Fragmento del libro de próxima publicación La frontera salvaje. 200 años de fanatismo anglosajón en América Latina.
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Los documentos clasificados que registran las acciones secretas y los crímenes no tan secretos de cada gobierno suelen ser desclasificados luego de muchos años, cuando la verdad ya no es peligrosa y sólo les importa a los historiadores. En Estados Unidos los investigadores suelen usar la ley FOIA para exigir la desclasificación de algunos documentos que, se entiende, son relevantes para la verdad histórica. Sin embargo, es necesaria una fuerte dosis de ingenuidad para creer que toda la verdad de los servicios secretos de las grandes potencias y que todos los registros de sus acciones algún día saldrán a la luz.
Ejemplos para el pesimismo sobran. Bastaría recordar un par de casos mencionados en este libro, como el proyecto Mk-Ultra de la CIA que, con el objetivo de controlar la mente humana de forma más inmediata, se experimentó con potentes drogas sin autorización de las víctimas. Cuando esta operación fue descubierta en los años 70, el presidente Nixon y el director de la CIA, Richard Helms, acordaron destruir todos los archivos que mencionaban al diabólico proyecto. Lo que sabemos del proyecto Mk-Ultra se debe a la milagrosa supervivencia de algunos documentos que desencadenaron un breve escándalo y un largo olvido.
También, entre una lista de cientos de casos, se podría mencionar las manipulaciones financieras del gobierno de Ronald Reagan para financiar a los Contra en Nicaragua con dinero procedente de la venta ilegal de armas al enemigo Irán y contra el propio bloqueo del Congreso en Washington. Por entonces, la secretaria del coronel Oliver North, antes de testificar ante el Congreso, dedicó horas y días a picar documentos secretos que nunca leyó. Hoy existen escáneres avanzados para reconstruir documentos picados en mil pedazos, por lo cual se prefiere quemar aquellos que dicen demasiado. Así, cada día son eliminados documentos secretos que podrían echar mucha luz sobre la verdad de las operaciones de las potencias mundiales, sobre todo de la potencia hegemónica de turno. Las bolsas de papel reciclado donde se depositan estos papelitos comprometedores (similares a las que usa la cadena de supermercado Publix o las licorerías, para que sus clientes oculten el comprometedor licor), se llaman “Burn Bags” (Bolsas para quemar) y se identifican con líneas rojas y blancas que solo los entendidos reconocen. Cada tanto se ven estas bolsitas en alguna fotografía que se escapa a la prensa, pero sin ser advertidas por el público. Gracias a esta práctica de casi perfecto hermetismo, los historiadores deben luchar cada día con el ruido de las teorías conspirativas que probablemente las mismas agencias secretas hacen circular (distracciones semejantes a la práctica de Eyewash reconocida por la misma CIA en 2016 contra sus propios empleados) y con las conspiraciones reales.
Las prácticas de Washington a través de sus agencias secretas como la CIA (asesinatos selectivos, manipulación de la opinión pública, inversión en la prensa, desestabilización de países y promoción de golpes de Estado) no se han detenido luego de las investigaciones de estos mismos crímenes en los años 70 por parte del Senado de Estados Unidos. Solo se han vuelto más cuidadosas y más secretas. Bastaría con considerar que el presupuesto anual de todas las agencias secretas financiadas por Washington suman aproximadamente 75 mil millones, lo cual equivale al PIB de decenas de países como Uruguay, Venezuela o Guatemala y cientos de veces más de lo que invirtieron en los últimos setenta años las mismas agencias que derrocaron gobiernos independentistas e instalaron decenas de dictaduras militares sólo en América latina.
Aunque todas estas agencias son organismos públicos, sus presupuestos son secretos hasta para los congresistas de Estados Unidos, con la probable excepción de los senadores que integran la Comisión Selecta del Senado sobre Inteligencia, presidida por el senador de Florida Marco Rubio. Este comité, creado por el senador Frank Church en 1976 para controlar el abuso de la CIA y otras agencias secretas, poco después fue colonizado por los conservadores que más que controlar protegían esas mismas prácticas secretas. No por mera casualidad, en 2013 el senador Marco Rubio votó en contra de la desclasificación de documentos sobre las torturas de detenidos sin juicio en Guantánamo, la abrumadora mayoría inocentes sin derecho a compensaciones, según las mismas autoridades de Washington. En 2015, los senadores Marco Rubio y Ted Cruz (ambos hijos de cubanos inmigrados durante la dictadura de Fulgencio Batista, quienes luego pasaron como víctimas de la Revolución de 1959) apoyaron la práctica de la tortura en territorio cubano como método legítimo “para saber la verdad”. Sí, en Cuba se tortura y se violan los derechos humanos y la cárcel está en Guantánamo.
Las estimaciones realizadas por especialistas externos se basan en datos parciales, como la filtración de datos de la misma NSA ocurrida en 1996. Lo que sí es público es el presupuesto nacional dedicado a “defensa” aprobado cada año. En 2019 alcanzó la cifra récord de 1,25 billones de dólares (1.25 trillones, en inglés, equivalente al PIB de México o Australia) de los cuales el Pentágono se lleva la mitad. El resto es cambio invertido a discreción por un ejército inestimable de agentes secretos, funcionarios públicos, propagandistas y subcontratistas privados—aparte de un ejército más numeroso de colaboradores honorarios que cada día trabajan con fanático fervor sin recibir un solo dólar.
Como en el pasado, la avalancha de dólares es canalizada a través de diferentes fundaciones fachada, algunas culturales, otras con un declarado objetivo humanitario como la NED o la USAID, la cual, en su desesperada decisión de lavar su imagen luego de participar en golpes de Estado como en Venezuela, trabaja con organizaciones sociales con históricas y legítimas reivindicaciones, como pueden ser las organizaciones indígenas, muchas veces organizando protestas contra presidentes desobedientes, como en Bolivia o en Ecuador, hasta que los presidentes desobediente son removidos y los “pobres indios” son abandonados para que se hagan cargo de sus vidas, como debe ser. En los últimos años, el presupuesto anual de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para América Latina ha ascendido a casi mil millones de dólares con otros dos mil millones canalizados y usados de forma secreta y a discreción por la CIA, seguramente no para apoyar a los artesanos de Cuzco.
A finales de 1980 la CIA le había encargado al artista Jim Sanborn una escultura emblemática para sus oficinas centrales de Langley, Virginia, a una pedrada de la Casa Blanca. Luego de años de estudio y consultas con el ex jefe de criptografía de la CIA Edward Scheidt, la obra fue inaugurada el 3 de noviembre de 1990. La escultura, una muralla ondulante de cobre, se tituló Kryptos, porque está grabada con casi dos mil letras en un orden casi imposible de descifrar. Con un nombre que suena a tumba egipcia o isla griega, es vista por cientos de expertos en códigos que cada día entran al edificio. Aunque la apuesta era que en poco tiempo el mensaje oculto sería decodificado en poco tiempo, no ocurrió así. Incluso se creó una comisión que en su tiempo libre tuvo como tarea aclarar un acertijo que parece inventado por el Joker.
Luego de años, se pudo descifrar el primer mensaje de los cuatro que forman el enigma:
“Entre la penumbra y la oscuridad, yace la ilusión”
Una línea digna de un poema de Jorge Luis Borges, pero con un significado del todo trágico. No sólo el mensaje literario revela una profunda verdad de la manipulación de los pueblos, sino que la expresión plástica del conjunto recuerda (por lo menos a quien entreteje estos signos más modestos) los memoriales de las víctimas de los desaparecidos bajo las múltiples excusas de la inteligencia del poder y de la ignorancia de sus servidores.