El 1º de mayo, el diario limeño La Primera reveló la existencia del «Plan Sábana», una vasta operación que apunta a demoler la postulación de Ollanta Humala, candidato presidencial por la coalición Gana Perú. Ese diario tuvo acceso al plan, «que es fruto de una conspiración de políticos, empresarios, medios de comunicación y sectores militares […]
El 1º de mayo, el diario limeño La Primera reveló la existencia del «Plan Sábana», una vasta operación que apunta a demoler la postulación de Ollanta Humala, candidato presidencial por la coalición Gana Perú. Ese diario tuvo acceso al plan, «que es fruto de una conspiración de políticos, empresarios, medios de comunicación y sectores militares y gubernamentales que favorecen la victoria de la candidata Keiko Fujimori y la consiguiente restauración de la dictadura fuji-montesinista de la década de los 90».
El objetivo es impedir que Ollanta Humala gane la segunda vuelta electoral el 5 de junio. Entre las acciones de una primera etapa, según La Primera , se incluiría reclutar y utilizar medios de comunicación escritos, televisivos y radiales y acopio de información abierta y cerrada y otros elementos sobre la vida y actividades de Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, y su entorno.
El plan ha surgido por el pánico provocado entre sectores de derecha por los resultados de la primera vuelta, realizada el 10 de abril en que Humala ganó con 31.7% de los votos. Keiko Fujimori, la hija del encarcelado ex presidente Alberto Fujimori, quedó en segundo lugar con 23.5%, desplazando a candidatos abiertamente neoliberales como el ex ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczinsky, el ex presidente Alejandro Toledo y el ex alcalde de Lima, Luis Castañeda.
No obstante la denuncia periodística, el plan continúa paso a paso. Es más, tras las revelaciones, el director del diario, César Lévano, y el presidente del directorio, Arturo Belaúnde, recibieron arreglos florales mortuorios, al mejor estilo de las épocas más siniestras de Vladimiro Montesinos, el asesor de inteligencia de Fujimori.
Los medios escritos, radiales y televisivos han continuado con fuerza su campaña de demolición de la candidatura de Humala, acusándolo de estatista, de tener vínculos con Hugo Chávez y de que, de gobernar, no continuará con el crecimiento sostenido que el país viene experimentando desde hace diez años, provocando en sectores medio-bajos el temor de perder lo poco que han ganado en los últimos años.
Así lo mostrarían recientes encuestas, en las que Fujimori resulta liderando la intención de voto. Según un sondeo de la empresa Datum, publicado el 20 de mayo, Fujimori tiene 45% de las preferencias frente a 42% de Humala. Sin embargo, una encuesta previa de Datum, del 16 de mayo, daba 46% a Fujimori y 40% a Humala, lo cual significaría, según los analistas, que Humala podría estar revirtiendo la tendencia, a dos semanas de los comicios.
Apretando la tuerca
Tras el supuesto éxito de la primera etapa del Plan Sábana, se inició una segunda etapa para continuar desprestigiando a Humala. De acuerdo con el diario La Primera , las instrucciones para esta nueva etapa son «continuar el Plan Sábana Fase II en el subplan ‘Conexión Venezolana’, toda vez que el objetivo de la operación -Ollanta Humala y su organización-, están siendo golpeados. La campaña de desprestigio ha permitido paralizar el crecimiento en la intención de voto de Ollanta Humala y con la cooperación de las encuestadoras se podría utilizar el margen de error para dar la sensación de declive y derrota del candidato». La meta es «continuar con la guerra mediática hasta doblegar la moral del objetivo (Ollanta Humala) y sus votantes. Este esfuerzo impone una producción constante y continua de todos los medios necesarios para mantener una presión actualizada en lo político, económico y sicosocial».
Al parecer, la dirección política del Plan Sábana -que incluye a Jaime Yoshiyama, estrecho colaborador de Alberto Fujimori y candidato a la segunda vicepresidencia por Fuerza 2011- habría recibido recomendaciones de la «base Chile», instancia que colabora con la campaña de Fujimori, de levantar el tema de género, utilizando la victimización para que las mujeres se identifiquen con la candidata. Igualmente ha recomendado cumplir con los requisitos para la «difusión de la inteligencia», es decir, buscar la oportunidad y dosificar los contenidos mediáticos y reforzar las medidas de contrainteligencia para sellar la fuga de información y eliminar la penetración de intrusos.
En el cumplimiento meticuloso del Plan Sábana, el diario conservador El Comercio dio a conocer el 16 de mayo una grabación obtenida ilegalmente en 2006 en la que se escucha a una ex funcionaria de la embajada de Venezuela en Perú hablar con su madre y su esposo. Aunque en la conversación no hay ninguna prueba y más bien la funcionaria lo niega y dice que es un infundio, El Comercio publicó en primera plana que Humala había recibido ese año 4 millones de dólares del presidente venezolano Hugo Chávez para su campaña. Dicha grabación formaría parte de los audios que fueron decomisados en 2009 a la empresa Business Track (BTR) -de propiedad de ex oficiales de la Marina y dedicada a espiar ilegalmente por encargo- en un sonado caso de corrupción, en que estaban involucrados altos funcionarios del gobierno del presidente Alan García en el otorgamiento de concesiones petroleras.
Mientras la prensa se dedica a espulgar a Humala, Keiko Fujimori se la lleva fácil.
Ante las críticas al programa de gobierno de Gana Perú de que es estatista, que tomará el dinero de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para financiar su Plan Pensión 65 -que otorgará una jubilación mínima a todas las personas de más de 65 años que no hayan podido aportar a algún fondo de pensión estatal o privado-, que ahuyentará las inversiones, entre muchas otras, Humala presentó a mediados de mayo el documento titulado «Lineamientos centrales de política económica y social para un gobierno de concertación nacional», una hoja de ruta en la que se compromete a reforzar el crecimiento económico y social del país.
Los planes
En la presentación del documento, Humala remarcó que esta hoja de ruta no implica abandonar las ideas primigenias del programa de gobierno original: crecimiento económico con inclusión social. Descartó la creación de nuevos impuestos y explicó que para financiar las políticas sociales se aumentarán los índices de recaudación tributaria. «La evasión del Impuesto General a las Ventas y del Impuesto a la Renta, actualmente de 37% y 49%, respectivamente, se reducirá por lo menos a la mitad», dijo.
El analista Augusto Alvarez Rodrich, en su columna del diario La República , considera que este nuevo documento es, a diferencia del plan de gobierno original de 198 páginas presentado en diciembre al Jurado Nacional de Elecciones, «un texto breve de sólo cinco páginas en el que se consignan, de un modo sintético, las iniciativas de Gana Perú para la segunda vuelta (…) Es -también a diferencia del plan de diciembre- un buen documento que marca un alejamiento con respecto al plan previo y que está más sintonizado con el ‘Compromiso con los peruanos’, publicado antes de la primera vuelta. Le faltan, sin embargo, los números básicos que permitan conocer los costos de las principales propuestas y la manera de financiarlas», señaló Alvarez Rodrich.
En cambio, el plan de gobierno de Fuerza 2011 y su candidata, que casi nadie ha analizado con detenimiento, es sólo una lista de intenciones con enormes vacíos en temas como corrupción y derechos humanos.
En reunión de trabajo con la prensa extranjera, Keiko Fujimori sólo dijo sobre el tema de corrupción que «fortalecerá las procuradurías anticorrupción» y sobre el tema de derechos humanos, que será «respetuosa de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos» que se han opuesto abiertamente a su candidatura.
El sociólogo Julio Cotler dijo en una entrevista televisiva que la gran diferencia entre los planes de ambos candidatos es que Humala ha planteado la ejecución de políticas universales de educación, salud, empleo y jubilación, mientras que Fujimori sólo ha propuesto políticas asistenciales. «¿Cuál es la agenda que tiene? ¿Mi Primera Chamba? -empleos dirigidos a jóvenes-, ¿asistencialismo?», preguntó. «Igualito a la época de Montesinos, vamos a tener las características de un gobierno mercantilista con todo los clientelismos del caso, con lo que ya se sabe cuál es la sociedad que se originará», dijo, poniéndose en el caso que la candidata llegase a la Presidencia.
Otros analistas como Sinesio López, en declaraciones al diario La Primera , señalan que ante la ausencia de un plan de gobierno serio y viable para gobernar el país, Keiko Fujimori ha empezado a «piratear» propuestas incluidas en el plan de Gana Perú, como el impuesto a las sobreganancias mineras, elevación del sueldo mínimo a 700 soles (250 dólares) y el Bono Gratitud, que pretende imitar a Pensión 65. «Al plan (de Fuerza 2011) le faltaban una serie de temas importantes que fue incorporando a través de la copia descarada del programa de gobierno de Gana Perú. No ha habido allí un trabajo técnico y es por eso que ahí no aparecen los temas de la corrupción y derechos humanos», precisó. «Estas promesas de gobierno, propias de una administración de centroizquierda, son cínicas, ya que el modelo impuesto por su padre, y que ella misma defiende ahora y ha defendido siempre al decir que se trata del mejor gobierno de la historia de la República, aniquiló todos los derechos laborales y sociales, además de abrogar las libertades de prensa y opinión. Entonces, ¿con qué cara y moral puede decir ahora que está dispuesta a asumir estas acciones?».
¿Fujimori continuación de Fujimori?
Justamente esa política asistencialista se ha puesto en evidencia con denuncias sobre compra de votos en los sectores más pobres del país a cambio de víveres, a lo que se suma el manejo de la campaña electoral desde la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional, donde Alberto Fujimori se encuentra recluido cumpliendo su condena de 25 años de cárcel.
Además, en el entorno de Keiko Fujimori sólo hay figuras vinculadas al gobierno de su padre, algunas de ellas con graves acusaciones de corrupción como el ex ministro de Economía Jorge Baca Campodónico, mientras que Humala cuenta con el respaldo de reconocidas personalidades democráticas y con impecable trayectoria profesional. Incluso el Premio Nobel Mario Vargas Llosa ha llamado a votar por Humala, afirmando que votar por Fujimori «sería la más grave equivocación que podría cometer el pueblo peruano (…) Equivaldría a legitimar la peor dictadura que hemos padecido a lo largo de nuestra historia», dijo Vargas Llosa, a la vez que calificó a Alberto Fujimori de «asesino y ladrón».
Cotler también se pronunció en iguales términos sobre Fujimori: «Para mí, ella representa lo más repulsivo que tiene Perú, porque trata de reivindicar el pasado, pasado que es engaño, robo y crimen; es decir, lo peor que puede tener el Perú», dijo. «Yo creo que abrimos una puerta para un escenario muy oscuro en caso de que la candidatura de ella lograra ganar».
En todo caso, el vocero de Keiko Fujimori, Jorge Trelles, confirmó lo que muchos han denunciado y que el fujimorismo había negado: que en el gobierno de Alberto Fujimori se mató gente.
Ante el anuncio de que en el debate entre los candidatos presidenciales, no se incluirían los temas de corrupción y derechos humanos, Trelles dijo: «Nosotros matamos menos que los dos gobiernos que nos antecedieron».
De inmediato la candidata separó a Trelles como vocero (ya son varios los expulsados de ese cargo por sus nefastas declaraciones), pero no lo ha alejado de su entorno.
En un intento por justificar las palabras de Trelles, Keiko Fujimori dijo ante la prensa extranjera que rechazaba las declaraciones de su ex vocero, quien había intentado hacer «un análisis de las cifras que se publicaron en el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación». Admitió que se habían producido desapariciones durante el gobierno de su padre, pero que no eran responsabilidad directa de él, como tampoco lo fueron del fallecido ex presidente Fernando Belaúnde (1980-85) ni de Alan García en su primer gobierno (1985-90).
Ante la pregunta de Punto Final sobre su política de derechos humanos, sólo señaló que lo que busca su gobierno es «dar un vida digna a las personas». Keiko Fujimori tampoco se pronunció sobre el «Compromiso en defensa de la democracia y contra la dictadura» suscrito por Humala, jurando no impulsar la reelección (prohibida por la Constitución), respetar la independencia de los poderes del Estado y la libertad de prensa y de expresión, cumplir con la distribución más justa de los recursos económicos, respetar los derechos humanos, luchar contra la corrupción, garantizar las inversiones extranjeras, ceñirse a los principios de no discriminación e igualdad para todos, entre otros.
(Publicado en «Punto Final» edición Nº 734, 27 de mayo, 2011)
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