El proyecto de Tratado para una Constitución Europea, adoptado por la convención Europea (13 de junio y 10 de julio de 2003) «en nombre de los ciudadanos y Estados de Europa», cuenta con el total desconocimiento de los ciudadanos, al menos en España. No se discute, nadie se informa, no interesa a quien apenas conoce […]
El proyecto de Tratado para una Constitución Europea, adoptado por la convención Europea (13 de junio y 10 de julio de 2003) «en nombre de los ciudadanos y Estados de Europa», cuenta con el total desconocimiento de los ciudadanos, al menos en España. No se discute, nadie se informa, no interesa a quien apenas conoce su propia Constitución., Estos textos legales cerrados, donde se vota el todo o el nada, son incómodos y antidemocráticos. Porque frente a artículos en los que se está de acuerdo, hay otros en los que la discrepancia es enorme. En el referéndum para la Constitución Española, yo voté en contra porque el Título preliminar define España como una monarquía. Pues bien, en el título 1º, después de hablar de la dignidad humana, la libertad, la democracia, etc., se define la Unión como una economía social de mercado altamente competitiva, y más adelante se convierte a la Unión en garante de la unidad interna de cada estado.
El proyecto define el marco de actuación exclusiva de la Unión: la política monetaria, la política comercial, la unión aduanera, los recursos pesqueros. Todo económico. Y los ámbitos compartidos por la Unión y los Estados son: el mercado interior, la agricultura y la pesca, el transporte, la energía, la seguridad y la justicia y finalmente la política social, el medio ambiente, la salud publica y la protección de los consumidores (no de los ciudadanos). Al Estado apenas le queda orden público como atribución. Y no es que me queje. Pero a la cesión de soberanía se añade el alejamiento de los órganos de decisión de los ciudadanos, el trágala de la OTAN, la independencia del Banco Central (Como los actuales bancos centrales), el marco de seguridad de Schengen y Maastrich, la política exterior condicionada. Demasiadas cosas.
Uno tiene la sensación de estar ante un acto de travestismo, donde la Europa económica se reviste de una pátina de Europa social.
Con el viento de conservadurismo que recorre Europa es lógico que el proyecto de Tratado (presidido por Giscart d’Estaing y que cuenta, con Ana Palacio en su Praesidium !) no sea un modelo de constitución progresista y democrática. Aparte de las consabidas buenas palabras, el grueso del Tratado son medidas económicas, políticas y de seguridad. y en ninguna parte se especifica como consiguen los ciudadanos sus supuestos beneficios de salud, trabajo, vivienda, derechos, etc. La democracia no sólo es un marco de actuación política, sino que es un terreno donde se plasman los derechos ciudadanos. Pero el marco institucional es la «democracia representativa» de los ciudadanos en el Parlamento Europeo. Así que el voto cada cuatro años y poco más.
Toda la política de seguridad queda sometida a las «obligaciones derivadas del tratado del Atlántico Norte (art. 40 puntos 2 y 7). Se produce una nebulosa cuando se habla de solidaridad «en el caso de un ataque terrorista… incluidos los medios militares». ¿Quien define el terrorismo?. En el art. 172 se incluye el terrorismo entre los delitos como trata de seres humanos, explotación sexual de mujeres y niños, tráfico de drogas y armas, blanqueo de dinero, corrupción, falsificación de medios de pago, delincuencia informática y delincuencia organizada. Si en España, que no usamos las medidas militares para enfrentarnos a ETA, alguien quiere aplicar esta «cláusula de solidaridad», como en la guerra contra Irak, ¿se le permitirá? (art. 231). Sin embargo se salvaguarda la divulgación de información contraria a los intereses estatales y se protegen los datos sobre producción y comercio de armas.
La política social nombra el empleo como la prioridad número uno, pero se prevee un fondo social europeo para «facilitar la adaptación de los trabajadores a las transformaciones y cambios de los sistemas de producción», es decir, el trabajador se adapta al mercado, porque el mercado es más importante que el trabajador. El medio ambiente parte del principio de que quien contamina, paga. Pero sabemos de empresas que ya preveen dichas multas y las cargan en sus precios, así que es el ciudadano contaminado quien paga. «Toda persona tiene derecho a acceder a un servicio gratuito de colocación» (art. 29). Pues que vengan y se lo digan a la ETT de mi barrio, que aún no se ha enterado. El trabajo en la UE queda sometido a leyes que quieren eliminar «aquellos procedimientos cuyo mantenimiento suponga un obstáculo para la liberalización de los movimientos de los trabajadores». Cuanta palabrería para evitar hablar del mercado de trabajo y de los trabajadores como piezas de ese engranaje. La liberalización de los capitales les hace actuar igual con la liberalización del mercado laboral. Pero si el mercado necesita el movimiento de capitales, el trabajador necesita un puesto fijo.
Para quien sueña con una España federal, la federalización de Europa a través de la Europa de los pueblos era la mejor solución. El Comité de las Regiones, triste remedo, no cubre tales aspiraciones. Acercar la toma de decisiones al pueblo, garantizar los derechos sociales, pero no enumerándolos, sino explicando como se hacen efectivos todos esos derechos inaplicables en una economía de mercado. Y Así como se explica hasta el último pelo del Banco Central, no se explica igualmente la función del ciudadano. Parece, y de hecho lo es, una Constitución para los grandes grupos de poder económicos, políticos y sociales. Este tratado nos enfrentará, antes o después, a un referéndum. En el proceso habrá quien tache de antieuropeista a quien proclame su voto negativo o al que lo pida. Nada más errado. Deberíamos iniciar el camino para conseguir una izquierda europea federada que oponga una serie de propuestas progresistas en esta Constitución de capitalistas. Y digo «en» y no «a», porque también hay sus buenos artículos, aunque no podamos votarlos punto por punto. Y porque el realismo político nos dice que esta Constitución será aprobada y que estaremos sometidos a ella. Gran parte de nuestra futura lucha también se hará en territorio europeo. Empezando por el Foro Social Europeo.
*Ponència de les Jornades Els dijous d’Europa celebrada el 26 de febrer del 2004.
Felipe L. Aranguren es polítólogo, sociólogo y poeta
Extraído del libro «Els dijous d’Europa. Edición Debarris 2004