Hace trece años, más de un millón de personas firmaron la petición que solicitaba al Parlamento la aprobación de una ley para el uso social de los bienes confiscados a la mafia. A ese llamamiento respondieron todas las fuerzas políticas, que votaron unánimemente a favor de la ley 109/96. Se coronaba así el sueño de […]
Hace trece años, más de un millón de personas firmaron la petición que solicitaba al Parlamento la aprobación de una ley para el uso social de los bienes confiscados a la mafia. A ese llamamiento respondieron todas las fuerzas políticas, que votaron unánimemente a favor de la ley 109/96. Se coronaba así el sueño de los que, a partir de Pio La Torre [sindicalista asesinado por Cosa Nostra en 1982, N.d.T], habían pagado con su vida el compromiso para quitar a los clanes las riqueza acumuladas ilegalmente.
Hoy en día ese compromiso corre peligro: lo pueden traicionar. En una enmienda a los presupuestos generales del Estado introducida en el Senado, se prevé, de hecho, la venta de bienes decomisados que no se asignen en un plazo de tres a seis meses. Es fácil imaginar, gracias a la notoria capacidad de las mafias para disfrazar su presencia, que continuará comprando villas, casas y tierras pertenecientes a su padrinos y que representaban otros tantos símbolos de un poder construido con la violencia, la sangre, los abusos, hasta la intervención del Estado.
La venta de estos productos sólo significará una sola cosa: que el Estado se rinde ante las dificultades de su reutilización social plena y efectiva, como exige la ley. El hecho de que esos bienes vuelven a disposición de los clanes a los que se les habían quitado gracias a la labor de las fuerzas de orden y la magistratura tendrá un efecto perjudicial sobre la credibilidad de las instituciones.
Por estas razones, instamos al Gobierno y al Parlamento a reconsiderar y retirar la enmienda sobre la venta de los bienes confiscados. Pedimos que se fortalezca, en cambio, la acción de los investigadores para identificar la riqueza de los clanes; que se introduzcan normas que faciliten el reempleo social de los bienes y se ponga en práctica la regla que establece la confiscación de bienes a los corruptores; que se destinen los recursos financieros sustraídos a la mafia principalmente a las familias de las víctimas de la mafia y a los colaboradores de justicia y los recursos robados a la mafia. Pero que no se vendan los bienes decomisados que representan el signo de la redención de una Italia civil, honesta y valiente. Porque esos bienes son realmente «cosa nuestra».
http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1780