el que entró a la modernidad sobreviviendo, resistiendo, defendiendo derechos, tierras, territorios, soberanías y la vida misma.
Un mérito político innegable del EZLN es que haya iniciado una amplia y compleja convergencia ciudadana y sectorial, tanto en México, como en el ámbito internacional, dirigida a la comprensión de esa realidad indígena, abriendo el diálogo de paz a una representación amplia y genuina de la sociedad civil mexicana. Esta es una diferencia notable con respecto a los diálogos de paz que se desarrollan en los prolongados y cruentos conflictos armados de El Salvador, Guatemala o Colombia, así como la rapidez con la que se entablan las primeras pláticas entre las partes, apenas 53 días después de iniciadas las hostilidades armadas.
El zapatismo impone la problemática indígena en el debate nacional y obliga al Estado mexicano a negociar los Acuerdos de San Andrés en materia de derechos y cultura indígenas, los cuales, independientemente de su incumplimiento y traición por la clase política y los tres poderes de la Unión, constituyen una plataforma programática para los procesos autonómicos de los pueblos indios de México que se han desarrollado durante estos años y un referente necesario para las luchas de resistencia contra las corporaciones del capital depredador neoliberal.
A diferencia de muchos sectores sociales, el EZLN y los pueblos indios cuentan con una estrategia, la autonomía, para resistir los embates de estas políticas neoliberales, defender los patrimonios naturales y recursos estratégicos propios y nacionales, con un proyecto civilizatorio distinto al que ofrece el capitalismo mundial. Especialmente importante fue la presencia en San Andrés de representantes de alrededor de 40 pueblos de la abigarrada realidad étnica del país, quienes tuvieron la oportunidad de exponer sus ideas y hacer sus propuestas, en un complejo mecanismo de negociación a través del cual los zapatistas trasformaron su diálogo en un espacio de debate incluyente y nacional.
Desde la rebelión zapatista, se desarrolla una contrainsurgencia activa y preventiva no sólo en Chiapas sino también en regiones de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla, entre otros estados. Podríamos proyectar el actual emplazamiento militar sobre un mapa étnico y el traslape sería exacto, esto es, donde están los pueblos indígenas, observamos una gran presencia militar, especialmente en Chiapas, al igual que la presencia del otro actor armado, los carteles del narcotráfico.
Los emplazamientos de la Guardia Nacional, Ejercito y Marina corresponden a esta lógica contrainsurgente. En el caso específico de la zona del conflicto, se presenta una saturación del llamado “teatro de la guerra”, esto es, el gobierno federal no ha dejado espacio sin llenar y cubrir con militares. En otros términos, estamos ante lo que se denomina alta densidad de tropas en un espacio regional reducido y con un desarrollo constante de la capacidad contrainsurgente, además del control aéreo, de comunicaciones e inteligencia, a través de la infiltración y los paramilitares.
Enumero algunos factores derivativos que explican la suspensión del diálogo-negociación entre el EZLN y el gobierno Federal mexicano, y que pueden ser un referente importante para entender la actual ruptura entre el EZLN y el gobierno de la llamada Cuarta Transformación: a).- La discriminación y el racismo hacia los pueblos indígenas, que se expresaron sistemática y permanentemente durante el diálogo en el trato de los funcionarios federales hacia la delegación del EZLN; b).- El prejuicio de clase hacia quienes representaban una organización político-militar que obliga al gobierno a negociar y que de manera irreverente y convincente exhibe la demagogia y el autoritarismo de su contraparte gubernamental; c).- El riesgo que representaba para el culto y el mito del poder del Estado mexicano, el que un logro proveniente de los de abajo saliera triunfante; d).- La ruptura del monopolio de la violencia “legítima y legal” del Estado, al negociar con un grupo armado, que sale adelante en una negociación.
En el plano legislativo, el eventual cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, requeriría la derogación de las reformas constitucionales que han permitido la recolonización de los territorios de los pueblos originarios, concebidos como los espacios geográfico-simbólicos de su reproducción como entidades socio-étnicas colectivas. Como era de suponerse, un proyecto de reforma en materia de derechos indígenas que elaboró el INPI, y que asegura que consultó a los pueblos, quedó en el limbo legislativo y a un año de que termine la actual administración, lo más probable es que no sea presentado, quedando como saldo de la 4T, de nueva cuenta, el incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.
Los pueblos emprendieron el camino de construcción de la autonomía por la vía de los hechos, la autonomía de facto, siendo el caso paradigmático el de los mayas-zapatistas en Chiapas, agrupados en el EZLN, inmersos en un proceso autonómico de alcances históricos en el ámbito planetario. Quedan aparte las continuidades neodesarrollistas del actual gobierno, que resultan antitéticas al cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés. Estos, sin embargo, siguen constituyendo la plataforma programática para los procesos autonómicos y un referente necesario para la lucha de resistencia contra el capitalismo y en favor de la vida.
II
A 531 años de la llegada de europeos a
tierras insulares de este continente, que por azar llevaría el nombre de
América, las organizaciones de los pueblos originarios salieron a la
calle a manifestar su repudio a los eufemismos “descubrimiento”,
“encuentro de dos mundos” y “aculturación” para denominar el violento
proceso de conquista y colonización, que el Congreso Nacional Indígena
califica como el “mayor genocidio en la historia de la humanidad”.
Recordemos que en un primer Encuentro que tuvo lugar en Bogotá, Colombia, el 12 de octubre de 1989, y en una segunda reunión en Guatemala, dos años más tarde, las organizaciones indígenas lograron unificar a un conjunto heterogéneo de entidades étnicas, sociales, gremiales y políticas dentro de una pluralidad que se manifestó en la decisión de incorporar a los sectores negro y popular, en lo que sería, desde entonces, la Campaña 500 Años de Resistencia Indígena, Negra y Popular.
A pesar de las contradicciones en torno a las concepciones políticas y las estrategias a seguir, esta Campaña abrió en aquel momento canales de comunicación entre diversos pueblos de la América indígena, contando con un espacio de confluencia en el que se reflexionó y se llevaron a cabo acciones y trabajos coordinados a partir de seis objetivos centrales: 1) Realizar una reflexión colectiva en torno al impacto de la invasión y colonización europeas. 2).- Recuperar y fortalecer la memoria histórica como base de las identidades como pueblos. 3).- Impulsar, en consecuencia, un vasto movimiento de autodescubrimiento de las raíces y los alcances de las luchas y resistencias. 4).- Elaborar y poner en práctica alternativas pluralistas y democráticas de existencia y gobierno a los sistemas de explotación, dominación y opresión impuestos por la invasión y el coloniaje. 5).- Convertir a los participantes de la Campaña en actores de su propio destino, consolidando sus organizaciones regionales, nacionales y continentales, sobre la base de un activo protagonismo autonómico desde abajo. 6).- Impulsar la más amplia unidad de todas las organizaciones, haciendo de la Campaña un espacio de encuentro y confluencia de la diversidad y la otredad.
Con estos objetivos y enfrentando las acciones represivas de los gobiernos nacionales, y el embate de las corporaciones capitalistas, ya en la etapa neoliberal de la acumulación capitalista, la Campaña significó un real cuestionamiento al carácter festivo y profundamente racista que los gobiernos de la Península Ibérica y de América Latina pretendieron otorgarle a este acontecimiento histórico, colocando en el centro del debate la realidad de los pueblos afrodescendientes y originarios, caracterizada por el mantenimiento de estructuras y mecanismos de subordinación y dominación que describen fehacientemente lo que Pablo González Casanova denominó colonialismo interno, y que se expresan, asimismo, en prácticas de racismo, discriminación, etnocidio, segregación y exterminio de pueblos indios y afrodescendientes, “las cuales dificultan el ejercicio de derechos y la construcción de una sociedad basada en la justicia y la igualdad”, según se asienta en la relatoría del III Encuentro Continental de Resistencia Indígena, Negra y Popular, que tuvo lugar en Managua, Nicaragua, en octubre de 1992.
Fue particularmente importante en este proceso la retrospectiva histórica que se le imprimió a la Campaña, como una plataforma de apoyo para la reafirmación de identidades negadas por el racismo y etnocentrismo europeos, y por el de las elites latinoamericanas, de tal manera que organizaciones de los pueblos afrodescendientes tuvieron oportunidad de analizar su experiencia histórica en la conquista y colonización, y fortalecer sus luchas contra las políticas racistas en todo el continente. La discusión abarcó todo el proceso de formación de identidades que tuvo lugar a partir de la conquista europea, y la formación de los Estados nación latinoamericanos, con la forja de nacionalidades que, con el tiempo, se tornan en poblaciones mayoritarias en nuestros países. Sectores de estos grupos nacionales comparten el racismo y el etnocentrismo de las elites coloniales, negando, hoy como ayer, el derecho a la diferencia lingüística y etnocultural, y reproduciendo en el interior de nuestras sociedades nacionales, un sistema asimilacionista / integracionista discriminatorio.
Por cierto, las contra celebraciones iniciadas por la Campaña lograron en esos años adeptos aún en España, donde se organizaron comités como el “Me cagó en el V Centenario”, e, incluso, alcaldes de varias ciudades denunciaron la hipocresía del gobierno de su país, y los fines geopolíticos y económicos de las actividades oficiales, y se declararon en favor de las víctimas del colonialismo español.
A 531 años de la invasión, los pueblos demandaron un alto a la guerra, convocando a la resistencia contra la recolonización militarizada y delincuencial.
Notas:
[1] Texto para el conversatorio organizado por la Radio Zapatista Sudcaliforniana, 12 de octubre 2023.
[2] Doctor en Antropología por la Universidad de Utah, Estados Unidos (1976), Maestría en Antropología ENAH-UNAM (1969). Profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia Titular C. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
[3] Ver: Alicia Castellanos Guerrero (Coordinadora). Imágenes del Racismo en México. México: UAM-I- Plaza y Valdés, 2004.
[4] Ver: Gilberto López y Rivas, Pueblos indígenas en tiempos de la Cuarta Transformación. Plaza y Valdés, 2020. Gilberto López y Rivas. Nación y Pueblos indios en el neoliberalismo. México: Plaza y Valdés- Universidad Iberoamericana, segunda edición, 1996. También del mismo autor: Autonomías: democracia o contrainsurgencia. México: Editorial ERA, 2004.
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