Más de 5,877 firmas fueron presentadas por la Candidatura Independiente por la Dignidad de San Pedro Sula, liderada por el abogado Víctor Fernández, miembro del bufete Justicia para los Pueblos, que representa judicialmente el caso del asesinato de la lideresa indígena Berta Cáceres. A pesar de haber superado con holgura el mínimo legal requerido (4,807), el Registro Nacional de las Personas (RNP) argumentó inconsistencias en una muestra de 112 firmas, lo que a juicio de las candidaturas independientes constituye un intento deliberado de obstaculizar la participación ciudadana en los próximos comicios.
Esta candidatura forma parte del Movimiento Popular y Social Hondureño, articulado en el Bloque Popular Nacional, un espacio en el que confluyen más de veinte organizaciones indígenas, campesinas, sociourbanas y estudiantiles —entre ellas el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)—, que fueron claves en el ascenso de Xiomara Castro a la presidencia en 2021. En aquel proceso, Castro ganó con entre 53 % y 55 % de los votos, en una elección con 68 % de participación ciudadana, marcando el fin de la hegemonía liberal-nacionalista. Sin embargo, tras más de tres años de gestión, estas organizaciones señalan que el gobierno ha incumplido los compromisos adquiridos con los sectores populares y que, lejos de facilitar la apertura democrática, está bloqueando las candidaturas independientes que han surgido como alternativa desde los territorios.
Las firmas recolectadas no fueron resultado de una campaña digital ni de estructuras partidarias, sino de un esfuerzo territorial sostenido. En municipios como Tela, por ejemplo, personas como la candidata independiente Albertina López recorrieron casa por casa, dialogando con vecinos, recolectando firmas y registrando cada encuentro en redes sociales, lo que evidencia el trabajo comunitario y presencial que acompañó el proceso. “No hubo operadores ni recursos millonarios; hubo presencia en el territorio, voluntad popular y compromiso ético”, expresaron desde el Bloque Popular Nacional.
Las candidaturas independientes cuestionan que el informe del RNP —limitado a dos páginas sin metodología ni justificación técnica— declarara inválidas 71 de las 112 firmas verificadas. No se detalla qué nombres habrían fallado, ni se permite la verificación ciudadana, lo que consideran un procedimiento opaco y sesgado. Además, advierten que el mismo patrón de rechazo se ha aplicado a las 27 candidaturas independientes presentadas en todo el país, lo cual —afirman— no puede explicarse como una simple coincidencia técnica.
Ante esta situación, las organizaciones convocaron a una vigilia y plantón frente al Consejo Nacional Electoral (CNE) este lunes 30 de junio en Tegucigalpa, y emitieron tres exigencias concretas:
- Que el RNP publique los nombres de las personas supuestamente no coincidentes.
- Que el CNE actúe con independencia, sin asumir de manera mecánica un informe que no es vinculante.
- Que se validen públicamente las firmas, ya que cada una representa una decisión ciudadana legítima.
Los movimientos también remarcan que, a pesar de haber asumido el poder con el bastón simbólico entregado por la hija de Berta Cáceres, el gobierno de Xiomara Castro no ha detenido los desalojos de comunidades campesinas, ni el avance de proyectos extractivos como la minería, la expansión de palma africana o los megaproyectos turísticos, muchas veces en territorios sin consulta previa. Según reportes de organizaciones como Global Witness y la Red Nacional de Defensoras, Honduras continúa siendo uno de los países más peligrosos para defensores ambientales, con al menos 17 asesinatos en 2022 y 18 en 2023.
También se ha documentado la persistencia del narcotráfico en zonas rurales, donde el control territorial de bandas vinculadas al crimen organizado se superpone con intereses empresariales, lo cual ha generado nuevos desplazamientos forzados y amenazas contra comunidades organizadas.
En ese contexto, Víctor Fernández denunció en sus redes sociales que: “Golpe de corrupción, seguimos denunciando y reclamando justicia frente al golpe de Estado y sus fatales consecuencias para la vida de mucha gente y de este país. El golpe es el más flagrante acto de corrupción y violencia de toda la institucionalidad. Otro país y otro mundo son posibles: sin golpistas, sin corruptos.”
Finalmente, las candidaturas independientes hicieron un llamado urgente a los pueblos del Abya Yala, a los movimientos sociales y a los medios de comunicación a visibilizar esta denuncia. Consideran que la democracia hondureña está en riesgo cuando las instituciones bloquean las alternativas populares y reproducen prácticas excluyentes disfrazadas de procedimiento técnico.
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