En los últimos 10 años se multiplicaron los debates encaminados a la creación de una nueva arquitectura económica en la región. Ante la situación argentina frente a los fondos buitre, y los problemas de otros países como Ecuador, se reinstala con fuerza la posibilidad de avanzar en esos proyectos que quedaron truncos. El debate extendido […]
En los últimos 10 años se multiplicaron los debates encaminados a la creación de una nueva arquitectura económica en la región. Ante la situación argentina frente a los fondos buitre, y los problemas de otros países como Ecuador, se reinstala con fuerza la posibilidad de avanzar en esos proyectos que quedaron truncos.
El debate extendido a toda América latina acerca de la situación argentina frente a los fondos buitre puso gobiernos, partidos políticos e instituciones de integración ante la necesidad de repensar el sistema financiero latinoamericano. Una tarea comenzada en realidad hace muchos años, y que cuenta en su historia con hitos muy importantes. Desde aquel grito bajo la lluvia de Mar del Plata en 2005, cuando el presidente Chávez aseguró la muerte del ALCA, pasando por los primeros pasos para la fundación del Banco del Sur en Buenos Aires en 2007, y siguiendo con las posibilidades que abren hoy los BRICS para la institución concreta de un multipolarismo financiero, la última década ha visto multiplicar los intentos de construcción de alternativas políticas y económicas al orden mundial vigente. Sin embargo, muchas de ellas quedaron truncas, los fantasmas del libre comercio volvieron a aletear por Sudamérica y varios países, como la Argentina, se encuentran hoy lidiando con las deficiencias en la implementación de aquella estrategia. Uno de ellos, Ecuador, puede ser considerado la cuna de la nueva arquitectura económica latinoamericana, y no obstante eso debió recurrir a un nuevo Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea para sostener su economía.
El gobierno del presidente Rafael Correa, en sus siete años de gestión, ha logrado cambiar buena parte de la política y la economía ecuatorianas. La Constitución de Montecristi, del año 2008, proyectó al país, junto con Bolivia y Venezuela, hacia aquel grupo de naciones latinoamericanas que sentaron las bases para la construcción de nuevas sociedades políticas, donde conceptos como poder popular o buen vivir pasaron a tener relevancia constitucional. En lo económico, la renegociación de los contratos petroleros, la nueva arquitectura impositiva y el aumento exponencial de los gastos sociales permitieron redistribuir la renta y mejorar sensiblemente las condiciones de vida de la ciudadanía. Pero fue quizás la auditoría de la deuda externa la que dio al país la posibilidad de ubicarse entre los de mayor crecimiento de América latina en los últimos años. A través de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, entre 2007 y 2008 Ecuador se convirtió en el primer país en el mundo en redimensionar su deuda, declarando cuál parte de la misma podía considerarse legítima y cuál no. Así es como la proporción de la deuda pública con respecto al PBI se redujo del 33% en el 2006, al 21% en el 2011. Algo que en Argentina aún hoy se reclama, teniendo en cuenta que en el año 2000, el juez Jorge Ballesteros declaró a la deuda externa argentina como «ilegal, inmoral, ilegítima y fraudulenta», e instó los poderes del Estado a realizar una auditoría, que de haberse realizado probablemente habría cambiado sustancialmente la situación actual.
De aquel think tank ecuatoriano encabezado por el presidente Correa, surgieron con mayor fuerza las ideas para la construcción de una estructura económica regional que pudiera fomentar el desarrollo en unidad de los países sudamericanos. Ya para el año 2009, el proyecto estaba claro. Se trataba de poner en el centro de las relaciones económicas al hombre, su relación con la naturaleza, entre pueblos y sistemas productivos, y a partir de ahí construir una alternativa de largo alcance que permitiera inclusive sostener los embates de las instituciones de la economía especulativa tradicional. Para ello era necesario un banco de desarrollo de nuevo tipo, cuyas características ya se encontraban acordadas en los primeros documentos fundacionales del Banco del Sur, cuyo fin sería poner al capital al servicio de las necesidades de los pueblos, como el fomento a la producción familiar, el fortalecimiento de las economías populares y campesinas. Un sistema monetario común, que permitiese desbaratar el monopolio del dólar como moneda de intercambio y unificar a las naciones bajo nuevos patrones de valor comercial. El intento más acabado de llevar a cabo este punto es el Sistema Unificado de Compensación Regional (Sucre), que sin embargo sólo es utilizado en los intercambios comerciales de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP). Brasil y Argentina, por su lado, crearon en 2008 el Sistema Múltiple de Pago, que permite transferir las compensaciones por el comercio bilateral en moneda local, pero éste se encuentra hoy prácticamente sin uso. El proyecto también planteaba la creación de un banco central alternativo que permitiera dar estabilidad a las diferentes economías nacionales y promoviera un nuevo código de prácticas bancarias, además de nuevas instituciones que permitieran plantear un freno a las prácticas especulativas e instituir un sistema de control común sobre los grandes capitales.
Esta idea, que obtuvo fuertes oposiciones por parte del conservadurismo local y las grandes potencias a nivel global, incluía una serie de conceptos totalmente nuevos para los economistas tradicionales. Por ejemplo, el economista Pedro Páez Pérez, entonces director de la Comisión Técnica Presidencial del Ecuador para la Nueva Arquitectura Financiera, sostenía que sólo con «la movilización y el debate» se hubiesen podido generar las condiciones para semejante cambio. Pero las condiciones internacionales generadas por la crisis financiera global, y la inercia de los gobiernos que debían impulsar las reformas para aplicar estos pasos, hicieron que la nueva arquitectura económica regional quedara trunca. La carta de intenciones del Banco del Sur preveía su puesta en función en tres meses a partir de diciembre de 2007, y sin embargo sólo Bolivia anunció, y recién en enero de este año, que ya tiene a disposición el aporte de capital de ese país para su puesta en marcha. Tampoco alcanzó que la Unasur asumiera el concepto en 2010, con la creación del Comité de Economía y Finanzas. Pero el consenso generado se ha quedado en lo declarativo, y, en lo pragmático, las políticas internas de muchos de los países latinoamericanos han debido apoyarse en las viejas recetas neoliberales, o enfrentar verdaderas guerras económicas como la que sufre hoy la República Bolivariana de Venezuela. Ecuador firmó un TLC con la Unión Europea -sumandose, en realidad, al que ya existía con Colombia y Perú pero con condiciones ligeramente diferentes-. Argentina enfrenta hoy a los fondos buitre y la prepotencia del capital especulativo y se encuentra en la paradigmática situación de tener que esperar cierta ayuda de las instituciones financieras hegemónicas a nivel internacional. Y el Mercosur en su conjunto prepara en silencio -o en secreto- otro TLC con la UE.
Las problemáticas que derivan entonces de la relación de la región con el sistema financiero internacional, basadas en la cesión de soberanía jurídica (la Argentina aceptó nuevamente esta cláusula en el acuerdo Chevron-YPF y los recientes tratados firmados con China, Ecuador de igual manera con la UE y, antes, con Chevron), son el reflejo de una histórica inserción subordinada de América latina al sistema económico global, que hoy es en su esencia de tipo especulativo.
Sin embargo, en las últimas semanas pareció registrarse algún escozor. Al explotar el caso de los fondos buitre en Argentina, Rafael Correa sostuvo públicamente que el gobierno de Buenos Aires «no debería pagar», reflotando aquella batería de propuestas que podrían dar la posibilidad de que así sea. La intención de los BRICS, explicitada en la cumbre de Fortaleza de impulsar institutos de crédito y fondos de desarrollo independientes de las estructuras tradicionales, y el nuevo impulso que gobiernos como el de Maduro en Venezuela están dando a la puesta en marcha del Banco del Sur, generan la esperanza de nuevas posibilidades para aquellas ideas por tanto tiempo abandonadas. Queda claro, como lo demuestra el gobierno bolivariano, que esta nueva oportunidad histórica deberá ser acompañada por el debate y la movilización, con el protagonismo de los movimientos sociales y los pueblos de América latina. Y que el proceso deberá acelerarse cuanto antes, para que la posibilidad no se vuelva a escapar.
Fuente: http://sur.infonews.com/notas/