Revocatoria para las próximas autoridades que incumplan planes de gobierno y promesas de campaña
El 10 de abril se realizan en el Perú las Elecciones Generales: Presidente, Congreso de la República y representantes al Parlamento Andino. Y mientras arrecian las campañas millonarias y las promesas de todo tipo, las expectativas ciudadanas, particularmente las de los pueblos indígenas, son escasas o nulas.
La razón de esta falta de expectativas no es la trivialidad del debate electoral, plagado de ataques personales entre los candidatos y en el que se repiten ofrecimientos tantas veces incumplidos. La razón es que, pese a que algunos programas de gobierno incorporan parte de las demandas indígenas, el problema principal no se toca: el modelo neoliberal extractivista que fue impuesto por la dictadura de Alberto Fujimori en los años noventa, con una Constitución ilegítima que once años después del «retorno a la democracia» permanece invariable en el aspecto económico.
La Constitución fujimorista de 1993 recortó derechos territoriales a las comunidades, dio el marco jurídico para brindar todas las facilidades a las empresas transnacionales, particularmente a las mineras, con las que el gobierno firmó convenios de estabilidad tributaria vigentes hasta hoy y gracias a los cuales no pagan más que el Impuesto a la Renta, no están afectas a las regalías mineras y tampoco tributan a las municipalidades de las jurisdicciones donde operan.
Cuando Alberto Fujimori fue sentenciado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y corrupción, los pueblos indígenas aplaudimos dicha sentencia. Pero advertimos que es necesario juzgar también el modelo económico que impuso el régimen fujimorista, modelo que vulnera los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas, por lo cual recurre de manera creciente a la criminalización del ejercicio de nuestros derechos: normas represivas, juicios que se multiplican, encarcelamientos y asesinatos.
Ahora los candidatos se llenan la boca asegurando que respetarán el derecho a la consulta, pero no hablan del consentimiento previo, libre e informado; dicen que no renovarán los convenios de estabilidad tributaria, que crearán el impuesto a las sobreganancias mineras, que exigirán a las empresas extractivas responsabilidad social y ambiental… cuando muchos de esos «convenios de estabilidad» tienen vigencia hasta el 2014.
¿Podemos creerles? Tenemos la mala experiencia del actual presidente, Alan García Pérez, quien en su campaña prometió, entre otras muchas cosas, el impuesto a las sobreganancias mineras, la revisión del Tratado de Libre Comercio y el retorno a la Constitución de 1979. Obviamente, una vez en el gobierno hizo todo lo contrario.
Además, no debemos creerles a los actuales candidatos porque la mayoría enaltece las supuestas bondades de un modelo que muestra un aparente crecimiento económico, pero que en nada beneficia a nuestros pueblos. Las empresas y sus servidores y los funcionarios públicos sí se enriquecen, pero a costa de una corrupción generalizada que sigue empobreciendo al resto del país, del desempleo y de una depredación de la Madre Tierra sin precedentes: territorios invadidos, fuentes de agua contaminadas, aires irrespirables, decenas de miles de personas con la sangre envenenada por metales pesados… La mayoría de los candidatos solo garantiza la continuidad de todo esto.
En esta defensa cerrada del modelo extractivista, los políticos no se preguntan qué sucederá cuando los recursos que saquean insaciablemente se agoten, cuando bajen sus precios en el mercado internacional o simplemente sean reemplazados con el avance tecnológico. Para entonces, nuestro bien más preciado, la megabiodiversidad del Perú, estará ya gravemente herida y al borde de su desaparición, sumándose a los impactos de la crisis climática, otra gran ausente de los planes de gobierno de los partidos que compiten en las elecciones, producto de la cual veinte mil alpacas han muerto en el ande peruano como consecuencia de las heladas. Y no hay un solo candidato -de los diez que compiten- que proponga soluciones a este grave problema.
Lo que planteamos
Hay un candidato que ofrece un cambio de la Constitución fujimorista y la atención de la agenda indígena. Podemos darle un voto de confianza, junto con las siguientes exigencias:
1. Que revise minuciosamente sus listas de candidatos al Congreso de la República, identificando a los pro-mineros y/o directamente financiados por las empresas mineras, que hacen aportes millonarios a sus campañas, como lo hicieron también en las elecciones regionales y municipales de octubre del año pasado.
2. Que cumpla sus promesas de campaña y sus planes de gobierno. Planteamos el debate, aprobación y promulgación de una Ley de Revocatoria que, cumplido determinado plazo, sancione con el despojo del cargo a quienes incumplan sus ofrecimientos.
3. Que se creen nuevos mecanismos de democracia participativa y se garantice su funcionamiento, para que los ciudadanos en general y dentro de ellos los pueblos indígenas, sean atendidos en sus demandas y propuestas.
4. Que se llame a un referéndum para revisar las leyes y políticas impositivas aplicadas a los productores, pueblos indígenas y comunidades campesinas.
Miguel Palacín Quispe es Coordinador General de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI