La vestimenta favorita del medio millar de participantes en la primera Cumbre Gitana europea, que se realizó esta semana en Bruselas, fue una remera blanca que tenía impresa una huella digital.
La imagen, acompañada por la leyenda «No al perfil étnico» –la política de basar investigaciones policiales sobre determinar la raza de los sospechosos–, llamaba la atención sobre el censo dispuesto por el gobierno italiano en barrios marginales en los que frecuentemente está condenada a vivir la comunidad roma, la más populosa minoría étnica de Europa.
La decisión de las autoridades italianas de tomar las huellas digitales de los gitanos que viven en ese país se produjo tras una serie de delitos por los que se responsabiliza a miembros de esa comunidad.
En uno de esos incidentes, una joven roma de 16 años fue acusada en mayo de tratar de secuestrar a un bebé en un suburbio de Nápoles, lo que desató una ola de violencia. Las precarias viviendas de los gitanos fueron incendiadas, mientras una multitud de observadores festejaba.
En una visita a Bruselas, el 16 de septiembre, la viceministra italiana de Trabajo, Salud y Asistencia Social, María Roccella, dijo que la toma de huellas digitales era una medida necesaria para la «integración efectiva» de los gitanos.
Sus comentarios fueron rechazados de plano por activistas de derechos humanos, quienes argumentan que se trata de una actitud discriminatoria.
Aunque el Parlamento Europeo declaró que esa iniciativa es incompatible con la legislación de derechos humanos vigente en la Unión Europea (UE), mensajes poco claros han sido enviados por la Comisión Europea, rama ejecutiva del bloque regional y anfitriona de la cumbre de esta semana.
A principios de septiembre, la Comisión señaló que estaba satisfecha por el hecho de que la toma de huellas digitales estaba dirigida sólo a quienes no podían ser identificados de otra manera y porque se había excluido la recolección de datos relacionados con la religión o el origen étnico.
Pero el comisario europeo de Justicia, Jacques Barrot, prometió vigilar de cerca a las autoridades italianas. «Les hicimos saber que el censo no podría realizarse sobre una base étnica», afirmó en la cumbre de esta semana, que reunió a políticos, funcionarios y activistas.
«Hemos visto sus propuestas y son aceptables. Pero no toleraré ninguna práctica incompatible con los derechos vigentes en Europa. Esto es una promesa personal», aseguró.
Ivan Ivanov, de la Oficina de Información Europea de la comunidad roma, con sede en Bruselas, cree que Italia está sentando un precedente peligroso. «Si se tolera esta situación, puede ser un enfoque que luego adopten otros países», señaló.
Ivanov se mostró especialmente preocupado sobre la posibilidad de que las medidas anunciadas por el gobierno italiano estimulen prejuicios existentes, e hizo referencia al aumento en la popularidad del primer ministro de Italia, el derechista Silvio Berlusconi, tras el anuncio de estos planes.
La encuestadora Eurobarómetro calculó que la mitad de los ciudadanos europeos entrevistados no quieren tener a un gitano como vecino o que sus hijos asistan a las mismas escuelas que niños de esa comunidad.
Según Ivanov, la hostilidad hacia los entre siete y nueve millones de roma radicados en Europa se alimenta de la ignorancia.
«Quienes viven en contacto con los gitanos, sin serlo, saben muy poco acerca de la cultura roma. Si se quiere combatir la violencia extremista contra las minorías étnicas hay que elevar la toma de conciencia acerca de ellas», agregó.
Un estudio de la Red Europea contra el Racismo reveló que los gitanos afrontan prejuicios en todas las áreas.
En República Checa, el desempleo entre la fuerza de trabajo roma es de 70 por ciento, cuando a nivel nacional es de apenas seis por ciento.
En Hungría, los anuncios en la prensa sobre departamentos en alquiler indican en algunos casos que «negros, árabes y gitanos no deben llamar para pedir información». Los niños roma son víctimas de la segregación en escuelas de Bulgaria, Letonia, Rumania y Eslovaquia.
El financista y filántropo George Soros, quien participó en la cumbre de Bruselas, dijo que el «perfil étnico» en Italia debe ser declarado ilegal por la Corte Europea de Justicia.
La Coalición de Políticas Roma de la UE, que incluye a la organización de derechos humanos Amnistía Internacional y al Instituto Sociedad Abierta, fundado por Soros, hizo un llamado para que se adopte una nueva estrategia para la inclusión de los gitanos.
El derecho de los roma a no ser discriminados está consagrado en una ley adoptada por la UE. Naciones de Europa central y oriental, donde vive una gran proporción de gitanos, fueron advertidas de que deben incorporarla a su legislación local para aspirar a ingresar al bloque regional.
Activistas por los derechos humanos, sin embargo, se han quejado de que la implementación de esa ley ha sido muy despareja y que no existe en las capitales europeas o en los más altos niveles de la UE la voluntad política para atender las necesidades de los gitanos.